Foto: EFE/FERNANDO VILLARVALÈNCIA (EP). La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado de los dos años y seis meses de prisión a un año de cárcel su petición de condena para el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la 'Gürtel'.
Así lo ha anunciado el Ministerio Público durante la exposición de sus conclusiones definitivas en la vista oral celebrada este viernes en la Audiencia Nacional. En concreto, la Fiscalía pide un año de cárcel por el delito de tráfico de influencias en concurso con el delito de prevaricación, solicitando además inhabilitación del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación para cargo público durante seis años.
Inicialmente Anticorrupción solicitó dos años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación y fraude, mientras que la acusación popular que ejerce el PSOE elevó su petición a los 9 años al añadir a esos tipos el de tráfico de tráfico de influencias. Finalmente, el PSOE ha decidido adherirse en su totalidad a la petición de la Fiscalía.
Para el líder de 'Gürtel', Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y para el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', Anticorrupción finalmente solicita una condena de dos años y tres meses de prisión respectivamente por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso con un delito de prevaricación, por un delito de falsedad en documento mercantil y por otro de malversación de caudales públicos.
La Fiscalía solicita para el que fuera gerente de Orange Market Cándido Herrero ocho años de cárcel por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso con uno de prevaricación administrativa, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y por los delitos de malversación de caudales públicos.
Para las trabajadoras de la trama Mónica Magariños e Isabel Jordán la Fiscalía pide un año, ocho meses y 15 días de cárcel por los delitos de falsedad en documento mercantil y malversaciones de caudales públicos. Además, solicita dos meses de cárcel por un delito de tráfico de influencias a sustituir con una inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.
Anticorrupción también reclama la pena de inhabilitación para cargo público por dos años y seis meses para la ex directora general del Libro Silvia Caballer así como la pena de inhabilitación para cargo público que merezca la consideración de personal eventual porque implique funciones de confianza o asesoramiento especial por tiempo de tres años para el exjefe de gabinete de la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana Enrique Navarro.
Para la que fuera gerente de la fundación 'La luz de las imágenes' María del Carmen Díaz Quintero la Fiscalía pide la pena de 18 meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo e inhabilitación absoluta durante tres años.
El exgerente de la sociedad Proyecto Cultural Castellón Vicente Farnós de los Santos, por su parte, afronta una petición de Anticorrupción de un año de prisión por un delito de malversación e inhabilitación para cargo público por dos años y seis meses.
Asimismo, el Ministerio Público solicita para el que fuera jefe del gabinete técnico de la Sociedad de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (SEPIVA) Enrique Bort diez meses de prisión por el delito de falsificación en documento oficial e inhabilitación para cargo público por dos años y seis meses.
Cabe recordar, como recoge la Fiscalía en sus conclusiones, que previamente al inicio de la vista oral los acusados Correa, Crespo, Magariños, Jordán, Caballer, Farnós de los Santos, Navarro, Díaz Quintero y Bort presentaron escritos en los que se adherían a las por entonces calificaciones provisionales.
El entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, José de la Mata, abrió juicio oral por este asunto en septiembre de 2019 sentando en el banquillo a Camps al considerar que había "un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat participó en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market".
De acuerdo con el relato judicial, Correa, Crespo, El Bigotes, y el gerente de Orange Market, Cándido Herrero, "se concertaron con Camps para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del 'stand de Grandes Proyectos' de Fitur fuera directamente adjudicado a Orange Market".
La vista oral se reanudará el próximo 16 de octubre a partir de las 10.00 horas con la exposición del informe final de la Fiscalía y de las partes. Una vez finalizado ese trámite llegará el turno de última palabra y, posteriormente, el juicio quedará visto para sentencia.
