VALÈNCIA (VP/EFE). El actual director general de Feria Valencia, Enrique Soto, ha estimado en más de 6 millones de euros el coste que podría tener que soportar la institución por la anulación del ERE que los anteriores gestores acometieron en 2010. Ese proceso, en el que Feria Valencia pagó 7 millones en indemnizaciones, implicó la salida de 106 personas, un tercio de la plantilla.
El TSJ de la Comunitat anuló el ERE el pasado mes de noviembre al estimar que hubo fraude de ley. No obstante, Feria Valencia ha recurrido al Tribunal Supremo en casación, por lo que Enrique Soto ha precisado que el cálculo preciso del coste que la institución tendría que soportar no se conocerá hasta que la sentencia sea firme, ya que dependía de si los afectados solicitasen su readmisión.
En este punto, ha concretado que 34 de los 106 empleados despedidos entonces, 34 ya están jubilados.
Por otro lado, Enrique Soto ha explicado que, cuando asumió la dirección general del recinto, se decidió recortar un 20% los salarios del personal de Feria Valencia porque se estimó que eran "elevados".
Además, el director general ha estimado que si el recinto ferial no hubiera hecho la ampliación que acometió en 2000, hubiera quedado en desventaja con sus competidores. No obstante, ha precisado que "otra cosa es si fue excesiva" o si se realizó de una manera "adecuada", y ha negado que hubiera "tarjetas black u opacas".
Soto, ha abierto este jueves la ronda de comparecencias en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la gestión de las instituciones feriales de la Comunitat, y ha agregado que cuando accedió a la dirección de la feria, en el año 2012, se encontró con la "caja vacía" y "problemas financieros" por una estrategia en la gestión que ha considerado "errónea".
Preguntado sobre el dinero que el PP adeuda a Feria Valencia, unos 587.000 euros por la celebración del congreso nacional del partido en el año 2008, ha explicado que para este tipo de acontecimientos se hacen contratos, y que en este caso hubo un "borrador" de contrato, y que ignora si se facturaron servicios como gastos de hostelería o atenciones a medios de comunicación.
Soto ha relatado la situación que se encontró en Feria Valencia cuando llegó a la dirección, y ha asegurado que el problema económico y financiero que arrastraba el recinto ferial tenía dos causas: "una general, que es la crisis económica del sector ferial español, y una específica que tiene que ver con la manera en la que la feria gestionó esta crisis".
La feria pasó de tener una facturación récord en el año 2008 de 60 millones de euros, a tener unas pérdidas como jamás las había conocido en el año 2009, y en una situación así "optó por una estrategia que el tiempo ha revelado que era errónea", por una "huida hacia adelante".
En lugar de intentar contrarrestar la caída de ingresos con un ajuste de gastos, optó por mantener e incrementar la promoción de los certámenes, ha dicho Soto.
La consecuencia, ha agregado, es que cuando él accedió al cargo se encontró con una feria "con graves problemas" de naturaleza económica y financiera, que amenazaba su viabilidad, además de la discusión de "la naturaleza privada histórica de la feria".
Esto generó además, ha añadido, una "desconfianza de las administraciones públicas respecto a las ferias, y un problema de reputación e imagen" ante la sociedad.
Para revertir la situación de la Feria, Soto ha explicado que se adoptó una nueva estrategia para reducir los gastos, empezando por el personal, "porque la feria tenía unos salarios elevados, y se pacta una bajada de media del 20 %", pero al final el ERE fue "inevitable" y se acometió en 2014.
Sobre las obras de ampliación del recinto ferial, realizadas entre los años 2001 y 2006, y que según el informe de la Intervención de la Generalitat, tuvieron un sobrecoste del 86 %, Soto ha afirmado que eran "necesarias" porque de no haberse acometido Feria Valencia se hubiera quedado en una situación de "inferioridad" respecto a Ifema o la feria de Barcelona.
Ahora bien, ha precisado que otra cosa es si fue "excesiva o fue la manera adecuada", y considera que emplear el dinero público en las ferias "es lo normal" y se hace en otras ferias como la de Barcelona o la de Bilbao.
Preguntado sobre si considera que esos sobrecostes fueron "razonables", ha respondido que "no" le parecen razonables si "son ciertos y acreditados", aunque ha añadido que las datos que han salido a la luz que hablan de gastos de 22 millones en viajes y 1,8 millones en dietas de la Feria son "excesivamente generales".
Ha asegurado a este respecto que las tarjetas Visa, que ya se han eliminado, que utilizaban los directivos en Feria Valencia "no eran 'blacks', no eran opacas", aunque ha matizado que eran "gastos de otra época" que tendrán que determinar "otros" y no él.
Soto ha informado que 2016 va a cerrarse con un beneficio de explotación de algo más de 800.000 euros, y que su futuro pasa por un gran consenso político en Les Corts porque tiene un "grandísimo potencial".