Foto: GABRIEL LUENGAS/EPVALÈNCIA (EP). El PP está preparándose para el combate político y jurídico contra la amnistía recabando la opinión de expertos en el mundo del Derecho ajenos al partido con el objetivo de armarse de argumentos en los que se asentarán sus acciones contra la previsible Ley de Amnistía, como un posible recurso ante el Tribunal Constitucional.
En estas semanas el PP ha contactado con expresidentes del Tribunal Constitucional (TC) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), catedráticos de Derecho Constitucional y otros especialistas en el mundo del Derecho. Es más, ha consultado la jurisprudencia del Tribunal Europeo, según han señalado a Europa Press fuentes del partido.
Esos expertos jurídicos que están asesorando al PP consideran que una Ley de Amnistía para los encausados en el 'procés' no tiene encaje en el ordenamiento jurídico español y es ilegal. "No encuentran por qué vía se puede hacer legal lo que es ilegal", han añadido las fuentes consultadas.
Los 'populares' consideran que la amnistía es un "tratamiento asimétrico a nivel jurídico" y critican que la izquierda esté dispuesta a aparcar "la igualdad de todos los españoles" para dar "privilegios a la clase política catalana". Además, recuerdan que en el pasado la amnistía se ha usado para la transición entre dos regímenes políticos distintos.
"El PP lo que está haciendo es armar el andamiaje desde el punto de vista del concepto de la amnistía, recopilando cuándo se ha dado y en qué circunstancias se ha permitido", han señalado fuentes del PP, que están estudiando además los precedentes parlamentarios.
Así, el PP ve clave lo que ocurrió en la pasada legislatura, cuando ERC y Junts registraron en marzo de 2021 una proposición de ley de amnistía -no llegó a admitirse a trámite por el informe de los letrados, que la rechazaba por inconstitucional-, así como la moción consecuencia de interpelación que impulsó la CUP en mayo de ese mismo año y que fue rechazada en el Pleno del Congreso.
En este último caso, la formación independentista intentó usar su moción para que el Pleno se pronunciara a favor de la admisión a trámite de la Ley de Amnistía pero al final esa parte del texto fue eliminada por la mayoría de la Mesa siguiendo el criterio de los letrados del Congreso.
Desde 'Génova' han criticado que el Gobierno se escude en "la convivencia" para justificar la Ley de Amnistía. "Hace tres o cuatro meses el propio Gobierno dijo que no cabía en la Constitución. Sánchez está hablando de convivencia cuando la palabra exacta es conveniencia. Y ése no es un concepto jurídico", han señalado a Europa Press fuentes de la formación.
Según el PP, en esa posible Ley de Amnistía es fundamental el título preliminar, más que el articulado, porque es donde reside la justificación de la norma y ahí es donde, a su entender, el Gobierno buscará salvar obstáculos para "callar posibles recursos" ante el TC o el Tribunal Europeo.
Así, según las fuentes consultadas, el título preliminar tiene que explicar el motivo político por el que se aplica esa amnistía que llevará a una restricción del artículo 24 de la Constitución, que señala que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".
"El texto del Gobierno deberá explicar por qué es necesaria una amnistía, que supone una invasión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial", han señalado fuentes del PP, que han subrayado que la Constitución no permite la amnistía y España no está en "un momento de extraordinaria gravedad para reinterpretar la Constitución" con una medida de ese calado, como pasó en la dictadura.
Así, fuentes del PP han recalcado que el indulto es una medida de gracia del Gobierno pero han añadido que con la amnistía se va a "prohibir" a jueces y fiscales que actúen en contra de la persecución del delito. "En España tenemos un Poder Judicial que es democrático y sólido y la amnistía sería reconocer que actuó de forma inadecuada", han agregado.
Fuentes del PP consideran que el Gobierno ha puesto el foco en Conde-Pumpido, de forma que se traslada al Tribunal Constitucional "la responsabilidad de legalizar la amnistía al 'procés' que, a todas luces es ilegal".
Sobre los plazos en que podrá pronunciarse el tribunal de garantías, en el PP recuerdan que con la llegada de Conde-Pumpido al TC el recurso contra la Ley del Aborto se resolvió en 11 meses, cuando llevaba una década en el cajón.
