Los ediles del PP imputados ningunean a Bonig con la aquiescencia de Génova

VALENCIA. El PP acordó este lunes suspender cautelarmente de militancia a los nueve concejales del partido en Valencia y a varios asesores investigados por un delito de blanqueo de capitales en la pieza separada del caso Imelsa. La decisión, según comunicó la dirección nacional, fue adoptada por el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP a petición de los ediles, quienes de esta forma obviaron la exigencia de la dirección regional del PP de renunciar a su acta y optaron por abordar su situación directamente con Génova.

Según especificó la formación, en el mismo escrito presentado por los concejales a la dirección nacional para pedir la suspensión de militancia, el hasta ahora portavoz Alfonso Novo formalizó su renuncia a la portavocía del grupo, que pasa a ser ejercida por Eusebio Monzó, el único de los miembros del grupo municipal no investigado en la operación Taula.

La suspensión cautelar no afecta a la tramitación del expediente informativo abierto por Génova a los investigados, incluidos los concejales suspendidos cautelarmente de militancia. De ellos, se dice expresamente lo siguiente: "En el caso de apertura de juicio oral, los concejales ahora suspendidos de militancia cautelarmente serán dados de baja definitivamente del partido".

Esta apreciación, incluida en el último párrafo del comunicado difundido por la dirección nacional de los populares, remarca la línea roja en la que la formación que dirige Mariano Rajoy fija el punto para la expulsión como militante. El criterio coincide con el que siempre han defendidos los ediles investigados y choca frontalmente con el que mantiene la dirección regional que lidera Isabel Bonig, que se aferra al compromiso adquirido con ellos el pasado mes de febrero para que dejasen el acta.

De hecho, la maniobra de los nueve concejales con la aquiescencia de Génova llega seis días después de que la dirección regional les remitiera una carta certificada otorgándoles diez días hábiles para entregar el acta, tal y como acordaron en la reunión que mantuvieron el pasado 15 de febrero directamente con Isabel Bonig. Resulta pues significativo que Génova no incluyese en su comunicado ninguna alusión a ese ultimátum en vigor.

La carta con el ultimátum no ha llegado

Al respecto, uno de los concejales expedientados, que pidió no ser identificado, aseguró a Valencia Plaza este lunes que hasta el momento nadie había recibido la carta de la dirección del PPCV. "Lo enviaron supuestamente el martes, no sé si al Grupo Municipal o a los domicilios, pero el miércoles no llegó y durante el puente tampoco", manifestó.

A su juicio, desde el momento en que Génova abre un expediente informativo y nombra un instructor, "todo lo demás no tiene sentido porque lo lógico es que lo instruya todo esa persona de acuerdo con los estatutos del partido".

Respecto a los motivos para solicitar la suspensión, explicó que "la presión es importante" y a los ediles les pareció "oportuno solicitarlo" mientras se tramita el expediente informativo por parte del Comité de Derechos y Garantías.

Por su parte, fuentes de la dirección regional consultadas por Valencia Plaza diferenciaron entre el proceso informativo abierto por el partido en Madrid y el "acuerdo de la dirección regional con los concejales" investigados con Isabel Bonig para dejar el acta si se mantenía su imputación una vez levantado el secreto de sumario.

"Son dos caminos paralelos", subrayaron desde el PPCV, donde se insiste en que la medida aprobada este lunes por el Comité de Derechos y Garantías "no invalida" la exigencia de dejar el acta en diez días. "Depende de lo que digan tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, teniendo en cuenta que existe un expediente informativo de Madrid", concretaron las fuentes.

Se mantienen como independientes en el grupo

De momento, los nueve ediles investigados en la pieza separada por blanqueo del caso Imelsa no sólo mantienen el acta, sino que "estarán adscritos al grupo popular a efectos nominativos como independientes y, por lo tanto, no estarán sometidos a la disciplina del partido y no serán convocados a las reuniones ni a los actos de partido", precisó la dirección nacional.

Fuentes del PPCV explicaron que es "perfectamente legal y compatible" que los ediles suspendidos se mantengan dentro del grupo popular como independientes, pero insistieron en que el plazo que ellos les han dado para que renuncien al acta sigue corriendo.

"Nuestro objetivo final es que entreguen el acta", reitera la dirección que encabeza Isabel Bonig

"Nuestro objetivo final es que entreguen el acta", reiteraron. Si cumplido el plazo concedido no lo hacen, ya que el acta es personal, la dirección regional estudiará qué decisión "podemos tomar legalmente, teniendo en cuenta en Madrid existe un expediente abierto".

Esa circunstancia limita la capacidad de acción de la formación que lidera Isabel Bonig. Por ejemplo, a la hora de abrir otro procedimiento, algo que no sería posible al existir ya uno en vigor de una instancia superior.

No obstante, los populares valencianos creen que el incumplimiento del acuerdo alcanzado con la líder regional constituiría un pretexto suficiente para "actuar" contra los concejales. No existe una única fórmula legal, aseguran, pero es probable que el PPCV tenga que dirigirse previamente a Madrid antes de tomar cualquier medida.