VALÈNCIA. El Consell ha ratificado la resolución de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por la que garantiza el abono del servicio a las entidades de acción concertada de servicios sociales de la misma manera que si se estuviera prestando en los lugares habituales, a pesar de que todos los centros de atención diurna y ambulatoria han cesado su actividad como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
La resolución establece el pago de las plazas como si estuvieran ocupadas, con el objetivo de garantizar la necesaria asistencia a las personas usuarias de los centros de atención diurna y ambulatoria de servicios sociales y dado que los equipos profesionales de los centros en los que se ha suspendido la actividad están garantizando la atención domiciliaria y el seguimiento a las personas usuarias.
Esta medida, que estará vigente todo el tiempo en que se mantenga la suspensión de la actividad, afecta a las plazas concertadas en el ámbito de personas con diversidad funcional, personas mayores e infancia y adolescencia, así como a los servicios de carácter ambulatorio, como son las oficinas Orienta, que atiende al colectivo LGTBI, o el programa Kumpania, de atención a la infancia y la adolescencia gitana.
La conselleria tiene concertadas cerca de 8.000 plazas en el ámbito de la diversidad funcional, entre residencias y centros de día, que suponen una inversión al año de alrededor de 114 millones de euros, mientras que en mayores se trata de alrededor de 2.300, entre recursos de atención diurna y residenciales, con un coste anual de más de 39 millones de euros. En infancia hay unas 730 plazas concertadas en centros de día, que cuentan con un presupuesto anual de más de 5 millones de euros.
Igualdad adopta esta resolución ante la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, que lleva aparejada consecuencias económicas que hacen necesario afrontar el impacto económico y social ocasionado por la referida pandemia Covid-19 y que podría repercutir directamente sobre la situación socio-económica de entidades, como las de iniciativa social, si la suspensión de sus actividades comportase la interrupción del abono del precio de las plazas concertadas por parte de la administración pública.
En este contexto, y debido a la situación de extraordinaria vulnerabilidad en la que se encuentran muchas de las personas usuarias de los centros de atención diurna y ambulatoria del sistema público valenciano de servicios sociales suspendidos de actividad, mediante la Instrucción número 3 de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de 18 de marzo de 2020, se ha derivado al personal de dichos centros a realizar atención domiciliaria y seguimiento de las personas usuarias.
El cálculo del pago se realizará teniendo en cuenta que se considerará plaza ocupada aquella que lo hubiese estado a fecha de 13 de marzo y se abonará como no ocupada aquella que no lo hubiese estado en dicha fecha.
Las entidades afectadas por la suspensión de la actividad de los centros de atención diurna y ambulatoria de servicios sociales deben cumplir con las obligaciones reguladas en cada convocatoria y, en especial, con lo referente al mantenimiento de los requisitos y ratio de personal en relación con las prestaciones y número de personas atendidas según se determina por la normativa en la tipología de cada recurso.