Francis Puig y sus socios piden el archivo de la causa por no haber delito 

VALÈNCIA. Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, y sus considerados socios, los Adell Bover, han presentado ante el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia sendos escritos para pedir el archivo de la causa sobre presunto fraude de subvenciones al no haber delito. 

Las defensas de ambos se han pronunciado de esta manera en las alegaciones a raíz del último informe aportado por la Guardia Civil al procedimiento, iniciado tras una querella del PPCV y que indaga en la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat Valenciana, de la catalana y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018. Todas ellas están vinculadas a Francis Puig y los Adell Bover. 

La instrucción se encuentra finalizada desde hace más de un año. La Audiencia de Valencia así lo determinó, de manera sobrevenida, tras un error del juzgado, por lo que sólo restaba la presentación de las últimas pruebas practicadas y los pronunciamientos de las partes. Con todo ello, y a falta de lo que solicite la Fiscalía, ahora el juzgado deberá decidir si archiva la causa o si dicta auto de procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– para los investigados, lo que supondría el paso previo a la apertura de juicio oral. 

La Guardia Civil remitió su último informe el pasado marzo. De 446 páginas, no cuantificó las subvenciones recibidas presuntamente de manera irregular (cantidad que resulta relevante determinar para seguir adelante o no con la causa), sino que expuso un pormenorizado análisis de facturas de las empresas vinculadas a Francis Puig y los Adell Bover a las que se concedieron las ayudas públicas. 

Lo que se encontraron los agentes es, básicamente, lo que ya sabían. Eso sí, en mayor detalle. Algo que en todo caso era útil porque corroboraba su tesis en lugar de contradecirla. Pero en relevancia judicial no aportó extraordinarias novedades más allá de ciertas cuestiones llamativas y que venían a acreditar lo que se ha investigado hasta la fecha: la existencia de facturas cruzadas entre las mercantiles de Puig y los Adell Bover; duplicidad en la facturación (mismos servicios que se aportaron tanto a la Generalitat Valenciana como a la catalana para optar a las ayudas); material creado el año anterior a la cumplimentación de las facturas, por lo que no respondía a ese ejercicio; y contenidos que no se correspondían con el concepto de la subvención (es decir, que presentaron gastos para justificar las ayudas que no tocaba).

En este último apartado aparecieron algunos llamativos ejemplos. Pero uno de los más repetidos a lo largo de varias páginas del informe fue el de los contenidos en castellano para justificar unas ayudas, cabe recordar, dirigidas al fomento del valenciano.  

Las defensas de los acusados, sin embargo, hacen hincapié en sus escritos en que nada de ello resulta delictivo. En su opinión, los informes de la Guardia Civil acreditan que no se ha alterado o simulado documento alguno ni se ha faltado a la verdad ni en la solicitud ni en la justificación de las subvenciones recibidas. "En definitiva, no existe en la causa informe
alguno que, por un lado, justifique que se haya superado el umbral de los 120.000 euros que exigía el artículo 308 del Código Penal para el fraude de subvenciones, o por otro, justifique que se haya cometido cualquier tipo de falsedad documental", indica el abogado de Francis Puig. 

El letrado reprocha a los agentes que hayan obviado consultar la "ingente documentación" aportada tanto de la mercantil Comunicacions del Ports como de Mas Mut Produccions y su "absoluto desconocimiento" acerca del mercado audiovisual. Además, remarca que el informe no aporte conclusiones, como sí ocurrió en otros como el de la Intervención de la Generalitat. 

La defensa de Francis Puig entra a argumentar puntos concretos del escrito de la Guardia Civil. Por ejemplo, la polémica de los contenidos en castellano. Indica, así, que los agentes "confunden las imágenes suministradas con los contenidos que luego se emiten o son
aprovechados por los medios de Comunicacions dels Ports, que siempre son en valenciano". "Se pueden recibir contenidos en valenciano/castellano/inglés o cualquier otra lengua, porque estos contenidos se pueden aprovechar sólo como imagen o bien por la información que aportan independientemente de la lengua en que se hayan proporcionado. Se trata, pues, de contenidos que no se emiten tal como se suministran", explica.

Entre los servicios de contenidos para Comunicacions dels Ports también figuraba un reportaje sobre la boda de Enrique Adell con más de 20 archivos de vídeo con audio en castellano y únicamente siete en valenciano. Ante esto, las defensas explican que es "algo habitual disponer de recursos de archivo para emitirlos en noticias y su difusión en reportajes", algo que no debe llevar "a interpretaciones sesgadas".

No se ha acreditado irregularidad alguna

"Lo cierto es que practicada la prueba podemos afirmar sin ninguna duda que no existe indicio alguno de la comisión de delito alguno. La acusación, tanto pública como popular, no ha acreditado la existencia de irregularidad alguna en la actuación de Francis Puig. Ni por un delito de fraude de subvenciones ni por cualquier otro de los curiosos delitos que se mencionaban en el escrito de querella y sus posteriores ampliaciones", remarca el abogado del empresario.

Respecto al delito de prevaricación o el de malversación, considera que su autoría queda determinada por la condición de funcionario público de la que él no participa. En cuanto al de fraude de subvenciones, prosigue, "lamentablemente se admitió la querella sin exigir a su promotora que justificara, siquiera indiciariamente, que la cuantía presuntamente defraudada superaba los 120.000 euros. Requisito de procedibilidad del que nadie se acordó entonces". "Desde un principio, y a partir de la documentación remitida por las administraciones que habían concedido las subvenciones, se comprobó que no se superaba dicho umbral vigente en el periodo de comprobación y que, por tanto, no cabía en ningún caso hablar de un fraude de subvenciones. En cuanto a las subvenciones concedidas por la Generalitat catalana, apunta que no existe informe "que determine la percepción indebida de importe alguno". 

"De todo lo anteriormente expuesto cabe concluir que en ningún ejercicio ni expediente de subvención se supera la cuantía de 120.000 euros lo que excluye que nos encontremos ante hechos penalmente típicos", sostiene. "En lo que a las empresas Comunicacions dels
Ports y Mas Mut se refiere y en relación a todos los expedientes de subvención comprobados, los planes de control han finalizado en todos los casos con resolución favorable, no instruyéndose ningún procedimiento de reintegro por parte de ninguna administración pública", agrega. 

Conviene aclarar, dice el escrito, y "dadas las dudas manifestadas por la acusaciónpopular", que es  "perfectamente posible aportar unas mismas facturas en distintos expedientes de subvención". "La única limitación existente es que el importe subvencionado en sendos expedientes no supere el coste de la actividad. No obra en la causa prueba o indicio alguno que acredite que en alguna ocasión o año se pudiera superar ese límite. Como tampoco existe informe o pericia que concrete qué facturas se han podido aportar en distintos expedientes, cuál es su importe y, sobre todo, si en una u otra administración esos costes han sido realmente subvencionados", concluye.