VALÈNCIA. La inteligencia artificial empieza a colarse en un terreno hasta ahora reservado a aspectos financieros, fiscales o laborales. Las due diligence que acompañan a operaciones de compraventa de empresas, fusiones o rondas de inversión comienzan a incorporar el análisis de los sistemas de IA utilizados por las compañías y de su grado de cumplimiento con la normativa europea. Lo que hasta hace poco era una cuestión tecnológica se está convirtiendo también en un factor que puede influir directamente en el valor de una empresa.
"En las operaciones corporativas ya no basta con revisar lo de siempre. Cuando compras o inviertes en una compañía que utiliza inteligencia artificial, hoy hay que entender qué sistemas usa, cómo los clasifica el Reglamento europeo y qué obligaciones le aplican. La AI compliance se está convirtiendo en una capa más de la due diligence, igual que en su día lo fue la protección de datos", afirma Juan Manuel Pérez, socio de Aktion Legal.
Según explica el abogado, el cumplimiento normativo en materia de inteligencia artificial empieza a ganar peso en procesos de fusiones y adquisiciones, rondas de inversión y otras operaciones corporativas. El objetivo es determinar qué herramientas utiliza la compañía, qué nivel de riesgo tienen según la normativa europea y si existen mecanismos internos para garantizar su correcta utilización. La revisión de estos aspectos busca reducir incertidumbres para compradores e inversores en un contexto en el que la inteligencia artificial está cada vez más presente en la actividad empresarial.
"Un buen encaje regulatorio en materia de IA empieza a ser un activo en cualquier transacción, no solo un coste. La compañía que llega a una operación de M&A o ronda de inversión con sus usos de IA bajo control transmite tranquilidad al comprador o al inversor; la que no, abre la puerta a descuentos en el precio, garantías adicionales o retenciones", señala Pérez.
De la protección de datos a la IA
La incorporación de estos análisis responde en gran medida a la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), que establece obligaciones específicas en función del nivel de riesgo de cada sistema. Aunque muchas compañías asocian la inteligencia artificial únicamente a herramientas generativas como ChatGPT o Copilot, la normativa afecta a un abanico mucho más amplio de aplicaciones utilizadas en ámbitos como los recursos humanos, la atención al cliente, la concesión de créditos, la educación o la gestión de servicios esenciales.
El reglamento clasifica los sistemas en diferentes categorías de riesgo. En el extremo más restrictivo se sitúan las aplicaciones prohibidas, mientras que los sistemas considerados de alto riesgo pueden utilizarse, pero deben cumplir requisitos estrictos de supervisión, documentación, trazabilidad y control humano. Entre ellos figuran determinadas herramientas de selección de personal, evaluación de candidatos, acceso a servicios esenciales, scoring crediticio, prevención del fraude o determinados usos en educación y sanidad.
- Juan Manuel Perez, socio de Aktion Legal -
- Foto: Eva Máñez
La futura Ley de Gobernanza de la Inteligencia Artificial que tramita España complementará este marco europeo y servirá para articular el sistema nacional de supervisión. Aunque las obligaciones principales derivan directamente del AI Act, la norma española concretará las autoridades competentes y el régimen de vigilancia para garantizar su cumplimiento. "Muchas empresas utilizan inteligencia artificial sin ser plenamente conscientes de ello. Herramientas de selección de personal, sistemas de atención al cliente, aplicaciones de análisis de datos o soluciones generativas ya forman parte del día a día de muchas organizaciones. El primer paso es saber exactamente qué se está utilizando y para qué", explica Pérez.
La IA como activo (o riesgo) para los inversores
La creciente importancia de la inteligencia artificial en las operaciones corporativas está llevando a compradores e inversores a examinar aspectos que hasta hace poco apenas formaban parte de las revisiones previas. La existencia de inventarios de sistemas, políticas internas de uso, mecanismos de supervisión humana o procedimientos de evaluación de riesgos empieza a considerarse una señal de madurez y control por parte de las compañías.
Por el contrario, la ausencia de controles, la falta de documentación o el desconocimiento de las obligaciones regulatorias pueden convertirse en elementos que generen incertidumbre durante una negociación. Igual que ocurre con los riesgos fiscales, laborales o de protección de datos, los potenciales incumplimientos en materia de inteligencia artificial empiezan a incorporarse a la valoración global de una empresa.
Precisamente por ello, uno de los principales retos para las organizaciones pasa por identificar los sistemas de inteligencia artificial presentes en la compañía y evaluar qué obligaciones regulatorias les corresponden. Los expertos recomiendan elaborar inventarios internos de herramientas, revisar los contratos con proveedores tecnológicos, establecer procedimientos de supervisión y definir políticas de uso que permitan acreditar el cumplimiento de la normativa.
La relación con los proveedores adquiere especial relevancia porque muchas empresas no desarrollan sus propios sistemas de inteligencia artificial, sino que utilizan soluciones de terceros. En estos casos, resulta necesario revisar qué garantías ofrece cada proveedor, cómo se distribuyen las responsabilidades y qué obligaciones asume cada parte en relación con el cumplimiento de la normativa europea.
La gobernanza de la inteligencia artificial se perfila así como una nueva área de trabajo para las empresas. Igual que ocurrió hace años con la protección de datos o los programas de cumplimiento normativo, la IA comienza a exigir procesos internos, responsabilidades definidas y mecanismos de control que permitan gestionar los riesgos asociados a su utilización.
