Fomento cifra en más de 21 millones la multa a España si no rompe el monopolio de los estibadores

MADRID/VALENCIA (EP/VP). El Ministerio de Fomento ultima una reforma de la estiba para abrir un sector hasta ahora controlado por sus 6.156 trabajadores y que es básico para el funcionamiento de los puertos y la economía, dado que este colectivo gestiona la carga y descarga de la mercancía que entra y sale de España por mar. La reforma viene impuesta por mandato europeo, que considera el sistema de estiba español contrario a la normativa comunitaria y, por ello, puede imponer a España una sanción de al menos 21 millones de euros.

El Ministerio de Fomento informó de sus intenciones este jueves al sindicato mayoritario de los estibadores, Coordinadora, y a la patronal de las empresas de estiba, Anesco. El contenido de la reforma que ultima el Gobierno no ha sido bien acogida por los estibadores, una circunstancia que ha incrementado la tensión en los puertos, donde está previsto que se celebren asambleas informativas este viernes.

Fomento considera que la reforma permitirá mejorar la competitividad de un sector fundamental para la economía. Los puertos canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país.

A pesar de ello, la estiba se rige en España por un sistema único respecto a otros sectores económicos y otros países de la UE, salvo Bélgica, que también lo está modificando, según informaron en fuentes del Ministerio.

Esta actividad se canaliza a través de las denominadas sociedades de gestión de trabajadores portuarios (Sagep), que son las que tienen contratados a todos los estibadores, todos ellos representados además por un único sindicato. Las empresas de estiba que quieran operar en los puertos públicos deben entrar en el capital de las Sagep y están obligadas a contratar a sus estibadores.

Periodo transitorio de tres años

La reforma pretende acabar con esta obligación y permitir a las estibadoras contratar libremente, y da para ello un periodo transitorio de tres años. En concreto, la norma contempla la desaparición de las Sagep o bien su conversión en centros portuarios de empleo, una especie de empresa de trabajo temporal. Los trabajadores podrán subrogarse a las estibadoras o bien pasar a estos nuevos centros de empleo.

Fomento, a través de Puertos del Estado, reconocerá su capacitación profesional y garantizará la antigüedad y las condiciones y derechos laborales del colectivo de estibadores. El gestor potuario abonará la correspondiente indemnización si un estibador es despedido.

No obstante, la reforma busca también reducir los costes de la estiba, que suponen más de la mitad (entre el 55% y el 56%) del coste total de la manipulación de mercancías en los puertos, por encima de otros países como Alemania (de entre el 37 y el 40%).

El salario medio anual de un estibador puede alcanzar los 60.000 euros anuales y, dada la peculiaridad del trabajo de la estiba (sólo se trabaja cuando llegan o salen barcos), suelen realizar de forma efectiva el 75% de su jornada laboral.

Evitar el conflicto

Fomento negocia desde hace meses esta reforma con las empresas estibadoras y el sindicato del ramo, en busca del mayor consenso y para evitar un eventual conflicto laboral que podría llegar a paralizar la actividad portuaria con el consiguiente perjuicio para la economía, dada la importancia de las exportaciones.

El Ministerio reconoce que no ha podido asumir varias de las peticiones de los trabajadores por las "líneas rojas" planteadas por la UE que, según asegura, debe dar el visto bueno final a la reforma.

Además, Fomento debe aprobar la reforma lo antes posible para evitar la multa de la UE, pendiente de una "inminente" nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Para ello, ya busca también el apoyo de las distintas formaciones políticas, pues se articulará mediante un Real Decreto Ley que requiere posterior convalidación del Congreso.