Teresa Ribera. Foto: EDUARDO PARRA/EPVALÈNCIA (EFE). El Gobierno espera contar en la próxima semana con "una respuesta oficial" de la Comisión Europea (CE) para limitar el precio del gas en el mercado eléctrico ibérico y poder aprobar ya esta medida para abaratar la luz, una propuesta de España y Portugal que Bruselas dice que evalúa "con urgencia".
La portavoz comunitaria de Competencia, Arianna Podesta, indicó a Efe el viernes que "la Comisión ha recibido ahora información de las autoridades españolas y portuguesas, que evaluará lo antes posible", y añadió que "sobre la base de la información proporcionada por España y Portugal, los contactos continuarán a nivel técnico".
El Ejecutivo comunitario "mantiene su compromiso de evaluar con urgencia si las medidas temporales de emergencia en el mercado de la electricidad propuestas por España y Portugal se ajustan tanto a las normas sobre ayudas estatales de la UE como a la ley del mercado interior de la energía, en el marco del acuerdo político alcanzado", agregó Podesta.
Al respecto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, indicó el pasado jueves a Efe que confían en contar la próxima semana con esa respuesta de la CE para poder aprobar el mecanismo "inmediatamente después".
Explicó que los técnicos de las Secretarías de Energía de España y Portugal estaban ultimando "aspectos técnicos que son fundamentales para el buen funcionamiento de todo el sistema".
La intención del Gobierno era inicialmente aprobar ese tope al gas en el Consejo de Ministros del pasado martes, pero la ministra ya avanzó un día antes que "probablemente" no diera tiempo a tener la luz verde de Bruselas y confió en que pueda ser la próxima semana.
En el mismo sentido se pronunció la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras la reunión del Ejecutivo del pasado martes, cuando dijo que probablemente lo llevarían al Consejo de Ministros de la próxima semana y expresó su confianza en que la CE dé su aval definitivo cuanto antes.
España y Portugal anunciaron el pasado 26 de abril que habían llegado a un acuerdo político con la CE para limitar en el mercado mayorista de la electricidad en España y Portugal el precio del gas, utilizado por las centrales de ciclo combinado para producir luz, y así aliviar la factura de los consumidores.
La aplicación del tope tendrá una duración de doce meses y empezará con un precio medio del gas de 40 euros/megavatio hora (€/MWh) para estabilizarse en unos 50 €/MWh de media en todo el periodo.
La propuesta inicial era que ese límite fuera de 30 €/MWh, con lo que se reduciría aproximadamente al 50 % el importe de las facturas de los consumidores con una tarifa indexada al mercado (los de tarifa regulada).
Aunque España y Portugal no han conseguido que la CE respalde ese límite, sí que han logrado que la medida se aplique durante doce meses y no sólo hasta final de este año, como se contemplaba en el borrador hispano-luso.
El acuerdo beneficiará al 40 % de los consumidores domésticos -aquellos que tienen tarifa regulada- y hasta al 80 % de los industriales, cuyas facturas están vinculadas al mercado mayorista de la electricidad, según indicó la ministra.
Según Ribera, "habrá que distribuir" el ajuste entre el tope fijado y su precio real "entre los consumidores de energía".
Además, la medida se financiará a través de "una reducción muy importante de los beneficios extraordinarios de las eléctricas que emplean otras tecnologías que no se han visto afectadas en sus costes y son retribuidas al máximo precio", como la hidráulica o la nuclear.
Las grandes eléctricas han mostrado su rechazo a esta medida por los efectos que puede tener esta "intervención" en el mercado en la seguridad jurídica que buscan los inversores y en los contratos de derivados ya transaccionados pero no liquidados, al afectar a las condiciones acordadas.
Además, afirman que la medida encarecerá la electricidad a los clientes del mercado libre, que dicen que representan el 80 % de la demanda eléctrica nacional, pues se ha diseñado sólo para beneficiar a los consumidores con tarifa regulada y a las grandes industrias que se han mantenido indexadas al mercado mayorista.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha sido el más beligerante y sus declaraciones sobre que sólo los "tontos" con tarifa regulada pagan más por la electricidad han desencadenado fuertes críticas.
Sánchez Galán decía este jueves que el 80 % de los españoles está pagando menos por la electricidad que en 2018 porque han bajado los impuestos y "solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el Gobierno pagan ese precio" tan alto que se viene registrando en el mercado mayorista.
Un día después Iberdrola argumentaba que los contratos libres son "más baratos que la tarifa regulada por el Gobierno" (obligatoria para quienes optan al bono social), y señalaba que 20 millones de hogares en España, que son los que están en el mercado libre, han visto cómo su recibo de la luz es igual o menor al de hace un año.
Las eléctricas también han alertado de posibles subidas de precios a clientes, pues la diferencia entre el límite que se ponga al gas y lo que les cueste a las centrales de ciclo combinado producir será absorbida por el sistema eléctrico a través del mercado mayorista, al contemplarse prorratearla entre el resto de tecnologías.
En este sentido, han señalado que al final, los "clientes más previsores" -con contratos a precios fijos- cargarán con el coste a través de una subida de precios.
Al acabar 2021, había en España 10,07 millones de consumidores acogidos a la tarifa regulada de electricidad o PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor), vinculada directamente a la evolución de los precios en el mercado eléctrico mayorista, frente a 19,8 millones con su suministro contratado en el mercado libre.
La tarifa regulada o PVPC (sólo para potencias contratadas de hasta 10 kilovatios) es la que tienen que tener los beneficiarios del bono social, un descuento en la factura de la luz para los consumidores considerados vulnerables que sufragan las compañías.
Históricamente ha sido la tarifa más económica, aunque al dispararse el precio de la luz en el mercado mayorista, su cuantía ha aumentado.
Dicho incremento se ha visto paliado para los consumidores vulnerables con el incremento de los porcentajes de los descuentos del bono social, y para el resto, incluidos los que están en el mercado libre, con la reducción temporal del IVA del 21 % al 10 % y del impuesto eléctrico del 5,1 % al 0,5 %, así como con la suspensión temporal del impuesto del 7 % a la generación eléctrica.
El Gobierno decidirá en junio si prorroga estas rebajas fiscales, según indicó el jueves Ribera, que ha dicho que la decisión se adoptará próxima a que finalice este segundo trimestre del año.
