Ángel de la Fuente. Foto: EFEVALÈNCIA. "Pese a sus indudables buenas intenciones, el proyecto de ley de evaluación que actualmente se está tramitando en el Congreso es un texto decepcionante, poco ambicioso y confuso, que corre el riesgo de resultar contraproducente. Convendría que Sus Señorías le dieran otra vuelta si realmente aspiran a mejorar las cosas en este ámbito. Convendría también que el Gobierno se tomara un poco más en serio la elaboración de sus proyectos normativos. La mala calidad técnica de algunos de ellos resulta francamente preocupante". Así de duras son las conclusiones de un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre el Proyecto de Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados.
El informe, publicado este lunes y firmado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, analiza el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de mayo y remitido al Congreso para su tramitación por el procedimiento de urgencia.
En el proyecto se anuncia la creación de una serie de estructuras administrativas, "algunas de dudosa utilidad", según Fedea, coordinadas desde la Secretaría de Estado de Función Pública. Entre ellas, destaca una nueva Agencia de Evaluación que será responsable de la coordinación y supervisión del sistema estatal de evaluación de políticas públicas, así como del desarrollo de su metodología y de la selección de sus indicadores de seguimiento y evaluación.
El documento de Fedea considera que "el efecto previsible de la nueva ley será el de añadir una capa adicional de nuevos informes de evaluación a los ya existentes, sobre cuyo limitado valor añadido existe un amplio consenso". Y añade: "Desafortunadamente, no hay casi nada en el proyecto que permita esperar que la nueva generación de informes de evaluación vaya a ser de mejor calidad que los ya existentes".
De la Fuente es más duro a medida que analiza el contenido de la ley. Así, se lamenta porque "tampoco hay rastro alguno en el proyecto de mejoras metodológicas, más bien al contrario", y señala que "el texto incluye secciones sobre el marco conceptual y la práctica de la evaluación de las políticas públicas, los indicadores de seguimiento y evaluación de tales políticas, el equipo evaluador y el proceso de evaluación, pero todas ellas son perfectamente prescindibles por su pasmosa superficialidad y falta de concreción".
Y antes de sus contundentes conclusiones, apunta que "en el texto se atisban elementos de una concepción muy discutible de qué es y cómo
debe hacerse la evaluación de políticas", como es el caso del "énfasis" sobre la participación de los agentes implicados y de los sectores de la ciudadanía afectados. Según el director de Fedea, "a la hora de cuantificar los costes y beneficios de una determinada política pública, puede ser útil consultar a los afectados, pero estos no deberían ser nunca participantes activos en la evaluación, al menos si aspiramos a que ésta mantenga una cierta objetividad".
