Feria Valencia prepara el despido de 63 empleados tras tener que readmitirles por un ERE anulado

VALÈNCIA. Los despidos vuelven a Feria Valencia. El recinto ferial prepara el despido de hasta 63 trabajadores tras haberse visto obligada a readmitir a 68 empleados incluidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que realizó en 2011 y que fue anulado en los tribunales. La dirección ha comunicado esta misma semana al comité de empresa el inicio del periodo de consultas para un nuevo ERE que, a falta de conocer el coste concreto, arruina sus previsiones de terminar el año con ligeros beneficios.

El ERE anulado afectó a 106 trabajadores. De ellos, 68 han solicitado su readmisión y se encuentran ya incorporadas y dadas de alta en el recinto. Los gestores de Feria Valencia han esperado a conocer cuántos de los afectados pedían el reingreso antes de tomar medidas, pero la opción de un nuevo ERE ha estado sobre la mesa casi desde el principio por la imposibilidad de asumir nuevos costes salariales.

La negociación que se iniciará próximamente contempla la salida de hasta 63 empleados, pero no necesariamente todos ellos han de encontrarse entre los ahora readmitidos por sentencia judicial.

En el peor de los casos, Feria Valencia estima que el coste que tendría que asumir por este contratiempo podría elevarse a 5 millones de euros. En las cuentas definitivas de 2016, aprobadas el pasado mes de abril, los gestores del recinto incluyeron una provisión de cerca de un millón de euros ante el riesgo de que su recurso a la sentencia del TSJ de la Comunitat fuera tumbado por el Tribunal Supremo, tal y como ha sucedido.

Comparadas con el ajustado margen en el que se mueve el recinto, cuya actividad propia prácticamente solo le alcanza para cubrir costes encadenar varios ejercicios con números rojos, se trata de cantidades muy importantes que le provocarán importantes pérdidas.

Pagar con dinero del FLA

Tan es así que la Generalitat, que ya paga más de 30 millones de euros cada años por la deuda financiera de Feria Valencia, ha buscado una fórmula para aligerar el coste asociado a la anulación del ERE de 2011 y la ejecución de nuevos despidos.

Tal y como publicó este periódico, la Conselleria de Hacienda y la de Economía, que es la que tiene las competencias sobre el recinto, acordaron intentar que la deuda que se genere pueda ser cubierta mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la facilidad financiera que el Gobierno central ha puesto a disposición de las comunidades que no pueden financiarse en los mercados con el fin de que puedan afrontar las deudas con sus proveedores.

De esa forma, la Generalitat asumirá posibles deudas de Feria Valencia con sus proveedores, como es habitual en los procesos de asunción de deuda no no financiera. Así se hará mientras la actual Feria Valencia esté en proceso de liquidación.

El TSJ de la Comunitat admitió hace poco más de un año los recursos interpuestos por los empleados despedidos contra la Resolución de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, de 24 de enero de 2011, por la que se autorizaba a la Feria a extinguir las relaciones laborales de hasta un máximo de 106 trabajadores.

El TSJCV estimó los recursos por varios motivos aunque principalmente consideró que se había producido un fraude de ley en la tramitación del expediente, ya que "la totalidad del procedimiento ha consistido en la aparente realización de todos aquellos trámites para la adecuada tramitación de un ERE pero de tal forma que la finalidad de dicho precepto no se haya cumplido".

En primer lugar, sostuvo que no existió una comunicación fehaciente de la empresa a los trabajadores de la intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo; tampoco se comunicó a la autoridad laboral el inicio del periodo de consultas ni a la entidad gestora de prestaciones por desempleo.

Además, no se consignaron en actas parciales las reuniones negociadoras ni se levantó el acta final en los términos reglamentariamente exigidos, por lo que no había constancia alguna de ellas; y el periodo de consultas duró una jornada, haciendo referencia a reuniones anteriores respecto de las que tampoco se acreditó nada.

Para el TSJCV, el periodo de consultas fue un trámite con contenido nulo y dotado de una realidad "inexistente" y estimó que había nulidad del procedimiento, que se desarrolló en el ámbito temporal de 12 días --desde el inicio de consultas a la resolución que lo autoriza-- "sin que exista constancia alguna de urgencia, no obstante el número de trabajadores afectados" y pese a ser considerado de trascendencia y repercusión social por la autoridad laboral.

Feria Valencia recurrió después este fallo ante el TS, pero en una providencia del pasado 19 de octubre, la sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo acordó inadmitir a trámite este recurso al considerar que en el escrito de preparación de esa alegación "no se ha justificado que las infracciones imputadas hayan sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución que se pretende recurrir". La institución ferial anunció en su día que pediría al TS una aclaración de su resolución.