VALÈNCIA (EFE). El Gobierno ha aprovechado la masiva asistencia de este domingo a la manifestación contra la carestía del alquiler para trasladar la presión a los dirigentes del PP, especialmente al alcalde y a la presidenta de Madrid, que se niegan a limitar los precios mediante la declaración de zonas tensionadas.
La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha defendido que la limitación de las rentas en zonas de mercado tensionado es una "fórmula que cuando se aplica funciona", como a su juicio está demostrando Cataluña, la única comunidad que utiliza este instrumento de la ley de vivienda.
El primer balance oficial de la medida en esa comunidad indica que los alquileres bajaron un 5 % de media en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior, con una caída del 5,2 % en Barcelona, hasta ahora el epicentro de las subidas.
Cataluña aplica, desde la semana pasada, la limitación de los precios de alquiler en un área de su territorio en la que vive un 90 % de la población, con 271 municipios acogidos a la declaración de zona tensionada.
Esta declaración, que efectúan los gobiernos autonómicos a petición de los ayuntamientos, tiene una validez de tres años y supone bajadas en las rentas, en función de un índice de referencia, junto con bonificaciones fiscales de hasta el 90 % en el IRPF para los arrendatarios que los apliquen.
En una entrevista en Radiocable, Alegría ha señalado que al Gobierno le resultan incomprensibles las "excusas" que dan comunidades como Madrid para no aplicar una regulación que está funcionando.
En esa línea, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha apuntado además a la responsabilidad de ayuntamientos y comunidades para poner coto a los alquileres turísticos, mercado que está detrayendo oferta al de arrendamiento permanente por su mayor rentabilidad.
En una entrevista en TVE, la ministra se ha mostrado a favor de prohibir los alquileres turísticos; ha mostrado su comprensión con los manifestantes y ha defendido que el Ejecutivo está actuando con determinación y en la línea correcta.
También el presidente Pedro Sánchez ha asegurado que el Gobierno "escucha con atención" a las decenas de miles de personas que salieron ayer a la calle y que "comparte su demanda".
Para reforzar su mensaje, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, una ayuda de 250 euros al mes para jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a tres veces el Iprem, que vivan en un piso alquilado con una renta máxima de 600 euros mensuales (ampliable a 900 en algunos supuestos) o en habitaciones de 300 euros, ampliables a 450.
Esta ayuda, que sufraga el Ministerio de Vivienda, con 200 millones de euros, la gestionan las comunidades autónomas, en algunas de las cuales, como Madrid, los beneficiarios tuvieron dificultades para cobrarla en la primera edición.
Sin embargo, para Sumar, ese bono es sinónimo de "hacerle otro bizum de dinero público a los caseros, que se quedarán la ayuda pública y volverán a subir los precios", en palabras de su portavoz en el Congreso, que a través de su cuenta de X ha añadido que "hay que intervenir para limitar los precios".
Para esta agrupación, el bono de alquiler para jóvenes puede agravar el problema de vivienda, puesto que abre la posibilidad de que fondos públicos pasen a manos de los rentistas, que continúan subiendo los precios.
Desde Sumar coinciden con el PSOE en que es imprescindible que los gobiernos autonómicos declaren las zonas tensionadas para limitar los precios de los alquileres y en que hay que acabar con la proliferación de los pisos turísticos, pero defienden también otras medidas que su socio de coalición no acepta.
Entre ellas, destaca la de prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas que no sean para residir en ellas o para destinarlas a alquiler asequible.
"Hay que acabar con la especulación y prohibir la compra especulativa de vivienda en las zonas tensionadas", ha reclamado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, a su socio de gobierno.
Junto a esa iniciativa, Sumar aboga también por obligar a las CCAA a aplicar el control de precios o condicionar la financiación en esta materia; modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos e incluir los alquileres de temporada en la regulación de precios; y continuar con estrategias a largo plazo para aumentar y sostener la creación de vivienda pública.
Entretanto en el sector inmobiliario no creen que una "huelga de alquileres", como barajan las organizaciones de inquilinos que ayer salieron a la calle, sea la solución, como tampoco ven que esté en la limitación de precios.
Beatriz Toribio, secretaria general de la Asociación de Promotores constructores de España (Apce), ha cuestionado los datos de Cataluña y ha advertido de que, desde que se aplica el control de rentas, los contratos en la ciudad de Barcelona se han reducido un 20 %.
Toribio ha reclamado, en declaraciones en TVE, "medidas que favorezcan la oferta, no que la reduzcan" y, para ello, ha considerado "imprescindible sacar adelante la reforma de la Ley del Suelo" que el Ministerio de Vivienda tuvo que retirar por no contar con los apoyos suficientes en el Congreso para sacarla adelante.