Hoy es 6 de octubre
VALÈNCIA (EFE). El Gobierno no puede impedir la oferta de compra que el BBVA ha hecho a los accionistas del Banco Sabadell con el objetivo de tomar el control de la entidad catalana, pero sí tiene la última palabra a la hora de aprobar una fusión posterior.
Gracias a la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito -aprobada en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy e impulsada por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos-, el Ministerio autoriza en última instancia una fusión.
En una disposición adicional de esa norma se recoge que corresponde al ministro autorizar las operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en las que intervenga un banco, o cualquier acuerdo que tenga efectos económicos o jurídicos análogos a los anteriores.
A estos efectos, y con carácter previo a la concesión de la autorización, el Ministerio de Economía tendrá que solicitar, entre otros, informe al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El Gobierno de Pedro Sánchez, con Nadia Calviño al frente de la cartera de Economía, también tuvo que aprobar la fusión por absorción de Bankia en CaixaBank, lo que creó el grupo financiero más grande del país, mayor aún que el que formarían el BBVA y el Sabadell si su unión prosperara.
Sin embargo, ahora, el rechazo del Ejecutivo a esta fusión es un hecho insólito que los expertos en regulación financiera consultados por EFE son incapaces de vislumbrar cómo acabará.
En esta ocasión, tras varios intentos fallidos de cerrar una fusión amistosa entre el BBVA y el Banco Sabadell, el grupo de origen vasco ha optado por lanzar una oferta de compra para que los propios accionistas de la entidad catalana decidan si abogan o no por la integración.
En eso consiste la opa lanzada por el BBVA, que aspira a conseguir el apoyo de más de la mitad del accionariado del Sabadell; una oferta que tendrá que aprobar únicamente la CNMV y el Banco Central Europeo (BCE).
Para recibir el visto bueno de los supervisores es imprescindible también que el BBVA, como comprador, haya solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un informe sobre la operación, sin que sea necesario que haya respuesta para que la opa pueda ser aprobada.
Hasta ese momento, la participación del Ministerio de Economía tendría que ser nula y la opa podría salir adelante con el visto bueno de los supervisores, que dejarían en manos de los accionistas del Sabadell el desenlace final.
El BBVA avanzó ayer, jueves, que cuenta con el interés de accionistas relevantes del Banco Sabadell, pero el capital de la entidad catalana está tan repartido que habrá que ver si al final la oferta recibe el respaldo de más de la mitad del capital.
Si el apoyo es superior al 50 %, el BBVA seguiría adelante con sus planes de fusión con el Sabadell y tendrían que ser los consejos de administración de ambas entidades los que aprobaran el proyecto y lo elevaran a sus respectivas juntas para su aprobación final.
Llegados a ese punto, si los accionistas de ambas entidades dan luz verde a la operación, que crearía el segundo banco de España y el tercero de Europa, lo que sucedería, ya en 2025, es que el BBVA tendría que pedir la autorización final al ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
La solicitud de autorización debería ser resuelta en seis meses desde que se solicita. No existen precedentes en los que haya habido una oposición y los expertos prefieren no aventurar sobre qué argumentos podría esgrimir el Ejecutivo para rechazar la operación en esa fase final.
La baza podría ser si la CNMC, que es un organismo independiente, pusiera reparos a la fusión, o unas condiciones que fueran inviables, aunque la unión de CaixaBank y Bankia, a la que puso condiciones, salió adelante con el compromiso del grupo de cumplirlas.