Fundación La Fe, la manzana envenenada de Montón

VALÈNCIA. Es cierto, y lo diré donde me pregunten, que me alegré mucho de la decisión del president (Ximo) Puig cuando nombró a la señora (Ana) Barceló consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. Pero es también cierto que los días de gracia ya han pasado, y no podemos estar permanentemente echándole la culpa de lo que pasa a los otros.

Le tengo un gran aprecio a la señora Barceló, pero he de recordarle que recibió una herencia de la exministra Montón, compañera de bancada y de partido, de esas a las que, a veces, los familiares del finado han de renunciar por encontrarse con un pésimo legado. La cesta de manzanas estaba llena de irregularidades y gusanos que le van a suponer una carga extraordinaria a la actual consellera. Barceló va a tener que dedicar mucho tiempo y esfuerzo en revertir las chapuzas que se cometieron en los dos largos años de pésima gestión de la pretérita titular de la cartera. Y mucho me temo que Barceló acabará la legislatura sin encontrar solución a tal despropósito, dejando a las valencianas y valencianos desprotegidos.

Una de las manzanas envenenadas que Montón ha dejado en la cesta la encontramos en la gestión del Instituto de Investigación de la Fe, más conocida como Fundación La Fe. Un asunto que mi compañero Juan Córdoba ha puesto sobre la mesa en múltiples ocasiones, gracias a las sucesivas denuncias formuladas por este diputado hasta la saciedad, sin encontrar respuesta alguna por parte de la Conselleria. Es más, me atrevería a decir que se ha enfrentado a una obstrucción a su labor parlamentaria.

La Fundación La Fe es una entidad pública que depende de la Conselleria de Sanidad y que es fiscalizada por la Intervención General y la Abogacía de la Generalitat. Se gestiona a través de un Patronato y su Junta de Gobierno, siendo la consellera Barceló la que ostenta la presidencia de dicho Patronato; y la señora Mónica Almiñana, actual gerente del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, la vicepresidencia.

Al tratarse de una fundación de carácter público, es necesario que toda la información y documentación relacionada con la misma sea accesible a cualquier persona, incluido estos humildes diputados, a través del Portal de Transparencia, bien de la propia Fundación o bien de la Conselleria. Todo ello en aras de cumplir con la legislación vigente en materia de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Pues bien, la Fundación no ha publicado, y con ello ocultado durante demasiado tiempo, información relevante que el diputado Córdoba ha tenido que solicitar directamente a la Conselleria para poder desarrollar de modo satisfactorio sus funciones parlamentarias. Entre ellas, se encuentra la que reclamó en enero de 2018, para que informaran de algo tan obvio como es la relación de proveedores de la Fundación, la relación de puestos de trabajo y las autorizaciones de las contrataciones por parte de la Abogacía de la Generalitat, en particular del contrato de arrendamiento del suelo del hospital.

Pero no toda esta historia va de transparencia. La responsabilidad e irregularidades cometidas van más allá, extendiéndose también a los gobiernos del PP. En abril de 2018 los medios de comunicación se hicieron eco de unas presuntas ‘chorizadas’ que comenzaron en 2013 y que se han mantenido en el tiempo, y que fueron denunciadas por la Intervención General de la Generalitat Valenciana. Sangrantes son las auditorías que la propia Intervención realizó sobre la gestión del anterior director gerente de la Fundación, José María Millán, desvelando la existencia de una empresa fantasma, Advanced Bioanalytical Services SLU, carente de recursos humanos ni materiales, y participada al 100% por la Fundación. Esta empresa tenía los reaños de facturar servicios a la Fundación por importes que ascendían a 70.000 euros, con el objetivo de acceder y justificar subvenciones públicas. 

Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la señora Almiñana, vicepresidenta de la Fundación, por parte de algunos trabajadores, que, en lugar de recibir los agradecimientos y reconocimientos, fueron despedidos por informar de estas irregularidades. Como consecuencia de estos gravísimos hechos, Juan Córdoba ha pedido en numerosas ocasiones el cese de Mónica Almiñana, algo que la consellera no ha hecho efectivo, por encontrarse estos nombramientos anteriores entre el lote del legado de la exministra Montón.

El súmmum de los despropósitos lo encontramos en el arrendamiento de suelo público de la Fundación. En concreto, parte de la Torre A del Hospital La Fe para uso del Instituto Valenciano de Infertilidad. En enero de 2018, desde el grupo parlamentario Ciudadanos, preguntamos a la Conselleria de Sanidad por ese supuesto arrendamiento. “¿Eso qué es?”, nos contestaron. Que estábamos locos y que no sabíamos de que hablábamos. Pues bien, la Conselleria volvía a mentir. Teníamos en nuestro poder una copia del contrato de arrendamiento en el que evidenciábamos que la Fundación La Fe alquiló el  20 de marzo de 2017, 621 metros cuadrados por un periodo de cuatro años y con una contraprestación de 6.000 euros mensuales y otra de 118.000 euros anuales. Este alquiler se hizo obviando la preceptiva autorización de la Abogacía de la Generalitat.

La última manzana podrida con la que va a tener que lidiar la consellera Barceló dará para otro sainete. Porque estamos a la espera de que nos informen sobre la indemnización que ha percibido Sabrina Femenía, la ex directora económica de la Fundación, como compensación a su cese en la misma. El portavoz adjunto de Cs en Les Corts, Juan Córdoba, solicitó en julio de 2018 a la Conselleria de Sanidad que se le facilitara el importe de la indemnización por este despido. Lejos de contestarle con un simple oficio, la Conselleria, el pasado septiembre, pide una prórroga de quince días, plazo que ya se ha agotado, y este diputado sigue sin recibir respuesta, obligándole a solicitar amparo a la Mesa de Les Corts por tal despropósito. La Conselleria, en su afán de ocultar esta información, alega que, al tratarse de datos de carácter personal, no se pueden facilitar al diputado, algo que carece de toda lógica.

Seguiremos informando.

Emilio Argüeso es secretario de Organización de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana y secretario primero de la Mesa de Les Corts.