VALÈNCIA (EFE). Las Fiscalías de la Comunitat Valenciana se han opuesto por el momento a la revisión de unas ocho sentencias condenatorias por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la conocida como 'ley del solo sí es sí', según ha explicado este lunes la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert.
Gisbert ha señalado a los medios de comunicación antes de comparecer en Les Corts Valencianes para presentar la última Memoria de la Fiscalía que, según la información que le han remitido los fiscales jefes provinciales, son todavía "muy pocos" los casos que se han revisado: en Valencia seis o siete, en Alicante uno y en Castellón uno o ninguno.
En todos estos casos, la Fiscalía se ha opuesto a la revisión de la condena por considerar, con los mismos criterios que el decreto de la Fiscalía General del Estado, que la pena impuesta "cabe en la horquilla de la nueva legislación", ha precisado Gisbert.
Según los últimos datos, los juzgados de la Comunitat Valenciana están revisando más de un centenar de sentencias condenatorias por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/22 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como "ley del solo sí es sí".
Por otra parte, Gisbert ha indicado que la Fiscalía de Valencia está estudiando la posibilidad de escuchar a las víctimas en las sentencias que se revisan, algo que "cualquier jurista que vea el estatuto de la víctima se lo puede plantear", si bien ha afirmado que "la solución no está nada clara" y de momento no se va a tomar ninguna iniciativa.
"Yo no lo tengo claro, porque hay un peligro de revictimización y eso hay que valorarlo", no sea que intentando ayudar a la víctima el resultado "sea peor", ha indicado la fiscal superior, quien ha insistido en que hay que estudiarlo "muy bien" y, por ejemplo, ofrecer la posibilidad de preguntar si quiere ser oída, y si no quiere no hacerlo.
Ha recordado que el estatuto de la víctima no prevé expresamente que se oiga a las víctimas en el periodo de revisión de la condena, sino que se le notifiquen la resoluciones, por lo que habría que hacer una interpretación extensiva.
También ha destacado que hasta ahora nunca se había producido una situación que puede afectar "a tantos condenados y a tantas mujeres".
Gisbert ha hecho hincapié en que, en todo caso, y a diferencia de lo que está pasando con los jueces, las Fiscalías actúan con unidad de criterio y en la misma línea.
Los delitos sexuales crecieron alrededor del 40 % en las provincia de Valencia y Alicante durante 2021 y se redujeron un 35 % en la de Castellón, según los datos recogidos en la memoria de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana. El mayor incremento se registró en Alicante (40,27 %), donde prácticamente suben todos los tipos relacionados con la libertad sexual, especialmente las agresiones sexuales (31,21 %), los abusos sexuales (32,65 %), los abusos con acceso carnal (400 % con 15 casos) o el acoso sexual (57,89 %).
En relación a los delitos sexuales cometidos sobre menores, se registraron 12 casos de prostitución de menores (1.100 %), ascienden un 33 % los delitos de utilización de menores con fines pornográficos, un 35 % los abusos sexuales a menores de 16 años y un 55 % las agresiones sexuales a menores de 16 años.
En Valencia el incremento de los delitos sexuales es del 37,2 %, al pasar de 744 a 1.021 casos, con especial incidencia de las agresiones sexuales (17 %) y prácticamente la misma cifra de violaciones (5 frente a las 6 de 2020)
Crecen también los delitos de abuso sexual, que pasan de 233 en el año 2020 a 371 este año (59,2 %), bajan los delitos de prostitución de persona menor de edad o incapaz, de 7 a 2 (-71,4 %) y se mantiene el número de agresiones sexuales a menores de 16 años (28 en 2020 frente a 29 en 2021).
En la provincia de Castellón esta tendencia se invierte, al registrarse una reducción del 35 % en los delitos de agresión sexual, si bien suben los abusos un 27 %.
Igualmente, los procesos en los que las víctimas fueron menores de 16 años son 93, frente a 85 del año anterior.
La fiscal superior ha recordado que en 2021 fueron asesinadas un total de 50 mujeres en España, tres más que al año anterior, siete de ellas en la Comunitat Valenciana (cuatro en Alicante, dos en Castellón y una en Valencia), frente a las 8 del año anterior, unas cifras que, a su juicio, evidencian que se trata de un problema que "hemos de seguir combatiendo con firmeza".
Asimismo, ha reiterado su petición de seguir creando juzgados especializados y exclusivos en violencia de género porque "son la mayor garantía para la víctima".
Sobre la reciente reorganización de estos juzgados, ha indicado: "Como víctima, prefiero mil veces acudir a un juzgado especializado, aunque esté en otro municipio, a que me vean en un juzgado mixto, porque quiero tener a mi disposición todos los servicios, y lo único que lo garantiza es la concentración de los mismos".
En líneas generales, Gisbert ha advertido sobre un incremento de los delitos de violencia doméstica y de género cometidos por menores. "Algo no hacemos bien cuando tenemos a menores de 13 y 14 años implicados en este tipo de delitos. La prevención pasa por educación, educación y educación", ha subrayado.
En Alicante descienden los casos de lesiones y maltrato familiar alrededor de un 10 %, crecen un 26 % los supuestos de amenazas, un 20 % los de coacciones, un 118 % los de acoso en el ámbito familiar y un 12 % los de maltrato habitual.
