María Jesús Montero y Joan Baldoví, este miércoles en el Congreso. Foto: POOL/BERNARDO DÍAZVALÈNCIA. El 30 de agosto de 2016, el entonces presidente del Gobierno en funciones y candidato a la repetir en el cargo, Mariano Rajoy, se sinceró en el debate de investidura con el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, quien le había recriminado que en la legislatura anterior no hubiera promovido la reforma del modelo de financiación autonómica que se debía revisar al acabar 2013. Según le dijo Rajoy, dicha reforma no se produjo porque "había otras prioridades, porque no había nada positivo que aportar a las comunidades autónomas".
Cuatro años y dos meses después, este miércoles, Baldoví insistía con lo mismo ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que recordó que la presentación de una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica en el plazo de ocho meses -se cumplieron en septiembre- era un compromiso asumido por Pedro Sánchez en el debate de investidura, el pasado mes de enero, para la que obtuvo el voto de Compromís. La respuesta de Montero fue que "la pandemia ha cambiado el orden de las prioridades políticas".
Ya en mayo de 2018, en el debate de la moción de censura, Sánchez se había sincerado también al responder a Baldoví que no iba a culminar el proceso de reforma que había iniciado Rajoy a paso lento. No había "mimbres" para el consenso.
El caso es que durante siete años la cuestión solo avanzó entre la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 y la moción de censura de mayo de 2018. Después, los informes y los consensos logrados por los técnicos del Gobierno y las CCAA quedaron en un cajón del Ministerio de Hacienda. La promesa de Sánchez y Montero de desempolvarlo este otoño queda ahora aplazada sine die, lo que deja a Compromís en la tesitura de decidir si da su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a cambio de una promesa más indeterminada que la de la investidura y después de haber condicionado ese apoyo a la creación de un fondo de nivelación.
La respuesta de Montero a Baldoví se produjo durante la sesión de control al Gobierno a la pregunta de si el Ejecutivo pensaba cumplir sus compromisos de investidura. La titular de Hacienda afirmó que el Gobierno "cumple con los acuerdos que alcanza a lo largo de las fases de la investidura" y que, por ello, la "respuesta es clara".
Baldoví insistió en la idea de un "fondo de nivelación" para que aquellas autonomías que se encuentran por debajo de la media, en cuanto a financiación se refiere, puedan alcanzarla. La iniciativa, planteada por la Generalitat ya fue rechazada por la ministra en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Montero se refirió al fondo de 16.000 millones de euros que el Ejecutivo puso a disposición de las autonomías que ha repercutido en la respuesta de estas administraciones en crisis del coronavirus. "La pandemia ha cambiado el orden de las prioridades políticas, hemos estado de forma incansable y creo que hemos cumplido el aportar recursos el sistema de financiación que pudieran paliar esta situación", afirmó. Añadió que el Ejecutivo seguirá trabajando en el cumplimiento del acuerdo, pero ha señalado que para ello "es imprescindible" la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En una reunión, el Ministerio de Hacienda se comprometió a revisar punto por punto el acuerdo de investidura que Compromís firmó con el Gobierno. Baldoví se reunió con el equipo técnico del Ministerio de Hacienda que le explicó que todavía están ultimando el borrador presupuestario con Unidas Podemos.
Compromís reiteró su disposición de apoyar unas cuentas siempre y cuando haya compromiso con el acuerdo y avanzó que "no tendrán el voto gratis, pero tampoco queremos ser oposición a este Ejecutivo".
La formación valenciana recuerda que el pacto de investidura incluye establecer compensaciones económicas para la Comunidad Valenciana mientras no se defina un nuevo sistema de financiación antes de que acabe el año, así como un compromiso firme con la dependencia y evitar la ampliación del puerto de València hasta que no haya una declaración de impacto ambiental.
