MADRID (EP). El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar una modificación de crédito que posibilite al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el cumplimiento de una sentencia de la Audiencia Nacional a favor de Endesa por responsabilidad patrimonial del Gobierno por la aplicación del sistema de minoración de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica, por un importe de 264,202 millones de euros.
En concreto, la sentencia reconocía la compensación a la eléctrica tras quedar anulada una normativa de 2007 con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que aplicó unos recortes para el sector por los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).
Con fecha 31 de mayo de 2016, Endesa inició una reclamación patrimonial contra la Administración General del Estado por haber aplicado una norma ilegal, la orden ITC/3315/2007, de 15 de noviembre, anulada por sentencia del Tribunal Supremo, que le había causado un daño, la minoración de su retribución como sociedad generadora en el importe de la internalización de los derechos de emisión de CO2 gratuitamente asignados por el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (PNA), que no tiene el deber jurídico de soportar.
La energética solicitó el pago de 285 millones de euros, de los cuales 188 millones de euros correspondían a contratos bilaterales físicos y 97 millones de euros a contratos bilaterales físicos asimilados.
El recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta se interpuso ante la Audiencia Nacional en 2017, y, el 12 de febrero de 2020, se dictó sentencia por la que estimaba la concurrencia de la responsabilidad patrimonial, si bien circunscribía la estimación al importe correspondiente, únicamente, a los contratos bilaterales físicos, entendiendo que la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la orden de la cual se hace derivar la responsabilidad patrimonial, se refiere exclusivamente a estos.
La sentencia establecía que la determinación de las cantidades objeto de la indemnización, y su actualización serían determinadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El pasado mes de abril se notificó resolución de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se acordaba ejecutar la sentencia de la Audiencia Nacional y se ordenaba el pago de la indemnización de 259 millones de euros (186 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial y 73 millones de euros en concepto de intereses) a Endesa.
