VALÈNCIA. (EFE) El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha acudido este jueves a la sede de la empresa pública Divalterra para informar a los miembros del comité, integrado por los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, sobre la hoja de ruta para el futuro de la empresa, que contempla garantizar los actuales puestos de trabajo.
Según un comunicado de la institución provincial, Gaspar también ha informado de esta hoja de ruta a los distintos grupos políticos que conforman el ejecutivo provincial y a los responsables de los partidos de la oposición con la intención de obtener el máximo consenso posible en su elaboración.
El futuro de Divalterra, con cerca de setecientos trabajadores y un presupuesto que en el presente ejercicio roza los 23 millones de euros, pasa por los informes encargados a los servicios jurídicos de la corporación, que determinarán las opciones viables para su transformación jurídica, entre las que decidirá el nuevo consejo de la empresa.
En la próxima Junta General de Divalterra habrá de dos puntos del día: el nombramiento del nuevo consejo, que contará con doce miembros (frente a los catorce de la etapa anterior), y la adopción de la nueva figura jurídica de la empresa, que podría constituirse como autónoma, como es el caso del Patronat de Turisme o el Palau de la Música, o como entidad pública empresarial, como es el Palacio de Congresos, por ejemplo.
En cualquier caso, la intención del equipo de gobierno de la Diputación es "garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo en Divalterra, como avanzaron el presidente y la vicepresidenta en los días previos y posteriores al nombramiento de Toni Gaspar", han explicado en el comunicado.
Los responsables políticos de la institución han buscado la "buena sintonía" con todas las partes implicadas en el futuro de Divalterra, "esbozando la composición de un consejo paritario entre políticos y técnicos" y con una novedad: la presencia de un representante de los trabajadores.
De esta forma, los trabajadores de Divalterra tendrán voz y voto en el futuro de la empresa, al estar dentro de un consejo que contará además con seis representantes políticos, uno por partido, y cinco funcionarios técnicos, entre los que habrá una importante presencia de habilitados nacionales, así como también la de un consejero delegado.
Una vez nombrado el consejo y resuelta la figura jurídica sobre la que operará la empresa, se podrán tratar otras cuestiones internas, además de las reivindicaciones laborales que la plantilla ha mantenido en los últimos años.
