VALÈNCIA. La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto unas diligencias de investigación penal para investigar el escrache perpetrado por el grupo de extrema derecha España 2000 a la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra. El citado escrache fue denunciado a principios de semana por la Abogacía de la Generalitat en la Fiscalía.
La fiscal jefe, Teresa Gisbert, ha firmado la apertura de las diligencias como marca la ley, lo que no implica que tras ser estudiado el caso se pueda archivar la denuncia sin necesidad de llegar a judicializar el tema aunque, por otro lado, y en caso de encontrar algún tipo de actuación contraria a la ley, el fiscal del caso sí podría formular denuncia en un juzgado de instrucción de Valencia.
La denuncia presentada por la Abogacía de la Generalitat entró en Fiscalía el pasado 20 de octubre. En ella se explica que sobre las nueve y media de la noche acudieron a casa de Oltra varios coches. De ello bajaron varias personas encapuchadas y desplegaron una gran bandera de España en la que se podía leer Viva la Unidad de España.
Prosigue explicando que “a través de un altavoz portátil emitieron diversas consignas haciendo sonar un pasodoble seguido del himno de España, mientras grababan hacia el interior del domicilio familiar”. Explican los denunciantes que las personas que realizaron el escrache proferían expresiones como: “estamos en casa de nuestra amiga Oltra, vicepresidenta”; o: “¿No quiere salir a saludarnos nuestra amiga Oltra? Saca unos bocadillos. Apaga todas las luces”.
También aseguraron los escrachistas que habían acudido a casa de la vicepresidenta “a ponerle un poco de música española para decirle que estamos en España y en la Comunitat Valenciana. Hemos venido a cantarle de buen rollo y con alegría”.
Los letrados aseguran que estos hechos produjeron “intimidación y desazón” tanto en Oltra como en sus hijos que se encontraban cenando con ella en el momento de los hechos. Los denunciantes recuerdan que, además, la Fiscalía de Delitos de Odio ya había abierto una investigación contra grupos de extrema derecha por las agresiones del 9 d’octubre que pertuban la paz social.
Es por ello que creen que los hechos relatados podrían ser constitutivos de un delito de acoso o cualquier otro que se pueda derivar de la investigación.