Foto: EVA MÁÑEZ
La Audiencia cree al 'Bigotes' y sienta en el banquillo a Camps
VALÈNCIA. El juez del caso Gürtel, José de la Mata, ha dictado auto de apertura de juicio oral al expresident de la Generalitat Francisco Camps por la adjudicación presuntamente irregular a la trama de Francisco Correa de un expositor en Fitur 2009.
De la Mata le envía al banquillo por los delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias, si bien rechaza hacerlo por el de malversación al no haber sido investigado en esta pieza por ese último delito. El magistrado ha adoptado esta decisión en un auto, contra el que no cabe recurso, después de que la Sala de lo Penal confirmara su procesamiento por estos hechos
El instructor considera que ha quedado acreditado que “con el fin de favorecer los intereses económicos de Orange Market, tal y como había ocurrido en las ediciones anteriores de Fitur, y para contentar a sus gestores ante la elevada deuda acumulada hasta el año 2008 en favor de dicha mercantil por la celebración de actos del Partido Popular en dicha comunidad autónoma, Álvaro Pérez Alonso y Cándido Herrero Martínez, bajo la superior dirección de Francisco Correa Sánchez y de Pablo Crespo Sabaris, se concertaron con el acusado Francisco Camps Ortiz para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del 'stand de Grandes Proyectos' fuera directamente adjudicado a Orange Market, al margen de la tramitación de procedimiento de contratación alguno”.
Además, actuaron para que dicha adjudicación ilícita no la asumiera la Agencia Valenciana de turismo como hasta entonces, sino directamente Presidencia de la Generalitat a través de la Dirección General de Promoción Institucional como centro directivo "bajo la autoridad del Presidente" conforme al Reglamento Orgánico y Funcional de la Presidencia de la Generalitat y de la Consellería de Presidencia (Decreto 115/07 de 27 de julio), y el Reglamento Orgánico y Funcional de la Presidencia de la Generalitat y de la Consellería de Presidencia aprobado en 2008 (Decreto 193/2008 de 5 de diciembre).
El juez detalla a lo largo de la resolución los indicios acumulados y señala que "no estamos ante una declaración aislada e inconexa" de unas personas investigadas cuyo testimonio, como invoca la defensa de Camps, por el hecho de serlo o por oscuros interese personales, resulta inverosímil. Sino que, subraya el juez “estamos ante un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat participó en el direccionamiento del contrato de Grandes Eventos Fitur 2009 a favor de Orange Market como parte del más amplio contrato Fitur 2009”.
Y todo ello, según el instructor, “lo hizo para favorecer a Orange Market, como venía haciendo desde 2005, a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda que el Partido Popular de la Comunitat tenía con la empresa, y su colaboración al aceptar las ilegales fórmulas de pago que el Partido Popular utilizaba para ir cancelando la indicada deuda. Ibars Sancho, en definitiva, sí recibió indicaciones de sus superiores en la Generalitat, y más concretamente de Camps Ortiz, para que actuara en la forma que lo hizo".
Una vez analizados los hechos, el juez argumenta que encajan dentro del delito de prevaricación en tanto que la adjudicación a Orange Market se basó en “actos verbales, que aprobaron lisa y llanamente una contratación directa, sin más trámites. Fueron por tanto actos decisorios de la Administración que ampararon una situación en la que se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley y, de hecho, de cualquier clase de procedimiento, vulnerando con ello de manera evidente los principios de legalidad, igualdad, concurrencia y publicidad que han de estar presentes en la actuación de la Administración”.
Se trató de una actuación injusta llevada a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas que pudieran estar interesadas en concursar y que hubieran podido realizar la oferta más ventajosa para los intereses públicos, explica el magistrado.
Respecto al delito de fraude a las administraciones públicas que incluye el fiscal en su escrito de acusación, De la mata considera no descartable que Camps e Ibar acordaran un plan criminal siguiendo esta última las indicaciones de Camps y pusieran en marcha ciertos artificios con la finalidad de llevarlo a cabo, organizando los procesos de contratación de modo que se aseguraran que Orange Market fuera finalmente la adjudicataria de las construcción de los stands de Grandes Eventos.
En cuanto al delito de tráfico de influencia que incluye la acusación popular en su escrito de acusación, el juez entiende también razonable sostener que Camps Ortiz ejerció influencia sobre Ibars Sancho para conseguir que esta “diera las órdenes inapelables para que se le adjudicasen a Orange Market (que obtuvo un beneficio económico directo por ello) los trabajos relativos al montaje del referido stand de Grandes Proyectos.
