Gandia: La Fiscalía abre diligencias tras la denuncia de los dos asesores expulsados de C's

GANDIA. La adjudicación del centro deportivo Roís de Corella a la empresa Te Toca Safor SL, dirigida por el militante de Ciudadanos Vicente Escolano Merí y que supuso una fisura dentro de la formación naranja en Gandia, puede tener irregularidades. Así lo ha determinado la Fiscalía Provincial de Valencia, que ha incoado Diligencias de Investigación Penal. 

Unas diligencias que se abren fruto de la denuncia interpuesta por Maximiliano Doncel y Daniel Martí, hasta hace poco asesores del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gandia. En su denuncia, los exasesores explicaron que Vicente Escolano Merí, el administrador único de Te Toca Safor SL, dispone de una prohibición por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con fecha de 15 de septiembre de 2014, donde se le prohíbe durante cuatro años (hasta 2018), contratar temporalmente a tenor del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

De ahí que Doncel decidiera presentar en su nombre la documentación a la Fiscalía. En su escrito, la fiscal señala que “esta Fiscalía se ha incoado las Diligencias de Investigación Penal y designado Fiscal Instructor para que conozca de las mismas”.

Dicha denuncia llevó a la formación naranja a abrir un expediente de expulsión a Doncel y Martí por parte del delegado territorial en la Comunitat Valenciana y Murcia, Emilio Argueso, y del subdelegado territorial en la provincia de Valencia, Juan Córdoba. Además, fueron cesados en sus cargos dentro de la corporación gandiense por la pérdida de confianza de Ciro Palmer, presidente y único concejal de Ciudadanos en Gandia.

"Mientras el gobierno ha dicho que todo estaba bien, ahora la Fiscalía Provincial de Valencia nos da la razón de que hay algo que no está bien y que hay que investigar”, ha expresado Maximiliano Doncel haciendo referencia a la insistencia del ejecutivo local de que no hay ninguna ilegalidad en el proceso de la adjudicación. Asimismo, sostiene que  de seguir su curso la denuncia “el gobierno deberá asumir sus responsabilidades".

Para Daniel Martí -número 2 en la lista electoral de C’s en Gandia-, la apertura de diligencias "representa que no estábamos tan equivocados como algunos decían, y que fuimos apartados del partido y del trabajo sin ninguna razón por Palmer, quien tenía conocimiento tanto de la rueda de prensa como de la denuncia en fiscalía".

La respuesta del gobierno municipal en torno a este asunto ha sido en todo momento clara: El proceso de adjudicación ha sido completamente legal. Ha reiterado su voluntad de “colaborar con la Justicia y aportar toda la documentación necesaria y que consta en el expediente”. Asimismo, el portavoz del ejecutivo local, José Manuel Prieto, expresó que “no consta ninguna inscripción de la empresa adjudicataria en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público del Ministerio ni en el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat”.

También cabe recordar que dada la contradicción existente entre la documentación aportada sobre la inexistencia de inhabilitación del concesionario del Centro Deportivo Roís de Corella y la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a Escolano por un delito contra la Hacienda Pública, el gobierno preguntó a la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda cómo proceder ante la adjudicación.