La Generalitat trata de evitar que la mano derecha de Puig declare ante la juez de la Fórmula 1 

VALÈNCIA. La Generalitat ha dirigido un escrito de alegaciones a la juez encargada de la Fórmula 1 para tratar de evitar la declaración de Andreu Ferrer, secretario autonómico de Presidencia y mano derecha del jefe del Consell, Ximo Puig. La magistrada acordó la semana pasada la citación del alto cargo y de la directora general de la Abogacía, María José Rodríguez Blasco, en calidad de testigos. Aceptaba así la petición de la defensa del expresidente Francisco Camps, único investigado en esta pieza, para que ambos explicaran por qué mantenían la acusación contra él cuando la Fiscalía Anticorrupción no aprecia delito.  

En el recurso presentado contra esta decisión, la Generalitat argumenta que ni Ferrer ni Rodríguez tienen vinculación alguna con los hechos investigados. El primero, remarcan, no se incorporó al Gobierno autonómico hasta 2015, cuando lo nombró Puig. La segunda, indican, era directora de Servicios Contenciosos (puesto de naturaleza funcionarial). 

La prueba propuesta, sostiene la Abogacía, resulta "totalmente impertinente, irrelevante e innecesaria" porque las personas citadas "no conocen hechos o circunstancias ni poseen datos suficientes para la comprobación del delito, toda vez que no ostentaban cargos o funciones que les permitiera conocer la razón por la que Camps ordenó -presuntamente- la firma del contrato de julio de 2011 (por el que el Consell sustituyó a Bancaja como avalista de la empresa Valmor en la organización de la Fórmula 1). 

La polémica de los informes

Además, entra a valorar la motivación de la defensa del expresidente valenciano con la petición que acordó la juez. Todo viene del pronunciamiento de la Audiencia Provincial de octubre de 2019 para que el juzgado continuara con la investigación en lo relativo a las posibles consecuencias jurídicas y susceptibles de reclamación que podría haber tenido para la Generalitat que se le hubiera exigido el cumplimiento de las obligaciones conforme al derecho inglés. 

El abogado del exjefe del Consell, Pablo Delgado, presentó un informe elaborado por un profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Politécnica de Valencia. Pero ha criticado duramente que la Abogacía encargara al despacho Gómez Acebo y Pombo una pericial -que costó 16.940 euros- cuando es un órgano de asesoramiento jurídico y no puede hacerlo.   

En el escrito, la Generalitat responde que el procedimiento de contratación de dicho informe -que, incide la defensa de Camps, dependía de Andreu Ferrer- y la posibilidad de que los abogados propios lo hubieran elaborado no es objeto de la causa. Por este motivo, replica que únicamente tendrían que ser llamados a declarar si hubieran ocupado cargos en el momento de los hechos objeto de investigación (2011). 

Aprovecha para insistir en que la decisión de Camps respecto a la firma del contrato "se adoptó al margen de todo procedimiento", por lo que piden revocar las declaraciones de Ferrer y Rodríguez.

Anticorrupción volvió a pedir el archivo

Anticorrupción pidió hace escasos días a la juez el archivo de esta causa principal de Valmor, que el año pasado quedó reducida a la asunción por la Generalitat de la condición de avalista de la empresa con el contrato de julio de 2011.

Inicialmente estaban investigados en la pieza Camps, la exconsellera de Turismo y Deporte Lola Johnson y el piloto Jorge Martínez 'Aspar'. Para los dos últimos fue archivada, pero la Audiencia, tras estimar parcialmente un recurso de la Abogacía de la Generalitat, ordenó continuar indagando en las consecuencias para la Administración de una eventual reclamación de obligaciones, por lo que el juzgado reabrió las actuaciones (y sólo quedó el expresidente).

La Fiscalía, sin embargo, se ha vuelto a pronunciar para concluir que sigue sin ver delito porque no existía un procedimiento administrativo concreto que regulara la concesión de este tipo de garantías, de manera que Camps no pudo actuar contra él a sabiendas.