Guerra judicial sin cuartel entre los socios de Gedesco

VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha admitido a trámite una querella del fondo norteamericano JZ International (JZI), accionista mayoritario de la matriz del grupo valenciano de préstamos para empresas Gedesco (Gedesco Finance SL) contra cinco consejeros a los que acusa de haberse apropiado de la sociedad y haber desviado 100 millones de euros para su beneficio. Las acciones judiciales se enmarcan en un nuevo capítulo de la guerra cruzada y sin cuartel en los tribunales como consecuencia de un duro enfrentamiento entre ambas partes por la gestión de la sociedad. La situación se arrastra desde hace meses y ahora se concentra todo en un juzgado valenciano. 

La batalla en los tribunales comenzó en marzo de 2022. JZI, con una participación en la matriz de Gedesco del 67,53%, interpuso una querella en Nueva York contra dos de sus exdirectivos, Miguel Rueda y Ole Groth (miembros del consejo de administración de Gedesco) por fraude en una de las operativas que llevaron a cabo. La dirección de la empresa, controlada por Aynat, respondió con ocho querellas por distintos motivos –y delitos como administración desleal y estafa– durante las siguientes semanas contra los fundadores de JZI, David Zalaznick y Jay Jordan. 

Algunas se encuentran en fase de tramitación y otras se desestimaron. Una de las judicializadas fue recientemente archivada por parte del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia después de que los administradores de Gedesco retiraran la acusación, según ellos, tras una negociación con los denunciados (negociación que otras fuentes niegan). La magistrada concluyó que no aparecía justificada la perpetración de delito. 

Ahora, JZI ha decidido seguir adelante con el asunto en los tribunales. Esta vez contra cinco consejeros de Gedesco. El fondo norteamericano interpuso el pasado 12 de abril una querella que, según ha podido saber este periódico, ha sido admitida a trámite por el juzgado de Instrucción número 18.

El juez estudia la petición de la intervención judicial de la empresa como cautelar

El juez ha incoado diligencias de investigación y ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la solicitud por parte de JZI de que se acuerde la administración judicial de Gedesco como medida cautelar. 

La querella se dirige contra cinco directivos de Gedesco: los fundadores, Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, que tienen el 32,47% restante de las acciones, y otros tres miembros del consejo (Ole Groth, Miguel Rueda y José Luis Villafranca). También incluyen a las sociedades patrimoniales de cada uno de ellos: Venalta Capital (de Aynat y la cual aparece en el Registro Mercantil como propietaria del 100% de Gedesco Services desde el 28 de octubre del 2022), Anthophila Capital (de García Escrivá) y Magina Inversiones (repartida al 50% entre Rueda y Groth).

Los delitos que les atribuyen son administración desleal, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, uso de secretos de empresa, estafa, falsedad contable, impedimento del ejercicio de los derechos societarios e imposición de acuerdos lesivos. El motivo al que aluden es que se pueden haber desviado alrededor de 100 millones de euros del grupo Gedesco hacia otras empresas para beneficio personal de cuatro de los consejeros, con el consiguiente perjuicio para JZI. 

La historia de este desencuentro arranca con un acuerdo en 2007, cuando Zalaznick y Jordan adquirieron el 67,53% del capital social de Gedesco Finance, cabecera del grupo. Aynat y Escrivá mantuvieron la propiedad del restante 32,47%. La finalidad, supuestamente, era encontrar una vía para financiar las inversiones y proyectos en España.

El conflicto llegó posteriormente. De acuerdo con los querellantes, en 2016 los directivos de Gedesco montaron un fondo con el que invertir por su cuenta a través de una operativa de negocio en la que no contaron con el socio mayoritario (JZI). Se trataba de Stator Managment, un fondo de inversión al frente del cual se situaba el exconseller de Economía Máximo Buch y que está dedicado a impulsar a empresas de cualquier sector en su fase de crecimiento (firmas consolidadas, no startups).

De él cuelga una compleja estructura de 12 filiales que, según el fondo norteamericano, recibían el dinero de Gedesco para las inversiones. Según los querellantes, aunque Buch aparecía a la cabeza junto con su socio Ernesto Bernia a través de un acuerdo de cesión de compra, realmente lo controlaban Rueda, Aynat, Escrivá y Groth. De manera que acusan a los consejeros de Gedesco de haber usado de forma delictiva los recursos de la financiera (personal, instalaciones, abogados, consultoras de negocio, etc.) para su propio enriquecimiento con la entrada en, al menos, 19 empresas. 

Fue a finales de 2021 cuando, fuentes conocedoras del caso, indican que JZI comenzó a sospechar de lo que sucedía por inversiones que no cuadraban y una falta de comunicación con sus socios. Ahí, explican, detectaron que los cinco consejeros contra los que se han querellado se habían apropiado de toda la estructura de Gedesco en la práctica sin que JZI pudiera participar en las decisiones debido a la dimisión de representantes en el Consejo de Administración. El fondo indica que ha reclamado la celebración de una Junta General de Accionistas para cesarlos, apelando a su mayoría accionarial, pero que ésta ha sido suspendida hasta en siete ocasiones. 

Todos estos hechos figuran en la querella que ahora tendrá que investigar el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. Y la cual se suma a otros tres procedimientos acumulados por querellas de Antonio Aynat contra Máximo Buch con motivo de una operación de adquisición, por parte de Gedesco, de Stator. 

Gedesco reactiva las acciones legales

A su vez, la dirección de Gedesco, que había retirado la querella contra JZI –que recayó en Instrucción 21 y fue archivada–, ha anunciado estos días que reactiva las acciones legales contra Zalaznick y Jordan. En este sentido, sostiene que intentaron iniciar una negociación que pudiera terminar con el escenario de batalla legal que les enfrenta a los multimillonarios estadounidenses y garantizase la estabilidad en Gedesco. Motivo por el que pidió el sobreseimiento de la causa que se encontraba en València. 

Sin embargo, destaca que se ha encontrado como respuesta con un presunto intento de extorsión por parte de Zalaznick y Jordan, que habrían exigido el pago de cinco millones de euros y la paralización de las querellas y demandas interpuestas, además de –aseguran– haber recibido supuestas coacciones y amenazas por parte de ellos. Adicionalmente, dicen que han descubierto un acuerdo transaccional entre Zalaznick y los exadministradores de Stator.

Por todo ello, han iniciado un nuevo procedimiento por presunta corrupción y fraude. Está por ver si éste se acumula igualmente en València en lo que derivaría en una compleja causa judicial.