En Castellón la evolución de la violencia doméstica no de género ha sufrido un ascenso respecto al ejercicio anterior, pasando de 193 infracciones penales en 2020 a un total de 233 el presente año.
En Valencia las amenazas en el ámbito familiar han aumentado un 36,7 %, y un 63,6 % las coacciones.
"La problemática judicial de esta materia se encuentra muy a menudo en el maltrato de hijos a padres, y esta tiene su origen en problemas psiquiátricos, alcoholismo y consumo de drogas", ha apuntado Gisbert.
"Si se observa la estadística del año 2021, el maltrato de los descendientes a los ascendientes es casi el doble del maltrato de padres a hijos; entre los primeros contabilizamos 410, y en los segundos 227".
Sobre los sucesos relacionados con riñas tumultuarias, la memoria de la Fiscalía recoge únicamente 7 casos en Alicante, donde este tipo de incidentes crece un 250 %.
La delincuencia protagonizada por menores se centra en casos de lesiones y en delitos contra la propiedad, y tiene su "origen más claro en la falta de habilidades parentales, siendo en general un continuo que progresa con el crecimiento del menor", según la fiscal superior.
"El incremento de la violencia de género y la sexual probablemente obedezca a un modelaje continuo e inadecuado, obtenido por los propios menores y sus iguales a través de internet y las redes sociales", ha agregado.
En Alicante, como en ejercicios anteriores, destaca el alto número de expedientes incoados por lesiones y delitos contra la propiedad, y es también destacable el número creciente de delitos de violencia doméstica e, incluso, "dado el margen de edad en el que nos movemos, de violencia de género. También destaca, por su gravedad y frecuencia las agresiones y abusos sexuales", ha agregado Gisbert.
En esta provincia la mayoría diligencias incoadas fueron por delitos de lesiones (93), generalmente leves, amenazas (40), daños (30), hurto (42), violencia doméstica (33) o tratos degradantes (30).
En Castellón se constata una estabilización de la delincuencia protagonizada por menores, mientras que en Valencia crecen las lesiones protagonizadas por menores (1.380 frente a las 911 del año anterior), agresiones sexuales (117 frente a 31) y abusos (117 frente a 107).
También han aumentado el acoso escolar que ha sido 261 frente a los 193 del año anterior y las amenazas que ha sido 532 frente a las 243 de 2020.
La fiscal superior ha destacado que en Alicante bajan los delitos de homicidio en todas sus formas un 17 %, en Castellón se mantienen los mismos porcentajes y en Valencia crecen los homicidios (76 frente a 66) y bajan considerablemente los asesinatos (de 24 a 3).
En materia de delitos de odio, las fiscalías valencianas han doblado las diligencias de investigación abiertas al pasar de 36 en 2020 a 71 en 2021. "En general, podría decirse que se denuncia más, como cuando empezamos con la violencia de género, aunque la cifra de infradenuncia todavía puede rondar el 90 %, frente al 30-40 % de la violencia de género".
"La experiencia acumulada en materia de delitos de odio permite comprobar que la palabra precede a la acción y que la generación de un clima de hostilidad contra determinados colectivos favorece las acciones violentas", ha advertido.
"Que haya una fiscalía especializada ayuda mucho. También la formación de agentes que sepan de lo que se habla cuando alguien acude a denunciar un caso de discriminación pore xenofobia, racismo, discapacidad, ideología", ha apuntado Gisbert, quien ha advertido además del daño que hace plataformas como Whatsapp, TikTok o YoTtube por su "facilidad para viralizar situaciones complicadas y aumentar el daño y la repercusión psicológica sobre las víctimas".
Los diputados de la oposición han preguntado a Gisbert su opinión sobre la reforma del delito de sedición y la posible reforma del de malversación, pero se ha limitado a responder: "Entiendo que son cuestiones de actualidad, pero no vengo a hacer política ni a hablar de reformas que ni siquiera están en vigor. No soy quién, ni es mi obligación, ni es el lugar".
Gisbert ha destacado este lunes que han "disminuido muchísimo" los procesos contra personas aforadas del Gobierno valenciano, y además se han archivado. La Memoria refleja que los procedimientos y diligencias de investigación referidas a los aforados que no son jueces ni fiscales ascendieron el año pasado a 10, lo que supone un 23'1 % menos en 2020.
Ha precisado que muchos de los casos contra aforados del Gobierno valenciano y de las Consellerias estaban relacionados con la gestión del coronavius, que de acuerdo con el informe negativo del ministerio fiscal se han archivado.
Los casos referidos a jueces y magistrados fueron en 2021 un total de 38, lo que supone un 29'6 % menos según los datos de la Memoria, y prácticamente todos se han referido a prevaricación y tras el informe negativo de la Fiscalía se han rechazado, ha explicado.
Por otra parte, preguntada sobre su propuesta de rebajar de 14 a 12 años la edad penal mínima en delitos sexuales cometidos por menores ante el aumento de este tipo de agresiones, siempre que las sanciones sean reeducativas y no un puro castigo, ha indicado que respeta las opiniones al respecto y que cree que no son contradictorias.
Gisbert ha señalado que cuando un menor a los 13 años viola a otra niña "es evidente que hay que proteger a esa menor, pero es que ese menor necesita una intervención inmediata, porque si no va a ir a más y porque hay que cortarlo, sobre todo, por el propio interés del menor".