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La bonificación está dirigida a RESIDENTES DE viviendas del parque público de la administración

La Generalitat destina 2,7 millones en reducir el alquiler a familias en riesgo de exclusión 

Foto: GVA
15/08/2022 - 

VALÈNCIA (EP). La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha destinado en el último año un total de 2.775.658 euros en aplicar bonificaciones para reducir los alquileres a 956 familias en riesgo de exclusión social que residen en viviendas del parque público de la Generalitat.

De ellas, 581 corresponden a la provincia de Valencia, 255 a la de Alicante y 120 a la de Castellón, según ha informado la Generalitat en un comunicado. La Conselleria establece unos alquileres a las personas residentes de viviendas públicas, que se pueden reducir gracias a un sistema de bonificaciones en el que se tiene en cuenta los ingresos y el número de miembros de la unidad familiar.

En muchos casos esa bonificación puede alcanzar hasta el 90 por ciento del total de la renta. El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ha destacado la importancia que tienen estas bonificaciones que se aplican a personas en situación de vulnerabilidad.

"Los poderes públicos deben estar al lado de los colectivos más débiles y en momentos de crisis como el actual, estas ayudas son fundamentales para que puedan vivir dignamente", ha dicho, y ha lamentado "la dificultad existente para encontrar en el mercado libre una vivienda de alquiler a un precio razonable".

Por ello, ha destacado la necesidad de "trabajar intensamente para incrementar la oferta pública de vivienda para ofrecer un hogar a personas que, de otra manera, tendrían grandes dificultades".

Para dar a conocer estas bonificaciones, la Conselleria de Vivienda lleva a cabo campañas informativas dirigidas a los residentes de las viviendas públicas. En ellas se explican las medidas implantadas para flexibilizar el pago de las rentas de las personas con menos recursos. A continuación, se estudia la situación de cada familia y se aplica la reducción que le corresponde.

Para llevar a cabo estas acciones es "fundamental" la colaboración de los servicios sociales municipales puesto que son los que elaboran los informes sociales de las familias y conocen sus necesidades. Las bonificaciones se establecen por un periodo de dos años. Después, se revisan las condiciones socioeconómicas de la unidad de convivencia para ajustar la bonificación.

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