VALÈNCIA (EP). La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat Valenciana ha resuelto sus discrepancias en torno a dos leyes autonómicas: la de los presupuestos para 2022 y la de protección y promoción del Palmeral de Elche (Alicante), según publica este miércoles el BOE.
Respecto a los presupuestos, ambas partes consideran solventadas las discrepancias manifestadas en relación a los artículos 36, 39 y 47 y la disposición adicional segunda de la Ley de la Generalitat 8/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos para 2022.
En concreto, en relación al artículo 36.3.h de la ley -se consideran sectores prioritarios a efectos de la tasa de reposición las plazas correspondientes a la seguridad aérea, marítima y ferroviaria-, el Consell se compromete a interpretar y aplicar el precepto de conformidad con las competencias exclusivas que la Constitución atribuye al Estado en relación con las infraestructuras y el transporte.
En cuanto al artículo 39.1, las dos partes ven solventada la discrepancia surgida a tenor de la relación laboral de carácter especial de alta dirección, ya que el plazo mínimo de antelación de la comunicación relativa a la extinción de los contratos mercantiles fijado en la Ley valenciana 8/2021 coincide con el plazo máximo fijado en la Ley estatal 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Sobre el artículo 47, la Generalitat se compromete a modificarlo de manera que su apartado séptimo quedará redactado así: "Sin perjuicio de cual sea el ritmo con el que se realicen las transferencias a las entidades locales, el pago a los contratistas requerirá que se cumplan las condiciones que generan el derecho al cobro de acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público".
También se establecerá que los municipios que actúan como receptores podrán ceder a favor de contratistas los créditos o derechos de cobro que tienen contra la Generalitat, en ejecución de las delegaciones de competencias previstas en esta ley.
Además, en la disposición adicional segunda de la ley de presupuestos de 2022, el Consell asume el compromiso de cambiarla para que no sea posible la incorporación de cláusulas de pagos aplazados fuera de los supuestos admitidos por la normativa básica estatal.
Por otro lado, en relación a la ley de protección del Palmeral, ambas partes entienden cerradas las discrepancias sobre los artículos 6, 7 y la disposición adicional segunda. Se comprometen a colaborar para su aplicación y a que la Generalitat otorgue carácter no vinculante a los informes del órgano de gestión del recinto y exceptúe de autorización previa de la Conselleria de Cultura a los títulos que habilitan para el uso privativo del dominio público hidráulico para cumplir así con la normativa estatal.
Otro de los acuerdos es la participación de la Administración General del Estado en el grupo de trabajo que deberá redactar la propuesta de modificación normativa a impulsar por la Generalitat en el Palmeral de Elche.
Una vez cerradas las controversias, Gobierno y Generalitat comunicarán los dos acuerdos al Tribunal Constitucional, de acuerdo a las resoluciones firmadas por la portavoz estatal y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas.