Generalitat y Ayuntamiento empiezan a liquidar La Marina sin acordar su futuro siete meses después

VALÈNCIA. El Consorcio Valencia 2007, el órgano gestor de La Marina de València, empieza su camino para ser historia de la ciudad. Sus integrantes -el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València- acordaron este lunes iniciar la liquidación del ente tras informar el Ejecutivo central de su intención de abandonarlo una vez se ha saldado la deuda contraída por el Consorcio desde la organización de la Copa América.

¿Qué ocurre ahora? Lo cierto es que hay claroscuros de certeza. Por el momento, las tres administraciones integrantes acordaron la creación de una comisión liquidadora conformada por un representante de cada parte. Ahí se hará un inventario tanto de los activos como de los pasivos; y estos últimos ascenderían a unos 60 millones de euros a repartir -24 la Generalitat, 24 el Ayuntamiento y 12 el consistorio-. Un proceso que no sería inmediato y que podría durar entre medio año o nueve meses.

En este ínterin, el funcionamiento de La Marina variará ligeramente. Los empleados y directivos del organismo continuarán ejerciendo para tramitar los expedientes que sean necesarios, pero si hay que aprobar autorizaciones o contratos, será la comisión liquidadora la que tenga la última decisión. En el caso de que las empresas interesadas quieran llevar a cabo proyectos en terrenos de la fachada marítima, el consorcio trasladará los expedientes a la administración que sea propietaria del suelo en cuestión.

¿Y cuando se haya liquidado, qué? La Generalitat Valenciana, representada en el consejo rector del consorcio por la Conselleria de Obras Públicas que dirige Rebeca Torró, ya ha manifestado junto al alcalde de València, Joan Ribó, su intención de constituir un nuevo ente que suceda al consorcio. Así, cuando ambas administraciones alcancen un acuerdo sobre las características del nuevo organismo, la comisión liquidadora elevará una propuesta para poder ejecutar el traspaso de activos.

Y aquí es donde empiezan las dudas, en el nuevo organismo. Desde que en octubre el Gobierno central oficializara su intención de salirse del consorcio, la Generalitat y el Ayuntamiento han estado manteniendo conversaciones para diseñar los estatutos del nuevo ente, que presumiblemente iba a tener la fórmula de consorcio. Sin embargo, al parecer, no hay un acuerdo sobre cómo será la entidad que gestionará el espacio de La Marina.

Se podría decir que hay dos grandes interrogantes que transitan en paralelo al proceso de disolución del consorcio. Se trata tanto de la dársena interior como de La Marina Sur. Ambas zonas son propiedad del Puerto de València, pero Generalitat y Ayuntamiento reclaman la propiedad respectivamente. Tanto es así que este lunes, Torró y Ribó reclamaron a la Autoridad Portuaria la segregación de dichos espacios.

La lámina de agua de la dársena interior pertence a la Autoridad Portuaria pero la Ley de Puertos permite segregarla y traspasarla a la Comunidad Autónoma siempre que cumpla algunos requisitos como que posea infraestructuras portuarias y espacios terrestres independientes o que no afecte a los servicios del Puerto. Características que se darían en este caso, si bien la segregación de un puerto deportivo es una herramienta que hasta ahora no se ha utilizado y que requiere ser aprobada mediante decreto por el Gobierno. Unos primeros contactos habrían dado resultados favorables en este sentido.

Por su parte, el Ayuntamiento es actualmente propietario de la zona norte de La Marina, y Ribó reclama al Puerto ahora la propiedad de La Marina Sur. Por ello, el alcalde señaló que llamará próximamente al presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), para informarle de los pasos que está dando el consorcio y de este interés en recibir los terrenos del sur del espacio.

El nuevo ente podría crearse sin que el Puerto se hubiera desprendido de estas dos zonas en favor del Ayuntamiento y la Generalitat y que el nuevo organismo los gestionara mediante una cesión de uso adjudicada por la Autoridad Portuaria. Ahora bien, las administraciones buscan llegar a la constitución del ente con estos extremos aclarados: no es lo mismo ser propietario de unos terrenos que depender de un acuerdo con el Puerto, claro está.

Así pues, el futuro de La Marina tiene todavía sobre la mesa muchas incógnitas. De hecho, ni el alcalde ni la consellera de Obras Públicas dieron detalles sobre cómo será la entidad sucesora y arguyeron que es "muy pronto" para subrayar la "voluntad de continuar trabajando". "Quisiera llegar a un acuerdo intermedio en el que tuviéramos participación Generalitat y Ayuntamiento. Cómo, vamos a estudiarlo", señaló Ribó. "Trabajaremos", insistió la consellera.

La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, que asistió al consejo rector del consorcio, considero este lunes un "magnífico día" que se está "esperando desde 2007". "Por fin, podemos anunciar que se ha liquidado el Consorcio, creado para gestionar la monstruosa deuda que dejó el PP y que era una losa que impedía avanzar a la Marina". Tras la condonación de la mayoría de la deuda por parte del Ejecutivo central, dijo Gómez, "ahora el futuro pasa por una sociedad entre Ayuntamiento y Generalitat que pueda hacer avanzar y sacar todo el potencial a la Marina".

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, pidió tras conocer los avances "transparencia" en el proceso de liquidación del Consorcio Valencia 2007 y que se cuente con su formación en este trámite, mientras que el portavoz de Cs en el consistorio, Fernando Giner, consideró que hay "poca concreción" en esta nueva etapa que se iniciar y que afecta a la gestión de la Marina de la ciudad.