VALÈNCIA. Las Administraciones públicas valencianas (Generalitat, diputaciones y ayuntamientos) incrementaron en 2021 un 11,7 % su gasto en servicios sociales respecto al año anterior, al pasar de 413 euros por habitante a 461,4, cuantía que por primera vez alcanzó la media estatal (462,7 euros).

Así lo recoge el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales, hecho público este viernes y que evalúa las prestaciones sociales de las comunidades autónomas tras la pandemia, a través del índice DEC, que mide el gasto y las coberturas que ofrecen a los usuarios.

El documento otorga a la Comunitat en 2021 una nota de 4'82 sobre 10 en sus servicios sociales, con lo que ocupa el decimosegundo puesto en la clasificación autonómica, si bien señala que desde 2015 ha experimentado "un gran cambio de tendencia positivo", al pasar de un desarrollo "irrelevante", con 0'60 puntos, a uno "débil".

Según el informe, Andalucía, Cantabria y Murcia disponen de unas prestaciones "irrelevantes" en esta materia; en Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana, Cataluña y Madrid son "débiles"; en Baleares, Aragón, Galicia y Canarias son "medio bajas" y en Navarra, Castilla y León, La Rioja, Asturias, País Vasco y Extremadura, son "medias".

El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, ha destacado que las dos comunidades que más han avanzado en servicios sociales han sido Canarias y la Comunitat Valenciana.

El documento destaca especialmente el cambio en los servicios sociales de la Comunitat de 2015 a 2022 en cuanto a ordenación del sistema y en relevancia económica, aunque alerta de que en los dos últimos años esta mejora no se ha visto reflejada en una mayor cobertura de prestaciones y servicios, que incluso registra un ligero retroceso.

Asimismo, resalta el esfuerzo de desarrollo normativo y la ordenación del sistema de servicios sociales en la Comunitat, iniciado con la aprobación de una ley de nueva generación, que reconoce derechos subjetivos, y su concreción en un Catálogo, y complementado con una planificación estratégica, "hasta entonces inexistente".

En cuanto a la relevancia económica de estos servicios, en relación con el PIB regional el gasto del conjunto de administraciones públicas valencianas en servicios sociales representó en 2021 el 2,09 %, 0,11 puntos más que el año anterior, en un año en el que la media estatal retrocedió, con lo que se sitúa claramente por encima de esta media (1,82 %).

El informe destaca que en 2014 el porcentaje del PIB que la Comunitat destinaba a servicios sociales públicos era solo del 1,04 %, de manera que en siete años ha duplicado este porcentaje, mientras que el porcentaje del presupuesto total que las Administraciones públicas valencianas ha aumentado del 7,35 % en 2020 al 8,43 % en 2021, aunque sigue por debajo de la media estatal (9,27 %).

El peso de la financiación local sobre el total del gasto en servicios sociales en la Comunitat es sensiblemente inferior a la media de España -supone el 17,7 % frente al 28,2 %, con una tendencia decreciente en los últimos años-, por lo que la aportación de la Comunitat es superior a la media: el 82,3 % del total del gasto, frente al 69,4% de media estatal.

El informe refleja también que la Comunitat está por encima de la media de España en adaptación de las rentas mínimas de inserción al ingreso mínimo vital (los perceptores han aumentado un 8 %, mientras que la media estatal desciende un 19 %) y en acogimientos familiares de menores (62,4 % frente a 54,4%).

Sin embargo, está por debajo de la media en servicios para personas mayores, como plazas residenciales, servicios de ayuda a domicilio, centros de día y teleasistencia; en servicios para personas con discapacidad o en cobertura de plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, con 12,2 plazas por cada 100 mujeres con orden de protección, frente a 13,1 de media estatal.