Gracias Pedro

VALÈNCIA. El pasado viernes Pedro Sánchez nos hizo un gran favor a todos. Lo que hace poco más de una semana millones de españoles reivindicábamos en la plaza Colón de Madrid será una realidad: tendremos elecciones generales en abril. Una decisión que el presidente del Gobierno ha tenido que tomar “in extremis”, presionado por aquellos a los que les debe su presidencia, es decir, los independentistas.

Por ganas que tuviera Pedro Sánchez en ser presidente, aquello de “lo que mal empieza, mal termina” siempre se cumple, pese a quien le pese. Que la moción de censura es un mecanismo previsto en nuestra Constitución nadie lo duda, ahora bien, que acceder al gobierno de España a través de la misma y no tras el examen de las urnas le convierte en un presidente débil por falta de legitimidad democrática, tampoco. Sus 85 diputados, una mala gestión de la crisis catalana y esa fragilísima legitimidad han sido determinantes. Al final, Pedro Sánchez, se ha rendido, aunque decirlo le costara más de veinte minutos de circunloquio en la rueda de prensa del pasado viernes.

Sánchez ha dejado en evidencia la debilidad y agonía de un “gobiernecillo” socialista con más errores que aciertos, caracterizado por sus estrategias de marketing de poca profundidad y maniobras de “birlibirloque” que no han colado y que han causado un profundo daño a las instituciones e imagen de este país.

La educación ha sido una de las áreas más damnificadas por el gobierno de Sánchez. Como no. Muestra de ello es que el último Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de Educación que deroga la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y que muestra claramente el programa electoral socialista en materia de educación: lamina la enseñanza concertada, no blinda el castellano y margina la Religión. Como siempre, la estrategia de la izquierda en materia de educación está basada en impedir la libertad de los padres y madres a elegir libremente la educación de sus hijos.

Y eso, a pesar de la reiterada jurisprudencia que avala la demanda social como un criterio determinante en los conciertos educativos y la libertad de las familias como un derecho constitucional inatacable. La izquierda española no acaba de asumir que la escuela concertada presta un servicio público y constituye una red complementaria de la escuela pública. Así va el Botànic, a golpe de varapalos judiciales, sentencia tras sentencia.

Solo en la ciudad de Valencia más del 55% de los padres eligieron un colegio concertado en el curso pasado, una cifra digna de análisis y consideración. Son muchas las familias que toleran que se arrincone el castellano en el ámbito educativo y muchos los que creemos que dignificar la escuela pública pasa por hacerla mejor, no por imponerla. Las administraciones públicas no tienen más derechos que nadie para imponer a las familias la decisión respecto a la educación de los hijos. ¿Acaso es Pedro Sánchez alguien para hacerlo? ¿Ir contra la voluntad mayoritaria de los padres es ser un gobernante responsable? Está claro que no.

Los españoles hemos hablado alto y claro. No queremos un gobierno con deudas a los separatistas, no queremos que nos impongan, no queremos que coarten nuestra libertad, no queremos sentirnos vendidos. Queremos un gobierno que proteja la unidad de nuestro país, nuestras señas de identidad, que garantice el crecimiento económico y el empleo, queremos sentirnos orgullosos de nuestro país. Y lo conseguiremos. Por todo ello, gracias Pedro. Gracias por rendirte.