Función Pública aborda esta semana con los sindicatos las retribuciones de funcionario

MADRID (EP). El Ministerio de Política Territorial y Función Pública en funciones ha convocado para este miércoles a los sindicatos del Área Pública a una reunión de la mesa de trabajo sobre retribuciones en la que previsiblemente se abordará la subida salarial adicional del 0,25% de los empleados públicos ligada al PIB, según han informado a Europa Press en fuentes sindicales.

El Ejecutivo venía asegurando desde principios de año que la posible subida adicional del 0,25% del salario de los funcionarios ligada al PIB --ya asegurada tras confirmar el INE que la economía creció un 2,6% en 2018-- se reflejaría a partir del mes de julio. Sin embargo, los sindicatos temen que la subida no se incluirá en las nóminas hasta por lo menos el mes de agosto.

El Gobierno sí garantiza la subida adicional del 0,25% ligada al PIB con efectos desde el 1 de julio, pero sin una fecha definitiva establecida para su aplicación, al estar pendiente la aprobación de un acuerdo en el Consejo de Ministros, según indicaron a Europa Press en fuentes gubernamentales.

Por ello, los sindicatos creen que la subida no se reflejará en las nóminas de julio, ya que la Administración las prepara en los diez primeros días del mes previo y sin embargo el Consejo de Ministros no aprobó el pasado viernes el acuerdo que tiene que autorizar el Ministerio de Hacienda para que se pueda incluir la subida adicional en los emolumentos de los empleados públicos.

Por ello, creen que, a falta de alguna medida que lo habilite esta semana, previsiblemente la subida no se reflejará en las nóminas de julio y no lo hará ya hasta como mínimo el mes de agosto.

Subida ligada al PIB

El Congreso aprobó en enero el real decreto por el que se aprobaban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público, que contemplaba la subida de al menos un 2,25%, que ya entró en vigor el pasado 1 de enero, de la retribución de 2,5 millones de empleados públicos para el ejercicio 2019.

A esta cifra se le sumará otro 0,25% adicional ligado a la evolución del PIB, ya que en el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Mariano Rajoy con los sindicatos y en el decreto aprobado a finales de diciembre del año pasado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez quedó recogido que si el PIB registraba un crecimiento igual o superior al 2,5% se añadiría una subida salarial adicional del 0,25%.

Dado que el INE confirmó en marzo que la economía española creció un 2,6% el ejercicio pasado, los funcionarios verán incrementada su subida salarial en otro 0,25%, que sumado al alza del 2,25% de enero eleva la subida salarial de este año al 2,5%.

A la subida salarial del 2,5% asegurada para este año podría sumarse también otro 0,25% de fondos adicionales, si bien este alza debe ser negociado por los sindicatos con cada administración, según lo fijado en los acuerdos con los sindicatos.

Entre 60 y 150 euros más al año

Según datos de CC.OO., la subida adicional del 0,25% en la Administración local, supondrá para el personal administrativo o policías que estén en el Grupo C, entre 70-75 euros más de salario por año completo, mientras que para el personal técnico superior del grupo A el incremento se elevará a unos 150 euros anuales.

En cuanto a los empleados públicos de Sanidad, la subida salarial adicional del 0,25% supondrá unos 58,78 euros anuales para el grupo A y unos 31,3 euros para el grupo E. El coste total en todo el Estado en Sanidad alcanzará los 10,61 millones de euros, según cálculos de CC.OO.

UGT estima que el alza adicional del 0,25% ligado al PIB para todos los empleados públicos de todas las administraciones rondará los 280 millones de euros.

Personal laboral

En el encuentro de esta semana los sindicatos volverán a reclamar, como ya hizo UGT en una carta remitida a la ministra de Función Pública, Meritxell Batet, que se incluya en la nómina del mes de junio la paga única y lineal de 280 euros anuales comprometida para todo el personal laboral del Convenio Único de la Administración General del Estado (AGE), unas 40.000 personas. UGT calcula un coste de 10,17 millones de euros.

En esta línea, CSIF viene reclamando desde marzo al Gobierno que haga efectiva la subida salarial pactada del 0,25%.