VALÈNCIA. (EP). El Gobierno español ha remitido a la Generalitat valenciana una comunicación en la que inicia los trámites para convocar una Comisión Bilateral entre ambas instituciones con el fin de tratar las posibles diferencias y dudas que existan sobre el artículo 11 de la Ley de Plurilingüismo de la comunidad autónoma.
En concreto, según explican fuentes conocedoras a Europa Press, la Dirección General de Relaciones con las CC AA y entes locales envió a finales de la semana pasada a la Generalitat una 'invitación para realizar una Comisión Bilateral en relación al artículo 11 de la nueva ley valenciana de plurilingüismo'.
Desde el Ejecutivo autonómico se ha aceptado esa comisión para poder explicar el artículo que se pone en cuestión y, ahora, el siguiente paso, sería que el Ministerio de Educación, si lo cree conveniente, convoque el encuentro.
Precisamente, el pasado miércoles se le preguntaba al conseller de Educación, Vicent Marzà, sobre esta posibilidad a raíz del anuncio de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, de que iba a pedirle al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que la administración central convocara la Comisión Bilateral con la Generalitat Valenciana para tratar la ley de plurilingüismo --aprobada por Les Corts el pasado mes de febrero-- por posibles "signos de inconstitucionalidad".
Al respecto, Marzà se mostró "tranquilo", ya que la ley del plurilingüismo cumple con la legislación y la jurisprudencia, dijo, y el Ministerio únicamente ha expresado en conversaciones previas dudas sobre el artículo 11 --que habla de promover que los centros sostenidos con fondos públicos vehiculen el 50% del tiempo curricular en valenciano--pero no sobre el grueso de la norma.
Marzà inició en que está ley "no solo está de acuerdo con lo que dice le legislación sino también con los diferentes pronunciamientos del Tribunal Supremo, que en la jurisprudencia emitida para comunidades con lengua propia señalaba que se debe garantizar un tiempo mínimo del 25 por ciento de materias vehiculares en castellano. "Y eso es lo que pone exactamente la propia ley", apostilló.
En ese sentido, insistió en que esta palabra 'promover' "no pone en cuestión la ley" con la que se quiere superar "la etapas de confrontación y el fracaso del pasado", cuando los niños terminaban sus estudios sin dominar las tres lenguas. Por contra, ahora se ha marcado una distribución que se adapta a cada centro a partir del 25 por ciento como tiempo mínimo que debe reservarse al castellano como marca el Supremo.
Además, el conseller destacó que, incluso, en el texto se ha introducido "de forma literal" algunas de las aportaciones del Ministerio. Por todo ello, Marzà criticaba "el juego partidista" del PP, que "se aparta de cualquier argumento pedagógico" para afianzar el aprendizaje de los tres idiomas cuando ni siquiera se sabe qué proponen. "Pero nosotros no vamos a entrar en el juego del ruido por el ruido", ha asegurado.
En la misma idea abundó el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, quien afirmó que, tras una reunión en el Ministerio para abordar la tramitación de la ley, las "palabras literales" del secretario de Estado, exceptuando sus dudas por la palabra "promover" fueron que el texto era "impecable".