Además, presentará sendos recursos ante el TC sobre las leyes de este tipo en Castilla y León y Comunitat Valenciana "en el momento en que esas proposiciones de ley se conviertan en leyes", dado que ahora están paralizados los trámites parlamentarios, según ha indicado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo celebrado este martes en La Moncloa. Torres ha explicado que toman la decisión cuando se cumplen tres meses de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la citada norma, periodo establecido para llegar a un acuerdo entre el Ejecutivo autonómico y el Central que finalmente no se ha producido.
El ministro ha expuesto que intentaron abrir un dialogo formal con Aragón para llegar a un acuerdo pero la administración regional rechazó sentarse a la mesa a negociar "algo inusual", según ha remarcado.
Señala además que el Gobierno toma esta decisión con el aval del Consejo de Estado y dice que el informe de este órgano concluye que se incumple el deber de colaboración con el Estado. Reprocha que esta norma retira placas de señalización de campos de concentración, así como de lugares de memoria y el mapa de fosas comunes, entre otras medidas.
Torres también recrimina al gobierno aragonés que con su negativa a negociar rechace el informe de los relatores de Naciones Unidas "el derecho internacional y la preservación de los derechos humanos", sostiene.
Además considera que estas normas que PP y Vox llaman "de concordia" que también se están desarrollando en otras comunidades gobernadas por estos partidos como Comunitat Valenciana y Castilla y León, "invisibilizan" a las víctimas del bando republicano, dificultan el trabajo de las organizaciones memorialistas que a su juicio trabajan por la verdad, para que nadie reescriba la historia blanqueado el franquismo.
Dice que por tanto, recurren a la Constitución --"la misma que algunos dicen defender, pero olvidan aplicar", ha lanzado-- y acudirán "donde sea preciso" para defender los derechos humanos y el derecho internacional.
Señala que estas leyes no están avanzando porque nos encontramos en periodo electoral hasta las europeas del 9 de junio, pero insiste en que si finalmente estas normas ven la luz tal y como están redactadas hasta el momento, las recurrirán al TC igual que hacen ahora.
Fundamentos del recurso
La impugnación se fundamenta, en primer lugar, en la vulneración de los principios del Derecho Internacional Público en materia de memoria, establecidos por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005.
Estos principios constituyen un principio general del derecho internacional de las víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos, conformado por el derecho a la verdad, a la localización de las personas desaparecidas o de sus restos mortales y el derecho de reparación.
Así, el Gobierno de España ha recordado los informes de relatores de la ONU instando al Estado a adoptar "todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los Derechos Humanos".
En segundo lugar, el recurso aduce también la invasión de competencias del Estado por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuya norma "imposibilita el cumplimiento de las previsiones de la ley estatal".