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Saca a concurso su mantenimiento para hasta cinco años por 42 millones anuales

Fomento decide que el Estado se quede y explote las nueve autopistas 'rescatadas'

28/02/2019 - 

VALÈNCIA. (EP). El Ministerio de Fomento ha decidido que las nueve autopistas de peaje que quebraron y fueron 'rescatadas' por este Departamento sigan siendo propiedad del Estado y no se saquen a concurso público para volver a ceder su explotación a empresas privadas.

Las autopistas quebradas son las cuatro radiales de Madrid, la Eje Aeropuerto que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante. Estas infraestructuras llevan además asociados tramos libres de peaje, como la carretera M-50 de circunvalación de Madrid o parte de la A-7 a su paso por Alicante.

Así lo ha resuelto el departamento que dirige José Luis Ábalos a expensas de lo que en este sentido decida el nuevo equipo del Ministerio que designe el Gobierno que surja de las próximas elecciones.

Por el momento, Fomento aboga por que el Estado se quede con las autopistas y, por ello, ha sacado a concurso el contrato de su mantenimiento para los próximos cinco años.

"Mientras el anterior Ejecutivo decidió volver a poner las autopistas en manos de empresas privadas, sin ejecutar obras de reparación relevantes, el actual Gobierno ha decidido que las infraestructuras sean de titularidad pública y que los ingresos que proporcionan sean destinados a la conservación y la reparación de las mismas", indicó Fomento en un comunicado.

El Ministerio ha sacado a concurso seis contratos en los que ha reestructurado los trabajos de mantenimiento ordinario de estas infraestructuras para los próximos tres años por un importe de 126 millones de euros.

El contrato, valorado en 42 millones de euros al año, es además ampliable hasta los cinco años por periodos semestrales.

Con la relicitación de las vías para devolver su explotación a empresas privadas, el anterior Gobierno pretendía levantar fondos para amortiguar la 'factura' que supondrá a las arcas públicas la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) del Estado ante estas autopistas, esto es, el importe que debe pagar a sus anteriores concesionarios por la inversión que realizaron en su construcción.

Este importe, que Fomento estima en 2.000 millones de euros, pero que los acreedores y el sector concesional elevan hasta casi 5.000, debe ser calculado y abonado antes del próximo mes de julio.

Por el momento, los contratos para el mantenimiento de las autopistas incluyen los trabajos de la reparación ordinaria y de mantenimiento, el cuidado de sus instalaciones eléctricas, la limpieza y la vigilancia en la carretera.

Además de atender a su mantenimiento ordinario, Fomento debe hacer además frente a inversiones de unos 320 millones de euros para solventar el déficit de inversión que arrastran estas vías, que quebraron en cascada a partir de finales de 2012, en plena crisis.

En este sentido, el Ministerio indica que próximamente sacará a concurso obras de reparación de los firmes de las carreteras.

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