VALÈNCIA (EP). La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Aitana Mas, y el conseller de Derechos Sociales de la Generalitat catalana, Carles Campuzano, han criticado este jueves la "infrafinanciación crónica" del Estado en materia de dependencia que, a su juicio, imposibilita la correcta atención a las personas.
Así lo han señalado en respectivos comunicados tras mantener una reunión en València en la que han puesto en común las políticas en materia de servicios sociales que llevan a cabo desde los dos gobiernos. Ambos responsables han coincidido en la "necesidad urgente" de mejorar la financiación de la ley de dependencia, al tiempo que han reclamado el traspaso de la gestión y los fondos del Ingreso Mínimo Vital del Estado (IMV).
Mas ha solicitado a la administración del Estado que cumpla con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia y aporte el 50% de los fondos a las comunidades autónomas, especialmente a la Valenciana, donde, según ha lamentado, "la parte del Estado sólo llega al 16%, por debajo de la media, que está entorno al 20%".
"Son muchos años ya padeciendo una infrafinanciación de la dependencia que hace que la ayuda por dignificar la vida de nuestra ciudadanía no sea tan buena como cabría, pese a todos los avances que hemos sacado adelante estos años", ha indicado. "El Estado lleva años sin aportar la cifra que le corresponde por ley, lo que nos obliga a unos sobreesfuerzos considerables siendo además una autonomía infrafinanciada", ha lamentado.
Por su parte, Campuzano ha señalado que ambas CCAA "sufren una situación que, si se perpetúa, es evidente que los recursos que serán necesarios en los próximos años para atender el envejecimiento de la población no se pueden sostener con el modelo actual".
Campuzano ha hecho este jueves una visita institucional para conocer de primera mano el modelo de concertación de servicios sociales de la Comunidad Valenciana, y ha estado acompañado del secretario general de Derechos Sociales, Oriol Amorós; el secretario de Asuntos Sociales y Familias, Lluís Torrens, y la secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud, Núria Valls.
En esta línea, la vicepresidenta ha destacado la necesidad de "recompensar" los avances de las CCAA que apuestan por mejorar la atención a las personas más vulnerables de la sociedad, como es el caso de la Comunitat Valenciana, que está realizando un "verdadero esfuerzo" por atender y trata con "dignidad" a las personas que están dentro del sistema de la dependencia y a las que lo solicitan.
Mas ha recalcado que mayor financaición "permitiría continuar incrementado las medidas que desde la Generalitat se han puesto en marcha financiadas con fondos autonómicos, como la prestación económica para el asistente personal, que supera ampliamente a la de otras comunidades, o la homologación académica de los cuidados no profesionales, que permite salidas laborales a muchas mujeres que durante mucho tiempo han estado cuidando a sus familiares dependientes".
Durante el encuentro, Aitana Mas y Carles Campuzano han manifestado la importancia de mejorar la colaboración entre las diferentes administraciones en la gestión de los recursos públicos destinados a atender las necesidades de las personas, especialmente de aquellas que son más vulnerables, como es el caso del IMV, que concede el Gobierno del Estado junto con las prestaciones que gestionan directamente las comunidades autónomas, que en el caso de la Comunitat Valenciana es la Renta Valenciana de Inclusión (RVI).
En este sentido, han reivindicado conjuntamente la necesidad de acelerar los procesos para lograr una "mayor armonización" de las herramientas informáticas que se utilizan para la tramitación de ambas prestaciones, al considera que es imprescindible para garantizar una gestión más ágil y eficaz, que permita reducir el tiempo de media de espera de resoluciones y ampliar el número de personas beneficiarias, facilitando así la vida de las personas.
La entrada en vigor del IMV de una forma tan repentina, ha explicado la vicepresidenta, causó "un gran impacto" en la gestión de la RVI e hizo necesaria la realización de una serie de actuaciones que "han tensionado el sistema de ayudas al aumentar, por ejemplo, el volumen de trabajo tanto para el personal de la dirección general como de los servicios sociales de atención primaria".
En el encuentro, desde la Conselleria se ha explicado a la representación catalana los detalles del actual modelo valenciano de acción concertada, que el gobierno de Catalunya quiere usar "de referencia" en el proyecto de ley catalán.
"Uno de los pilares del proyecto valenciano se ha basado en dignificar las condiciones de las trabajadoras y trabajadores del sector", ha destacado la vicepresidenta, desarrollando acuerdos sectoriales con la voluntad de dotar de estabilidad a la acción concertada y a las personas profesionales que la integran.
Para ello, se ha llevado a cabo una convocatoria plurianual que permite la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras de la acción concertada y una equiparación con las del sector público.
Para Campuzano, esta experiencia en lo que se refiere a la concertación "pone de manifiesto que este modelo aporta estabilidad y calidad en los servicios sociales".