VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha puesto en marcha nuevas medidas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias de la Dana en las pedanías afectadas por las inundaciones -Castellar-l'Oliveral, La Torre y Forn d'Alcedo- y otros municipios del área metropolitana, y el gobierno municipal, conformadpo por PP y Vox y dirigido por María José Catalá, reclamará flexibilidad al Gobierno y a la Unión Europea para poder aplicar exenciones fiscales y usar fondos europeos para la reconstrucción.
La Junta de Gobierno Local dio luz verde este lunes a la medidas adicionales después de otras ya implementadas como la activación de una oficina de atención en La Torre, mientras los partidos de la oposición -Compromís y PSPV- reclaman modificaciones presupuestarias a la altura de la catástrofe. Entre las medidas, el gobierno municipal prevé fondos extraordinarios este año y el que viene para las tareas de reconstrucción, así como habilitar viviendas para el realojo de personas afectadas por las inundaciones y la solicitud al Gobierno central para que permita la exención de impuestos municipales a los afectados, y a la Unión Europea para que deje emplear fondos europeos con el mismo fin.
Así consta en las tres mociones aprobadas por el gobierno local, que inician los trámites para modificar el presupuesto municipal vigente en 5 millones de euros para atender "cuantas actuaciones resulten oportunas en respuesta a los afectados y daños causados", así como modificar el presupuesto de 2025, que estaba en trámite para su aprobación en pleno, de cara a incluir "un fondo extraordinario" para atender las necesidades extraordinarias derivadas de la Dana. Con todo, preguntada al respecto, Catalá todavía no aclaró este lunes a cuánto ascenderá esta partida.
En el marco de las medidas económicas, el Ejecutivo local también acordó este lunes instar al Gobierno central, que dirige Pedro Sánchez, para que permita a las personas afectadas "la exención" del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) -lo pagan los negocios que facturan más de un millón de euros-, aunque no se descartan "otros impuestos municipales". Eso sí, compensando el Gobierno al consistorio "por la disminución" de recaudación que pueda suponer este cambio. Además, insta al Gobierno a solicitar a la UE la posibilidad de "destinar los fondos europeos no comprometidos redirigiéndolos hacia actuaciones que permitan dar respuesta a las necesidades surgidas como consecuencia de la catástrofe".
En materia de vivienda, una de las mociones aprobadas por el gobierno municipal faculta al concejal del ramo, Juan Giner, también presidente de la empresa municipal Aumsa, para que tome, en coordinación con la Generalitat Valenciana, "las medidas necesarias" para habilitar "de manera inmediata" el edificio de 8 viviendas adquirido recientemente por el Ayuntamiento en la pedanía de la Torre. Pero también "cualesquiera otras del parque municipal de vivienda" y de Aumsa para atender la urgencia habitacional de "forma puntual y temporal".
Preguntadas al respecto fuentes consistoriales, explicaron que por el momento se ha elegido este primer edificio, pero se estudian otros públicos de los que se pueda disponer. Así, por ejemplo, se planteará, en colaboración con la administración autonómica, la posibilidad de emplear el edificio recientemente finalizado por la Generalitat Valenciana en La Torre, que dispone de 184 viviendas públicas. El Consell había anunciado que este mes adjudicaría dichos inmuebles para alquiler asequible, la mitad para jóvenes, pero tras el temporal catastrófico, el consistorio puede intentar retrasar el proceso, al menos durante un tiempo.
La concejalía de Servicios Sociales, que dirige Marta Torrado, podrá poner en marcha ayudas de emergencia para "atender a aquellas personas que se hayan visto desplazadas con motivo de la catástrofe. Y se habilitará una oficina de atención temporal en La Torre para "la atención directa a los vecinos más afectados", mediante la cual se les informará de todos los trámites que deben realizar para obtener ayudas, entre otras cosas.
Asimismo, se creará la Oficina Única Postemergencia, integrada por los tenientes de alcalde y concejales de Policía y Movilidad; Protección Civil; Limpieza, Residuos, Ciclo del Agua y Cementerios; y Servicios Sociales; y entre otras cosas podrá impulsar convenios con otras administraciones para canalizar ayudas o articular la colaboración con otros municipios del área metropolitana, algo que este mismo lunes solicitaba la oposición, al afear el retraso del Ayuntamiento en mandar efectivos a otras localidades del entorno.
Catalá anunció, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno y al minuto de silencio de toda la corporación, que a partir de este martes se restablece la actividad docente en la ciudad de València y el CEIP Castellar, no así en el resto de las pedanías afectadas por el temporal. Además, transcurrido oficial, desde este lunes las instalaciones municipales "retomarán su actividad ordinaria", y a partir de ahora la concejalía de Movilidad y Policía Local establecerá "el dispositivo que resulte necesario para ordenar el tráfico [...] priorizando la accesibilidad de los vehículos para atender la catástrofe" y recuperar "las condiciones habituales de movilidad en las zonas afectadas".
Tanto Compromís como el PSPV reclamaron este lunes al gobierno municipal un presupuesto de 2025 que sea capaz de hacer frente a la catástrofe. La portavoz de Compromís, Papi Robles, anunció que apoyará las cuentas del año que viene si es de "crisis" y que esté encaminado a "cubrir la emergencia", al considerar que el consistorio no puede "continuar con un presupuesto como si aquí no hubiera pasado nada". "Daremos apoyo a un presupuesto que vaya a cubrir la emergencia, un presupuesto de crisis", afirmó al respecto.
Robles consideró que trabajar en un presupuesto como el que reclama su grupo "se ha de hacer en una comisión conjunta con la oposición". "Nosotros queremos ser responsables, queremos ayudar, queremos aportar soluciones a todo eso", remarcó, para indicar que el PP "ha demostrado que es completamente incapaz de gestionar esta crisis" y subrayó que "se ha de dejar ayudar", al tiempo que aludió a la comisión que se constituyó por la pandemia de la Covid porque "funcionó muy bien". De este modo, instó a utilizar "herramientas" que ya se conocen y a intentar "pactar" un presupuesto como el que pide para dar respuesta a la situación tras la Dana.
Por su parte, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, reclamó un presupuesto "postDana" que dé respuesta a "una realidad que nunca nos habría gustado encontrarnos pero que está presente" tras el temporal, dado que "no tiene sentido reducir la magnitud de los cambios a simplemente los ajustes que se puedan hacer en unos días de manera rápida" y consideró que el presupuesto se tiene que "hablar entre todos los grupos municipales". Por lo que, insistió, los socialistas no tienen "ningún problema" en ponerse "del lado de las soluciones" y mostró su disposición para trabajar "todos a una". "Si algo sobra en estos momentos son codazos y, si algo falta, son manos para ayudar. Pues nosotros aquí somos manos para ayudar", subrayó al respecto.
"Hoy lo hemos vuelto a reiterar, estamos dispuestos a ejercer cualquier responsabilidad que en estos momentos sea necesaria, a aportar nuestro grano de arena para que todos rememos en la misma dirección", expuso, para detallar que en los últimos días su grupo ha detallado "algunos problemas" que han detectado, pero aclaró que no lo hizo "con la voluntad de señalar ninguno de ellos", sino de "mejorar y poder trabajar en una política de reconstrucción y de asistencia en la que el Ayuntamiento tiene que tomar parte". Así, subrayó la importancia de "volcarse" y trabajar "con toda la intensidad" para recuperar no solo las pedanías afectadas sino también otros municipios.