Fiscalía pide cárcel para los exdirectivos de FGV y deja en evidencia la instrucción de la juez del metro

VALÈNCIA. La Fiscalía ponía este martes negro sobre blanco las negligencias que por parte de la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Marisa Gracia y otros siete altos cargos de FGV se cometieron y tuvieron como consecuencia el fatídico accidente de metro que costó la vida de 43 personas y que dejó heridas a otras 47. Este escrito es, además, un mensaje entre líneas a la magistrada instructora del caso, Nieves Molina, que desde el primer día de instrucción creyó en el archivo del mismo, lo que ha llevado a que el Ministerio Público se haya visto obligado a aplicar la atenuante de dilaciones indebidas a todos los acusados, lo que implica de facto menos pena en caso de condena.

En cuanto a las penas, la fiscal del caso, Dora Cano, solicita 3 años y 7 meses para los procesados por un delito contra el derecho de los trabajadores. Pero a su vez también considera que se podría acusar a de 43 delitos de homicidio y 37 delitos de lesiones a la exgerente de FGV Marisa Gracia; Vicente Contreras, exdirector adjunto de la Explotación de FGV; Francisco García, exdirector técnico; Manuel Sansano, exdirector de Operaciones; Juan José Gimeno, exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación; Luis Miguel Domingo Alepuz, exjefe de Talleres de València Sud; Sebastián Argente, exjefe de la Línea 1, y Francisco Orts, exresponsable de estudios y proyectos.

El accidente

Según se puede leer en la calificación hecha pública por la Fiscalía General de Estado, el día 3 de julio de 2006, a la una y dos minutos, el conductor del metro accidentado entró en una curva señalizada a 40 kilómetros por hora a una velocidad que doblaba la permitida. Todo ello porque FGV no había “implementado ningún medio mecánico conocido que impidiera alcanzar una velocidad superior a la permitida”, lo que permitió al tren descarrilar.

Al salirse de la vía, la unidad chocó contra la pared del túnel de hormigón, y fue en ese momento cuando, según el Ministerio Público, se produjo el hecho más grave ya que “la rozadura y el arrastramiento por la pared provocó que las ventanas de su lado izquierdo, debido a los graves defectos de configuración y sellamiento, se descorrieran como persianas”.

Eso derivó en que los pasajeros que viajaban en aquella unidad “fueran succionados por las ventanas ya diáfanas y arrojados a las vías”. La consecuencia fue que “41 pasajeros quedaran a merced de las vías, debido a que las ventanas del lado izquierdo ya habían cedido, con fallecimiento inmediato de todos ellos y en su gran mayoría sus cuerpos resultaron destrozados al paso de la propia unidad en la que viajaban y de la segunda unidad”.

Lo sabían y no hicieron nada

El resumen de lo que ocurrió aquel día es duro, muy duro: “Las graves deficiencias eran conocidas por los organismos encargados de la seguridad en FGV, el Comité de Seguridad en la Circulación y la Dirección de Auditoría para la Seguridad (DASE) y debían haber sido controladas y sancionadas”.

Y apostilla que, “todos ellos eran conscientes de que tales deficiencias detectadas en una actividad de transporte de personas conllevaba un riesgo muy grave para la seguridad de los trabajadores y personas, como así ocurrió a las 13’02 horas del 3 de julio de 2006”.

Críticas a la juez

El escrito, muy crítico con la instrucción de la magistrada Nieves Molina sin necesidad de decirlo tal cual, evidencia las deficiencias de dicha instrucción con comentarios como que, “consecuencia del siniestro el maquinista y la interventora fallecieron, pero sus cuerpos quedaron en la cabina del conductor y, finalmente, en las tareas de evacuación, sus cuerpos fueron sacados a las vías donde yacían el resto de fallecido”.

Esta frase que a priori podría simplemente parecer una parte más del relato es muy importante para las acusaciones. La fiscal se basa en la declaración de la médico del SAMU que atendió a las víctimas y que relató en la Comisión de Investigación de Les Corts que había visto al conductor y a la interventora dentro del vagón. Explicó que al comprobar que estaban muertos procedió a subirse al vagón buscando más heridos. Tras aquella declaración, tanto la Fiscalía como las familias trataron de citarla en el juzgado, pero la magistrada no solo se negó a hacerlo, sino que dedujo testimonio contra la facultativa. Una denuncia que fue archivada de plano.

Entre las pullas a la juez de instrucción se encuentra el momento en que la fiscal relata como “el menoscabo físico de las víctimas no ha sido examinado por el médico forense”, que “la lectura de la caja registradora de eventos que llevaba la unidad se efectuó en las dependencias de FGV, con presencia exclusivamente de representantes de la empresas y de los sindicatos”, o que “los vagones siniestrados quedaron precintados judicialmente en las dependencias de los talleres de Valencia Sud, sin otro tipo de control más que un requerimiento judicial a FGV para que la empresa se abstuviera de tocar, manipular o dar acceso a persona autorizada”.

En su escrito, la fiscal describe que no fue un solo hecho el que llevó al accidente. De hecho describe una tormenta perfecta o efecto dominó que terminó con la unidad siniestrada a la salida de la curva. Los puntos clave de la acusación se centran en las malas infraestructuras, la insuficiencia del sistema FAP para la seguridad de la Línea 1, que no estaba garantizada la velocidad máxima en el túnel, la inexistencia de baliza que frenara el tren de forma automática en caso de exceso de velocidad, la formación del maquinista y la inexistencia de un sistema de gestión de la seguridad.