El gestor del parque logístico debe las nóminas de mayo y no paga a los proveedores desde enero. La SEPI, socia al 50% a través de Sepides, admite el "estrangulamiento financiero" da la sociedad y se niega a seguir "enterrando fondos públicos" en ella
VALENCIA. Guerra abierta entre los socios de Parc Sagunt. Las críticas de la Generalitat al paso atrás de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para financiar el final de las obras del parque industrial encontraron este miércoles una contundente respuesta de la sociedad estatal, que desmintió haberse comprometido con la Generalitat a prestar 9,3 millones a Parc Sagunt porque se niega a "seguir enterrando fondos públicos" tras haber inyectado ya 14,5 millones en él sin que exista "una mínima expectativa" de recuperarlos.
El conflicto entre los socios llevaba latente durante meses, pero la chispa que hizo estallar el conflicto entre la administración central y la autonómica en plena campaña electoral saltó este martes en la reunión del consejo extraordinaria de Parc Sagunt, donde el Ivace, dependiente de la Conselleria de Economía, y la SEPI, a través de Sepides, son socios al 50%.
En esa reunión, los representantes de la Generalitat, que ocupan la presidencia del consejo, hicieron valer su voto de calidad para imponer una solución alternativa al bloqueo efectivo planteado por los representantes de Sepides, un hecho que causó malestar en la sociedad estatal. Sepides reconoció sin ambages que la situación de la firma pública que promueve y comercializa el parque es de "estrangulamiento financiero", porque a su juicio "ha demostrado su incapacidad para hacer del parque una realidad empresarial e industrial".
El resultado de ese consejo y los ataques del Consell al Gobierno en funciones por "firmar la defunción" del proyecto ha dado paso a un cruce de reproches y medias verdades sobre quiénes son los culpables del fracaso de un parque que, con sus tres millones de metros cuadrados de superficie bruta, pretendía ser el mayor espacio industrial del sur de Europa. En él se invirtieron en su momento 70 millones de euros.
La SEPI salió al paso de las críticas con dos comunicados. Uno de la propia SEPI para desmentir "rotunda y categóricamente" haber adquirido ningún compromiso para financiar el final de las obras, tal y como asegura la Conselleria de Economía, y para aclarar que desde que tomó posesión hace un año el departamento que dirige Rafael Climent ni siquiera ha contactado con la sociedad estatal.
El segundo comunicado, de su filial Sepides, abunda en el apartado de los reproches y las culpas. En él se dice que Sepides "ya ha realizado inyecciones financieras vía préstamos por un importe total de 14,5 Millones de euros -2,2 millones por encima de las instituciones valencianas- sin que se tenga una mínima expectativa de la posibilidad de retorno de dicha financiación".
A juicio de esta sociedad, el recurso a la financiación mediante préstamos de los socios "se ha revelado como una alternativa incapaz de resolver los problemas del parque empresarial". Por ello, ante el "estrangulamiento financiero" que atraviesa, propone acudir a mecanismos financieros alternativos "que no supongan coste y que no computen a efectos de endeudamiento".
Sepides asegura que en el consejo del martes planteó algunas soluciones. Una de ellas consistiría en realizar una ampliación de capital -sin precisar por qué importe- suscrita en solitario por Sepides, lo que dejaría en minoría a la Generalitat. Fuentes de la Conselleria de Economía presentes en el consejo aseguraron a este periódico que esa propuesta no se formalizó y, en cualquier caso, criticaron que Sepides no quiera "enterrar" fondos públicos mediante créditos a Parc Sagunt pero sí esté dispuesta a aportar capital en una ampliación para tomar el control.
La segunda alternativa que Sepides asegura que planteó en el consejo fue la compra de la parcela Z2, la más grande del parque que en su momento fue adjudicada al grupo industrial Ros Casares y que ahora la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) aspira a quedarse mediante una permuta.
El cambio de la parcela Z2 por una que ya posee la APV, la Z1, es la alternativa que la Generalitat ha encontrado para salvar la sociedad, que lleva sin pagar las nóminas desde mayo y a los proveedores desde enero. La sociedad estatal aseguró este martes que esa permuta "podría provocar un quebranto patrimonial a la compañía".
Según explican fuentes de la Conselleria de Economía, los representantes de Sepides se descolgaron con su propuesta de quedarse la parcela Z2 en el último momento, a lo que se les respondió que planteasen una propuesta por escrito en el consejo.
En cualquier caso, la presidenta del consejo, la secretaria autonómica de Economía, María José Mira, hizo valer el voto de calidad de la Generalitat para dar luz verde al cambio de la parcela que plantea la APV, que se compromete a desembolsar de forma inmediata 10 millones de euros que permitirían salir del bloqueo actual.
En concreto, el consejo aprobó aceptar la operación planteada por la APV pero con la condición de que la permita se realice a igualdad de metros, ya que la parcela a la que aspira tiene 387.299 metros cuadrados frente a los 279.380 metros cuadrados de la suya. La superficie de diferencia se debería abonar al precio por metro cuadrado al que esa parcela ha sido puesta a la venta en los nuevos pliegos. Con ello se salvaría el quebranto patrimonial al que alude Sepides.
Tanto la APV como el IVF se han puesto a disposición de Parc Sagunt para mantenerlo a flote, según destacaron fuentes de la Conselleria de Economía, que este miércoles se reunió con los empleados para trasladarles "su compromiso y su confianza" en el proyecto. El compromiso por parte del IVF es para aporta liquidez a la sociedad mientras se consolida la operación de permuta con la APV, cuyo consejo tiene que revisar la contrapropuesta para el cambio a igualdad de metros.
El Consell, a través de la secretaria autonómica de Economía y presidenta del consejo de Parc Sagunt, María José Mira, criticó la "absoluta falta de sensibilidad con los valencianos" por parte del Gobierno y su "nula apuesta por un plan que podría generar miles de empleos y nuevas oportunidades".
Las críticas hacia la actitud de la SEPI no se circunscribieron al ámbito político. También representantes empresariales de la Comunitat irrumpieron en la polémica para criticar, una vez más, la falta de inversiones del Gobierno en la Comunitat.
El presidente de la patronal de Valencia CEV, Salvador Navarro, lanzó varios mensajes en su cuenta de twitter para criticar el paso atrás de la sociedad estatal en Parc Sagunt. "Pues lo están enterrando en otros sitios", dijo en referencia a la justificación de la sociedad estatal para no aportar más recursos vía créditos.
El hecho de que la negativa coincidiera en el tiempo con el anuncio de la ministra de Infraestructuras en funciones, Ana Pastor, de realizar importantes inversiones para accesos de ferrocarril en el Puerto de Barcelona con el objetivo de que sea el mejor conectado del Mediterráneo acrecentó la indignación empresarial.
