El Consell aprobará el lunes la ley de acompañamiento y la reforma fiscal

VALÈNCIA (EP). El Consell aprobará el próximo lunes la ley de acompañamiento y la reforma fiscal anunciada por el presidente Ximo Puig en un pleno extraordinario.

Así lo ha confirmado el propio president durante su respuesta a la síndica del PPCV, María José Catalá, en la sesión de control en Les Corts, donde ha indicado también que en el presupuesto de 2023 continuarán "avanzando en la progresividad fiscal". La reforma fiscal, han aclarado desde la Generalitat, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022, para empezar a beneficiar a las familias desde este año.

Asimismo, Puig ha recalcado que el Consell sigue trabajando para "revertir hacia un equilibro interno" para la Comunitat Valenciana en los Presupuestos Generales del Estado y al respeto ha reprochado a Catalá su "cinismo" al "clamar ahora al cielo" porque las actuales cuentas recogen una inversión del 9,4% mientras que cuando gobernaba el PP rondaban el 6%.

En la misma línea, ha replicado a la exigencia de Catalá de bajar impuestos que donde están a punto de convocar elecciones es en el Reino Unido por el problema causado por su primera ministra, la 'tatcheriana' Liz Truss, con "su receta impositiva". "Ahora no se atreven a seguir defiendo este modelo porque ha sido un fracaso monumental", ha espetado al PP.

Asimiso, ha cuestionado "la credibilidad y seriedad" del PP cuando el 24 de septiembre de 2014 el entonces presidente popular Alberto Fabra anunció que la reforma del IRPF ahorraría 830 millones a los valencianos y el 4 de noviembre su conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, lo rebajó a 12 millones. "Y usted estaba ahí sentada", ha recordado a Catalá.

En ese sentido, ha criticado que la receta del PP para salir de la crisis ya se vio en 2008 y fue la que aplicaron entre 2010 y 2014: "subir impuestos y recortar los servicios públicos". Por contra, ha destacado que la receta de este Gobierno para salir de la crisis son aplicar medidas "siempre en el límite de nuestras competencias" que va siempre "dirigidas a las personas" y "lo primero es revertir los recortes que han hecho durante tantos durante años".

De este modo, ha resaltado que gracia a fortalecer Estado del Bienestar una familia media se está ahorrando unos 300 euros en los libros de texto, unas 280 euros al mes en la escuela gratuita desde los 2 año, 40 euros al mes en comedor, 270 euros en matrícula universitaria, o las ayudas al alquiler y autónomos o la gratuidad de transportes. "En valenciano lo decimos muy claro: no hay nada más fuerte que los hechos", ha señalado.

Van como pollo sin cabeza

Por contra, la síndic del PP, María José Catalá, ha acusado a Puig de "ir como pollo sin cabeza" y le ha urgido a convocar ya las elecciones. "Como ya tiene la maquinaria electoral preparada no nos lo haga largo", le ha rogado.

Catalá ha comenzado su pregunta cuestionado que hace 23 días que Puig había anunciado en las Corts su reforma fiscal y que "una vez soltó el titular, se fue". "La falta de credibilidad se retrata sola y los valencianos no están para bromas ni son tontos", ha avisado la síndica, que ha exigido a Puig que "no nos tome el pelo ni diga mentiras" porque "el Anteproyecto de ley de 2023 prevé aumentar un 10% más a 4.529 tasas a todos los valencianos". "Suben impuestos por la puerta de atrás", ha recriminado.

Al respecto, ha apuntado tres "soluciones" para salir de la crisis: le ha vuelto a reclamar una bajada de impuestos; ha exigido una reforma de la financiación a la que "su Gobierno da portazo tras portazo" y resolver unos Presupuestos Generales del Estado con los que "están con el agua al cuello".

Catalá ha preguntado a Puig "si va a acudir a la manifestación convocada en Alicante y ha pedido que acepte los votos del PP para pactar enmiendas que mejoren los presupuestos generales del Estado". "Acepte nuestros votos para bajar los impuestos y que no entre el nuevo castigo a azulejeras, industrias y sector turístico", ha señalado.

Cambiar de posición

También sobre la reforma fiscal, la síndica de Cs, Ruth Merino, ha acusado a Puig de "cambiar de posición" al afirmar antes de anunciarla que era necesario penalizar a las comunidades que se benefician del sistema de financiación autonómica.

"La que lió en un rato", ha dicho respecto a la "guerra" que a su juicio despertó en el seno del PSOE el anuncio de la reforma fiscal de Puig, tras lo que ha criticado que "se desdijo al más puro estilo Pedro Sánchez".

La portavoz 'naranja' ha hecho notar que de momento es una "reforma fantasma" y que, según sus cálculos, "su rompedora rebelión fiscal supone de media un ahorro anual de 111 euros" para cada valenciano, lo que ve como una "limosna". "Ha querido distanciarse de Sánchez, pero no cuela", ha espetado.

Además, ha instado al 'president' a no sacar pecho de la gratuidad del transporte público de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) porque hay "miles de personas sin cita previa" para la segunda cita para obtener el título.

En su respuesta, Puig ha asegurado que "en ningún momento" dijo que la reforma fiscal supondría un "castigo" para la Comunitat, sino que el sistema de financiación tenga en cuenta el esfuerzo de cada autonomía. "Y sobre todo, que tenga en cuenta de verdad lo que aporta cada ciudadano", ha recalcado.

Ha defendido que la Generalitat acata lo que dicen organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo -"peligrosos izquierdistas", ha ironizado- y ha negado que la Comunitat "vaya mal". "Datos como que somos la CCAA con la tasa más baja de personas en situación de sin hogar levantan la moral de este gobierno", ha aseverado.

Salarios

Por parte de Compromís, Papi Robles ha abogado por una cláusula en la contratación pública para que la administración priorice a las empresas que le pagan mayor salario a los empleados, ya que "la gente trabajadora y las familias son las que están pagando esa crisis".

Robles ha defendido un pacto de rentas "para que la gente cobre más" y ha propuesto "blindar los servicios públicos siempre". Por ello, ha considerado que "no se pueden bajar los ingresos de la administración" ya que son estos los que garantizan los derechos públicos.

En su respuesta, Puig ha señalado que es un momento "muy complicado" para las familias que tienen menos ingresos y ha asegurado que el Consell está "determinado a intentar influir para intentar proteger a las familias".

Por ello, ha apostado por un "pacto de rentas real" para evitar las "diferencias insolidarias" que "no son asumibles para que se rompa la sociedad". Para Puig, la única manera de blindar estas cuestiones es que "haya una mayoría progresista".

Educación

Desde Vox, Ana Vega le ha reprochado al president que, a su juicio, incumple el artículo 27.3 de la Constitución, sobre la "libertad de educación". Así, ha augurado que esta materia "tendrá mucho que ver en la caída" del Botànic.

En este sentido, ha cargado contra la educación afectivo sexual y ha criticado el "modelo educativo importado de las entrañas del separatismo solo como una mancha en el expediente" de la Comunitat Valenciana.

En su respuesta, Puig ha instado a Vega a "leer la Constitución entera, no solo a ratitos" y ha señalado que el mismo artículo que ha citado habla de educar en valores democráticos. También ha criticado que el "adoctrinamiento" era "la formación del espíritu nacional" que Vox quiere "mantener como bien de interés cultural".

El president ha señalado que los profesores valencianos son "personas decentes" y "buenos profesionales que no hacen ningún adoctrinamiento". También se ha preguntado a qué se refiere Vega con "libertad de educación": "¿Si un padre dice que no quiere que su hijo estudie matemáticas, no estudia matemáticas?"