Hoy es 14 de agosto
En tiempos convulsos, con una guerra en Europa, con la pandemia activa, con una crisis de liderazgo en el PP y una situación económica que se nos antoja complicada a futuro, en el corto y medio plazo, la justicia ha decidido exonerar a Juan Carlos I de todos sus supuestos delitos fiscales y ocultación de dinero en paraísos fiscales. Felipe VI deberá gestionar el futuro de su padre
La decisión de la justicia. No por esperada la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo deja de ser polémica. Han sido tres años de investigación en el alto tribunal. Ahora se comunica que no habrá querella contra Juan Carlos I o bien por prescripción de delito, o por período de inviolabilidad mientras era Jefe del Estado o por no encontrar indicios suficientes para tomar esa decisión. Es fácil caer en el dicho de que “la justicia no es igual para todos”, pero este carpetazo judicial deja muchas dudas y sobre todo el convencimiento de que la conducta del rey emérito no ha sido ejemplar. Y este matiz importante es la cuestión.
Garantía en la investigación. Han sido tres años de investigación que se cierran tras un estudio pormenorizado. Ocurre que el escrito de la Fiscalía es duro porque revela cómo se entrelazaron supuestas irregularidades que han prescrito o estaban sujetas a la inviolabilidad del monarca mientras ocupaba la Jefatura de Estado. Hablamos de delitos fiscales, cohecho, prevaricación, blanqueo, todos asuntos gravísimos. Recordemos que el monarca hizo dos regularizaciones fiscales, una primera en diciembre de 2020 de unos 700.000 euros y una segunda en febrero de 2021 de unos 4.400.000 euros. En el escrito de la fiscalía, firmado por Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción y la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, se describen los delitos pero se esgrime como atenuante que Juan Carlos abonó aunque con retraso esas cantidades. Recordamos que la justicia suiza también archivo sus investigaciones sobre una supuesta comisión al consorcio de empresas españolas que construyó el AVE a la Meca. Ahora la fiscalía también desestima los hechos, al igual que el uso de las tarjetas pagadas por un empresario mexicano o el dinero oculto en New Jersey. Al final la conclusión es que fueron regalos de Arabia Saudí, del empresario mexicano o fondos que el monarca no gestionó. La única causa que le queda pendiente a Juan Carlos es la resolución de un procedimiento civil abierto en el Reino Unido después de que su “amiga íntima”, Corinna Larsen, le demandase por supuesto acoso desde 2012 por parte del CNI y por orden del rey emérito. La justicia británica tiene que dilucidar si Juan Carlos preserva su inmunidad como miembro de la Casa Real para no ser juzgado.
La patata caliente de Felipe VI. El actual Jefe de Estado deberá gestionar si hay o no regreso del emérito a España. Las intenciones de Juan Carlos son las de volver. Pero su ubicación y residencia ya se antojan como un nuevo problema. ¿Portugal, Galicia, Toledo, Madrid o quizás la Zarzuela o algún otro edificio público? Todas estas ubicaciones tienen problemas estratégicos, políticos o presupuestarios. Dicen los cercanos al emérito que no quiere perjudicar a su hijo. Se abre un período de consultas para tomar la decisión más adecuada. Muchos dicen, que en ningún caso, acertarán. Pero solución habrá que dar. La hipoteca reputacional en la que Juan Carlos sumió a la Jefatura de Estado es difícil de restañar. Por no decir la presión mediática y ciudadana. La próxima semana podríamos tener noticias. Puede haber un anuncio consensuado con Zarzuela. O puede que no ocurra porque Felipe VI considera que aún es inoportuno. O sea, nueva situación delicada que deberá gestionar el monarca.
El debate de la inviolabilidad y la impunidad. El estatuto de la monarquía no termina de sustanciarse. La cuestión de la inviolabilidad que ha salvado al Rey Juan Carlos de una querella e imputación se analiza con lupa. Los ciudadanos se preguntan hasta qué punto esa condición protege a una Jefatura de Estado para cometer delitos o irregularidades. La impunidad con la que las personas que ocupan ese puesto, pueden actuar no debe ser una salvaguarda. A futuro habrá que recurrir a ese estatuto de la monarquía o ley que establezca la Constitución para que de una vez por todas queden por escrito, descritos los supuestos ilícitos en los que no puedan incurrir los Jefes de Estado.
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