Pilar Lima (Unides Podem) y Fran Ferri (Compromís) durante sus intervenciones. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. En los últimos días, se ha escrito mucho sobre los últimos desencuentros entre los tres socios del Botànic: PSPV, Compromís y Unides Podem. Al margen de las cuitas previas a la negociación de los Presupuestos de 2022 -con la recién estrenada comisión política para tal efecto-, la exigencia conjunta de la vicepresidenta primera del Consell, Mónica Oltra (Compromís), y del vicepresidente segeundo, Héctor Illueca (Unides Podem), de establecer una tasa turística había caldeado el ambiente antes del Debate de Política General.
De hecho, en el entorno del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, algunos no descartaban que esta especie de 'pinza' entre los dos socios pudiera prolongarse a la sesión parlamentaria de este lunes. Un episodio que, indudablemente, podría ser algo incómodo para el jefe del Consell, quien ya debería defenderse de las andanadas de los grupo de la oposición: PP, Ciudadanos y Vox.
Sin embargo, la acción de la portavoz de Unides Podem, Pilar Lima, y del síndic de Compromís, Fran Ferri, no fue, ni mucho menos, un reproche coordinado hacia Puig. Es más, fueron dos intervenciones muy distintas tanto en el contenido como en la forma: la diputada morada fue más conciliadora e incluso habló de "desdramatizar las diferencias", mientras que el parlamentario valencianista sí adoptó un perfil más combativo y exigente hacia el presidente de la Generalitat.
Así, la reivindicación dirigida a Puig más clara que hizo Lima en su intervención fue la citada tasa turística, un asunto que siempre ha abanderado su partido. "La tasa turística es de consenso internacional y recae sobre el turista, no sobre el sector turístico, se trata de una cantidad mínima por el hospedaje no desincentivará la llegada de turistas a la Comunitat Valenciana", afirmó la síndica de Unides Podem, quien insistió en recaudar este recursos para destinarlos a "políticas de vivienda a través de ayudas dirigidas al alquiler para jóvenes, reforzando así el pacto intergeneracional; pero también irán destinados a un fondo de adaptación al cambio climático que nos ayudará a frenar los impactos del turismo en la Comunitat Valenciana".
Por otro lado, la portavoz de Unides Podem puso el acento en el "estandarte de resistencia" que ha supuesto la sanidad pública en la pandemia, y defendió que la sanidad pública "no es un mercado, sino un derecho esencial". Por ello, abogó por la gestión pública en los departamentos de salud -reversión de Torrevieja y Dénia- y ha instado a derogar la ley 15/1997 que "permite a las empresas enriquecerse a costa de la sanidad pública". Además, adelantó que su grupo impulsará una Ley de Salud Mental similar a la impulsada en el Congreso."Es el momento de que deje de ser un privilegio", aseveró, en una intervención en la que no confrontó con Puig.
En la otra orilla, Ferri sí mantuvo una posición más incisiva. De hecho, aprovechó para poner sobre la mesa varias cuestiones en las que las diferencias entre Compromís y PSPV se han hecho patentes en los últimos tiempos. Así, el portavoz de Compromís criticó la "megaexpansión" proyectada en el Puerto de València (y que sigue siendo un motivo de fricción entre ambas formaciones) y lamentó la, a su juicio, contradicción de anunciar inversiones millonarias para l'Albufera frente a la consecuencia de una ampliación que "destruirá playas". "Las decisiones sobre el futuro de una ciudad tenga en cuenta la voz de esa ciudad", apostilló en referencia a la firme oposición al proyecto de su compañero de partido y alcalde de València, Joan Ribó.
El diputado valencianista, quien armó varios ataques directos a la portavoz del PP, María José Catalá, por su etapa como consellera de Educación, tampoco se mordió la lengua a la hora de reivindicar la tasa turística. "Los que llevamos tiempo trabajando este tema sabemos que hay terreno 'botánico' para el acuerdo", recalcó, llamando a trabajar en ello hasta fin de año en el seno del tripartito. Además, el diputado volvió a defender la reducción de la jornada laboral a cuatro días o 32 horas semanales.
Pero donde más duro se mostró Ferri fue al exponerle a Puig su visión sobre la relación con el actual Gobierno de España y los anteriores, llegando a afirmar que la Comunitat Valenciana es tratada "como una colonia" y no como una autonomía.
"Es corrupción territorial: los gobiernos españoles han robado miles de millones de euros a los valencianos en las últimas décadas y este pueblo tiene derecho a saber donde está el dinero", proclamó, además de insistir en sus críticas por los retrasos de los trenes de Cercanías, "líderes en retrasos y en pérdida de pasajeros con diez millones menos en los últimos años".
En esta línea, Ferri sacó pecho en la reivindicación de la reforma del sistema de financiación recordando que el próximo 20 de noviembre habrá tres manifestaciones en la Comunitat Valenciana para reivindicar el cambio de modelo caducado desde 2013. Una cita que Puig evitó mencionar en sus intervenciones, probablemente porque espera que las recientes promesas hechas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleguen a buen puerto.
Así, el diputado de Compromís defendió la importancia de sumarse a esta protesta y anunció además una campaña de recogida de firmas en los próximos meses para llevar a Madrid las reclamaciones de los valencianos y exigir al Gobierno "que escuche".
Por su parte, el presidente de la Generalitat no quiso bajar a la arena especialmente de las cuestiones planteadas por Ferri. En su última intervención, Puig proclamó que arranca un tiempo de "reinvención" en el que el pueblo valenciano "se merece la mejor voluntad y capacidad de sumar".
Sí admitió que un gobierno de coalición "no está formado por una única idea" pero hizo hincapié en que su obligación es "pensar siempre en el interés general". Así, sacó pecho del Botànic como "un proyecto robusto en el que hay prioridades y un trabajo común de todos los que forman parte del gobierno", a lo que destacó que se suman las aportaciones de sindicatos y patronal y del resto de grupos de Les Corts en las leyes que "van más allá de las fronteras" del pacto.
Previamente, su compañero de partido, el síndic socialista, Manolo Mata, sí había defendido la actitud del Gobierno de España respecto a financiación tras los ataques de Ferri: "Podemos salir a la calle lo que quieras, Fran, pero ahora ya tenemos todos los datos". Además, insistió en que el pueblo valenciano "no tiene que pagar la deuda que viene de la infrafinanciación histórica".
