Foto: EDUARDO PARRA/EPVALÈNCIA (EFE). El Gobierno tiene menos de dos meses para volver a aprobar la reforma del subsidio por desempleo, un cambio ligado al cuarto desembolso de fondos de recuperación europeos por importe de 10.021 millones de euros, pago que podría ponerse en riesgo si finalmente se retrasa.
El plazo vence el 20 de marzo, fecha establecida por la Comisión Europea para evaluar los hitos asociados al cuarto desembolso, solicitado por España el pasado 20 de diciembre, días antes de que el Congreso derogase el decreto ley que incluía la reforma con el voto en contra de PP, Vox y Podemos.
Habitualmente se dan dos meses para estas evaluaciones, pero Bruselas lo ha ampliado a tres por las vacaciones navideñas y se entiende que se incluirá el subsidio de paro si llega a tiempo.
También se podría dar más tiempo a España y alargar ese plazo por encima de tres meses, porque en principio las reglas comunitarias lo permiten si hay acuerdo con el país en cuestión.
Otra opción es un pago parcial que descuente el incumplimiento del hito, aunque el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, ha dicho que aún es prematuro hablar de esta posibilidad.
El Ministerio de Trabajo había convocado el lunes 29 de enero a patronal y sindicatos para negociar la reforma, pero la reunión se ha aplazado una semana porque el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey -que habitualmente negocia con los agentes sociales-, acompaña a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a México.
La intención de Trabajo es abordar esta reforma de la mano de los agentes sociales partiendo del texto tumbado por el Congreso, para buscar después los apoyos parlamentarios necesarios.
El decreto ley del Gobierno extendía el subsidio a colectivos hasta ahora exentos como los menores de 45 años sin cargas familiares.
Además, elevaba su cuantía de 480 euros a 570 euros los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes, compatibles con el trabajo durante los primeros 180 días.
Sin embargo, la reforma recortaba la sobrecotización a la Seguridad Social del subsidio para los mayores de 52 años, introducida en 2019 con el objetivo de evitar que este colectivo viera especialmente dañada su futura pensión.
Desde 2019 esta prestación cotiza por el 125 % de la base mínima, que equivale al salario mínimo interprofesional (SMI) vigente cada año. La reforma ajustaba progresivamente esta sobrecotización hasta situarla en el 100 % del SMI en 2028.
Este punto fue el que provocó el voto en contra de los cinco diputados de Podemos y decantó la balanza a favor del no.
Fuentes del diálogo social reconocen la complejidad de reconducir la negociación y lograr salvar el escollo político que ha abierto esta reforma con Podemos, que ha incidido en que no negociará ningún tipo de recorte.
Desde Trabajo abogan por mantener un esquema que se logró consensuar en el seno del Gobierno tras muchos meses de negociaciones con el Ministerio de Economía.
En 2018, el SMI era 735,9 euros mensuales y había que hacer "ficción jurídica", en palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para paliar unas diferencias frente a la cotización de unos salarios medios que ya no existen.
Así, ejemplificaba Díaz, un trabajador en activo que perciba 20.000 euros al año está cotizando menos que un perceptor de subsidio de 52 años, una situación que debía corregirse para no desincentivar el empleo.
Frente a esto, Podemos insiste en que supone un recorte de las cotizaciones que se reflejará en una reducción de las pensiones que cobran estas personas
