Ha abierto un proceso para seleccionar a las empresas entre las que elegirá a la que, por 1,3 millones de euros, gestionará los datos de las elecciones autonómicas
VALÈNCIA. No habrá adelanto de las elecciones autonómicas, insiste una y otra vez el president Ximo Puig. De hecho, la idea es que haya un 'retraso' y volver a juntarlas con las locales en el último domingo de mayo de 2023. Pero por si acaso todo cambia, la Generalitat ha decidido licitar ya un acuerdo marco para agilizar al máximo la posterior selección de la empresa que, entre otras cosas, realizará el tratamiento de los datos del escrutinio de esa jornada.
Las prisas de 2019 ha hecho que esta vez no se quieran correr riesgos. Entonces, el adelanto electoral decidido por Puig hizo que el contrato se adjudicara el 13 de marzo cuando la firma del decreto de convocatoria electoral el 4 de ese mes ya había puesto en marcha la cuenta atrás. La volatilidad política actual aconseja ser previsor, incluso con la posibilidad de que se vuelvan a juntar los comicios con unos generales.
La Generalitat ha optado por licitar un 'acuerdo marco' de cuatro años (en el que prevén que pueda haber hasta dos elecciones autonómicas) para que al tener ya seleccionados los posibles adjudicatorios estos "estén en condiciones de prestar el servicio en un plazo breve ante una eventual convocatoria". Otra vez el 'no vaya a ser que...' Es decir, ahora se selecciona a las empresas candidatas que cumplan los requisitos, estas estarán obligadas a presentar una oferta cuando se les requiera y en ese momento la administración elegirá.
Esa 'segunda licitación' servirá para adaptarse al proceso electoral concreto "y a su casuítica de celebración". Por ejemplo, si van con unas generales. Una posibilidad que ahora no priorizan en el Palau de la Generalitat (más bien al contrario) pero que depende también del Gobierno de Pedro Sánchez y que tiene su propia cláusula (la 11) para optimizar recursos y abaratar el precio.
En 2019, el servicio se licitó mediante un procedimiento abierto y de urgencia iniciado a finales de diciembre por 1.360.121,19 euros sin IVA y se adjudicó por 1.051.794,37, también sin IVA. En este caso, se valora cada posible cita electoral en 1,3 millones, por lo que al haber dos procesos previstos e incluirse posibles desfases de hasta el 20%, la valoración del acuerdo marco asciende a 3,12 millones de euros. No hay que desembolsar nada ahora.
Tanto la ley electoral valenciana como la estatal atribuyen al Consell la obligación de proporcionar los medios personales y materiales suficientes para las elecciones y el decreto de 2019 de la administración autonómica delega en la Conselleria de Justicia, Interior y Administracióa Pública este trabajo. De hecho, aunque la gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones depende la Conselleria de Hacienda, el grado de especialización requerido hizo que este departamento delegara hace un año en el que encabeza Gabriela Bravo la contratación del servicio para "la captura, tratamiento y difusión de la informació de las elecciones a Les Corts".
El servicio licitado incluye tres labores para la adjudicataria. Primero la "gestión de las candidaturas presentadas" para hacer las comprobaciones necesarias para, por ejemplo, imprimir después las papeletas. La segunda es la principal y supone recoger la apertura, avances de participación y escrutinio provisional de las más de seis mil mesas electorales. Eso supone, 24.000 comunicaciones de paquetes de datos en un día que se deben hacer garantizando "la seguridad, integridad y fiabilidad de toda la estructura". Igualmente se debe proveer a las mesas de los dispositivos de transmisión para enviar los datos al Centro de Procesamiento de la Generalitat para facilitar "en tiempo real la generación del escrutinio provisional". En tercer lugar, la empresa elegida debe dar apoyo a las juntas electorales para el escrutinio general que se hará a los tres dias y eso incluye aportar todos los datos del escrutinio provisional pero también todo lo necesario para ese segundo recuento.