Fiscalía mantiene su petición de penas para todos los exaltos cargos valencianos

VALENCIA, (EP). El fiscal anticorrupción Pedro Horrach mantiene su petición de penas para los exaltos cargos valencianos procesados en el caso Nóos: el exsecretario de Turismo de la Generalitat Luis Lobón; los exdirectores gerentes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias José Manuel Aguilar y Jorge Vela, y para la exresponsable jurídica de CACSA, Elisa Maldonado.

Para cada uno de ellos reclama ocho años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. El exteniente de alcalde de Valencia y expresidente de la Fundación Turismo Convention Bureau, Alfonso Grau, se sienta en el banquillo por la acusación del PSPV, que reclama once años de cárcel.

Asimismo, mantiene la petición de 19 años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarin, y de 16 y medio para su exsocio, Diego Torres, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron apoderarse de hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas eludiendo los requisitos exigidos por las normas de contratación pública.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el representante del Ministerio Público ha decidido no modificar su solicitud después de que ninguno de los dos acusados haya mostrado arrepentimiento ni haya devuelto la cantidad supuestamente defraudada. El fiscal da a conocer estas conclusiones en presencia de los 17 acusados que se sientan en el banquillo y que este viernes estarán de nuevo presentes en la sala.

Según Horrach, Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura hueca de contenido real y urdieron "una maraña de facturación ficticia" para hacerse con el dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".

Un requisito indispensable para que el fiscal pudiera rebajar la pena a ambos acusados pasaba por que hicieran frente a una solicitud de 6,2 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunitat Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).

El fiscal mantiene las mismas penas para todos los acusados excepto para la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen y para los exaltos cargos de Baleares acusados, para quienes rebaja su petición: el expresidente del Govern Jaume Matas; el exdirector general de Deportes del Govern balear, José Luis 'Pepote' Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet.

Mientras tanto, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales, y otros dos años para el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.

Las empresas del entramado

El fiscal subraya cómo para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos imputados.

Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.