Foto: CÉSAR ARXINA/EPVALÈNCIA (EP). El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha propuesto subvencionar la promoción inmobiliaria destinada a alquiler con hasta 47.250 euros por vivienda con el objetivo de que los precios de las rentas se limiten a 7,5 euros por metro cuadrado útil, según se desprende del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 que el Gobierno ha sacado a audiencia pública este viernes.
Según recoge el plan, el Ejecutivo tiene previsto poner en marcha un programa de fomento del parque privado de vivienda en alquiler asequible. Se podrán adherir a él las promociones de viviendas de nueva construcción o de viviendas procedentes de la rehabilitación de edificios que se vayan a ceder en uso o destinar a arrendamiento durante un plazo mínimo de 15 años.
Los promotores podrán obtener una subvención de hasta 450 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda. En todo caso, la cuantía máxima de la ayuda no podrá superar el 50% de la inversión ni ser superior a los 47.250 euros por vivienda. Además, esta subvención es compatible con cualquiera otra concedida por otras administraciones públicas.
A cambio, los promotores tendrán que fijar el precio del alquiler o de la cesión en uso a un máximo de 7,5 euros por metro cuadrado, por lo que por un piso de 80 metros cuadrados podrían pedir una renta máxima de 600 euros mensuales. A esta cifra se podrá sumar un 60% del precio por metro cuadrado fijado por cada metro cuadrado de superficie útil de plaza de garaje, trastero o de cualquier otra superficie anexa que no sean elementos comunes.
Ese precio quedará fijado durante un año. En los años siguientes se revalorizará conforme al IPC. Además, el arrendador podrá sumar a la renta fijada el coste real de los servicios que disfrute el inquilino y se satisfagan por el arrendador.
Por otro lado, el Plan también contempla un incremento del parque público de viviendas mediante compra de inmuebles. Las administraciones que utilicen los fondos del plan para comprar vivienda tendrán que destinarla a alquiler social durante al menos 50 años y el Ministerio sufragará mediante una subvención el 60% del precio de la vivienda, incluyendo impuestos, tasas, tributos, gastos de notaría y registro y cualquier otro coste asociado.
Estas viviendas serán más económicas y estarán limitadas a un precio máximo de 5 euros por metro cuadrado, por lo que un piso de 80 metros cuadrados tendrá un alquiler de 400 euros. Al igual que en el plan anterior, se le sumará el 60% de otros espacios y la renta final se revalorizará cada año con el IPC.
En tercer lugar, el Ministerio también ha propuesto un programa de "fomento de alojamientos temporales, de modelos de cohousing, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares".
Los promotores de este tipo de viviendas tendrán que destinarlas a alquiler durante 20 años. El Gobierno les podrá conceder una subvención por superficie útil tanto del alojamiento como de espacios comunes de hasta 420 euros por metro cuadrado. En total, la ayuda no podrá superar el 50% de la inversión, con un límite máximo de 50.400 euros por alojamiento.
Esta modalidad de vivienda es la que tiene un precio más elevado, ya que el Ministerio aceptará alquileres máximos de 10 euros por metro cuadrado de superficie útil. Al igual que las demás, se revalorizará con el IPC cada año.
En último lugar, el plan también contempla un programa de subvenciones para los arrendadores privados que decidan poner sus viviendas a disposición de las administraciones públicas.
En este caso, la cesión tendrá que ser por un mínimo de 7 años y el alquiler máximo será de 400 euros al mes. Este precio se ajustará anualmente de acuerdo al IPC. A cambio, los propietarios recibirán una ayuda equivalente a la mitad de la diferencia entre el alquiler social que determine la comunidad autónoma y el alquiler medio de la sección censar establecido por el Sistema Estatal de Índices de Precios del Alquiler.
Además, en caos de que se necesite obras de rehabilitación o adecuación, el Ministerio sufragará con hasta 4.000 euros dichas actuaciones, sin que el total pueda superar el 75% del total del presupuesto.
