VALÈNCIA (EP). La fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, ha hecho este lunes una radiografía de la situación en la autonomía y ha incidido en una serie de "deficiencias" que "necesitan" solución: hay que ampliar las fiscalías de área, sumar funcionarios, caminar hacia el expediente digital y conectar los servicios informáticos de juzgados y fiscalías.
Así lo ha indicado Gisbert durante su comparecencia en les Corts en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, donde ha presentado la Memoria de la Fiscalía de la Comunitat correspondiente al ejercicio del año estadístico 2020.
Gisbert, tras aludir a la situación "especial" la Covid-19, ha centrado su primera parte de su intervención en las necesidades en el ámbito judicial y ha abogado por centrarse en las fiscalías de área puesto que presentan "grandes deficiencias": "En la mayoría hay que ampliar dependencias y sumar funcionarios. Muchos despachos de fiscales son compartidos, interiores y no disponen de luz natural. Falta intimidad para atender a las víctimas que visitan estas instalaciones", ha puesto de manifiesto.
Así mismo, ha subrayado que hay que crear plazas de gestor en todas las fiscalías de área puesto que actualmente solo existe uno en la Fiscalía de Elx. "Esto es fundamental para implantar la Oficina Fiscal", ha dicho.
En esta línea, Gisbert ha puntualizado que las fiscalías de área no disponen de archivos adecuados ya que "o deben dejar los expedientes en un cuartucho de nada o en estanterías en pasillos. También se pueden bajar a un sótano pero esto no es operativo para los fiscales", ha dicho. Faltan plazas de aparcamiento reservadas para los profesionales.
La fiscal superior se ha referido a la fiscalía de área de Alzira y ha aseverado que presenta un problema "que preocupa": "Solo tiene una salida, la puerta principal, y no hay puerta de emergencia. El Invassat dice que no es obligatorio pero sí lo consideramos necesario como medida preventiva hasta que haya un edificio nuevo", ha matizado.
En medios tecnológicos, Gisbert ha explicado que desde conselleria se ha dotado de portátiles y de aplicaciones informáticas a los especialistas pero ha advertido de que persiste el "problema" en la incompatilidad del Cicerone (sistema de gestión de juzgados) y del Fortuny (de fiscalía), algo que depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tampoco existe un expediente digital ni expediente judicial electrónico.
En general, las diligencias abiertas en 2020 en las fiscalías de la Comunitat han disminuido como consecuencia de la Covid-19, tal y como ha señalado Gisbert.
En las fiscalías provinciales y de área la evolución de los procedimientos penales ha disminuido por la situación de confinamiento domiciliario. Como ejemplo, en la provincia de Alicante, los delitos contra la libertad sexual han pasado de 686 en 2019 a 596 en 2020. No obstante, sí han aumentado los supuestos de violación --se ha pasado de tres a cinco--. En la Fiscalía de Castellón han incrementado las agresiones de este tipo pero en la de Valencia han bajado casi un 20%.
Sobre violencia de género, Gisbert ha advertido de que el estado de alarma ha incidido negativamente en las víctimas, que han estado sometidas a mayor presión y control por su pareja. También ha habido más violencia sobre los hijos como consecuencia de la convivencia, ha afirmado. En 2020 bajaron las denuncias por violencia de género pero aumentaron las llamadas al 016 y al Centro Mujer 24 Horas.
También ha habido un descenso en el mismo periodo en las diligencias abiertas por siniestralidad laboral y, en el orden civil, la fiscal superior ha subrayado la labor de los fiscales para controlar y proteger las residencias de mayores.
Las diligencias por incapacidad han bajado y, en este punto, Gisbert ha llamado la atención sobre la tardanza en la elaboración de informes forenses sobre incapacidad. "Las personas a las que se les debe modificar la capacidad jamás acuden ni al juzgado ni a la Fiscalía ni al Instituto de Medicina Legal. Aquí nos planteamos la opción de que exista una policía especializada para acompañamiento al médico forense", ha expuesto.
La Fiscalía también ha anotado un descenso de procedimientos sobre menores en 2020 aunque esta tendencia a la baja no se ha dado en delitos de violencia intrafamiliar, ha expuesto Gisbert. "Esto era lógico por la convivencia diaria", ha dicho.
Sobre los delitos de odio, la fiscal ha manifestado que en 2020 se abrieron 27 diligencias de investigación penal en Valencia y siete en Alicante. Ha mostrado su "preocupación" porque existe una situación de infradenuncia y solo se conocen entre un 3 y un 6% de los delitos de odio que realmente se cometen. "Las víctimas deben denunciar, hay ayudas. Falta campaña de concienciación", ha apostillado.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV abrió en 2020 un total de 330 procedimientos penales frente a los 299 del año anterior, un 10,37% más. De ellos, 67 se dirigieron contra aforados --54 contra jueces y fiscales y 13 contra otros aforados como el presidente de la Generalitat o la consellera de Sanidad--.
A este respecto, la fiscal superior ha indicado que desde fiscalía se interesó el archivo de todos los procedimientos relativos a responsabilidades de autoridades durante la pandemia por imposibilidad de atribuir responsabilidad criminal alguna a los querellados en base a criterios objetivos. El TSJCV los archivó finalmente.
Por otro lado, la fiscalía superior abrió en 2020 un total de 35 diligencias de investigación penal, cinco más que el ejercicio anterior, 11 de ellas por prevaricación judicial. En materia de contencioso aumentaron los recursos.
En el debate, los grupos políticos han coincidido con Gisbert en la necesidad de mejorar los medios materiales y humanos para la justicia y el diputado no adscrito Vicente Fernández le ha interpelado a Gisbert si la Fiscalía tiene previsto hacer alguna actuación para reconocer a las víctimas que fallecieron con sospechas de Covid, y la fiscal ha indicado que este asunto no es cuestión de Fiscalía: "Es una labor más administrativa. Entiendo a familiares, pero en aquél momento no se tenían todos los conocimientos científicos. No es una labor que corresponda a Fiscalía", ha insistido.