CASTELLÓ. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado el acuerdo transaccional que aprobó el pleno de Borriana en febrero de 2019 -y que ratificó tres meses después- para resucitar el macroproyecto urbanístico Golf Sant Gregori. La resolución judicial fue firmada por el Alto Tribunal valenciano el pasado 19 de mayo y ha trascendido este miércoles a través de la web La Plana al dia, apenas cuatro días antes de las elecciones municipales.
El TSJCV estima el recurso contencioso administrativo que interpusieron varios propietarios de terrenos afectados por el PAI al entender que la restitución de la mercantil Urbanización Golf Sant Gregori como agente urbanizador en mayo de 2019 se efectuó sin dar la oportunidad a otras empresas de que optaran a ejecutar el PAI. Revoca así el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón, que en primera instancia avaló los dos acuerdos plenarios de 2019.
Los cuatro magistrados del TSJCV entienden que el Ayuntamiento debió abrir ese acuerdo transaccional a la concurrencia de más empresas, ya que modificaba sustancialmente el proyecto de urbanización que había sido aprobado en 2005, entonces en otras manos. En concreto, el nuevo documento variaba el plazo de ejecución del contrato, las garantías hipotecarias y el propio contenido del proyecto de urbanización, entre otros aspectos. Por tanto, según la sentencia, entregar la condición de agente urbanizador a la mercantil Urbanización Golf Sant Gregori sin permitir que participaran otros licitadores en el proceso "vulnera la normativa de contratos de las administraciones públicas".
El concejal de Urbanismo de Borriana, Bruno Arnandis, anuncia que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo, si bien ha pedido cautela antes de valorarla en profundidad, "ya que aún no hemos podido leerla". Por su parte, la empresa urbanizadora no puede recurrir y debe esperar a la decisión que adopte el Ejecutivo local, señalan fuentes de la misma.
De cara a evaluar la repercusión de la anulación, desde la firma señalan que todavía es pronto. "Las consecuencias legales para la empresa es lo que ahora están evaluando" sus abogados, aunque la compañía reconoce que la decisión "ha sido un revés y una mala noticia" y pone en un brete la continuidad de las obras de urbanización, para las que recientemente había recibido una prórroga de dos años.
De esta manera, tras los tres años que comenzaron a correr en enero de 2021, la compañía disponía de plazo hasta el 8 de julio de 2025 para culminar las obras de urbanización del PAI, que apenas se habían ejecutado en ese momento en un 6%, tras la aprobación del pleno del Ayuntamiento de principios de este año.
Sobre esto, el concejal de Urbanismo asegura que la ejecución del PAI del golf no corre peligro, ya que hay un amplio abanico de opciones de sacarlo adelante. "Hablamos muy hipotéticamente, porque aún no conocemos el contenido de la sentencia pero, en un momento dado, el Ayuntamiento podría incluso sacar adelante las obras del PAI por gestión directa", anuncia.
Con este varapalo judicial que afecta de lleno a la legitimidad como agente urbanizador de la actual promotora, la incertidumbre vuelve a planear sobre las obras del macroproyecto inmobiliario en curso más ambicioso de la provincia de Castellón y de toda la Comunitat Valenciana, con 2,5 millones de metros cuadrados de superficie. En ellos se contempla la edificación de 6.000 viviendas a orillas del mar, amplias zonas ajardinadas, grandes bulevares, complejos hoteleros y un campo de golf de 18 hoyos.
