El grupo del PPCV este martes en el Debate de Política General. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Antes de que comenzaran las vacaciones de verano, PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos modificaron el formato del Debate de Política General. La reforma del Reglamento de Les Corts impedía que cada grupo parlamentario pudiera registrar más de 12 propuestas de resolución. Una limitación que pretendía evitar que se repitieran situaciones como las del año pasado en las que un solo partido, el PPCV, llegó a registrar 1.017 propuestas. Una maniobra que fue interpretada por el resto de fuerzas políticas como un intento de "bloquear y desvirtuar" el Debate, y no de ejercer de oposición.
El cambio de modelo no cayó nada bien en el partido que lidera Isabel Bonig, que encontró una manera de burlar la limitación: cada propuesta contendría varios subpuntos, y así lograrían incluso superar la cantidad del año anterior. De hecho, llegaron a las 1.051. La travesura, no obstante, les salió regular. Presentar peticiones "a peso", derivó en que se les colaran, como el año pasado, varios gazapos.
Si el año pasado en el grupo parlamentario del PPCV se recorrieron toda la geografía de la Comunitat Valenciana para pedir que se declarara Bien de Interés Cultural (BIC) los castillos de cada municipio -incluso algunos que no existían-, este año los populares quisieron superar las fronteras de la autonomía valenciana.
Pidieron al Consell que dentro "de sus competencias de inspección y control del transporte discrecional que discurre por la Comunidad Autónoma de Andalucía" se reforzara "la actividad y inspectora y sancionadora para detectar y eliminar prácticas de intrusismo por captación ilegal de clientes y operación en las áreas de influencia del taxi". El copy-paste llevó a que solicitaran a la Generalitat que ejerciera controles en una autonomía en la que, obviamente, no tiene competencias.
No fue el único. Con las prisas, algún diputado dejó la razón de ser de su propuesta de resolución incompleta o no encontró motivos que la justificaran, como deslizó la diputada de Compromís, Mireia Mollà este jueves. "Complementar la gestión directa a través del modelo concesional a la colaboración público privada para ". No hay continuación.
Además de estos deslices, el partido de la gaviota ha cambiado de postura en algunas cuestiones. El pasado 14 de junio votó en contra de la Ley de Muerte Digna porque, a su juicio, era una norma "pro eutanasia". Este jueves, sin embargo, pidió al Consell que la dote de presupuesto.
