Así lo ha indicado en su intervención en la entrega del XXVII Premio de Estudios Jurídicos de la Fundación Broseta, que ha presidido en València. El presidente interino del CGPJ ha reiterado su idea de "buscar nuevas fórmulas o nuevas posibilidades" para que, "atendiendo al interés del poder judicial y no al interés partidista de la política, podamos ya dar una solución final, global y acertada" a la renovación y vuelve a apuntar a la propuesta del sorteo entre los 39 vocales que ya puso sobre la mesa recientemente.
Guilarte ha indicado que no tiene el "más mínimo rechazo" contra los negociadores, que sostiene que "cada uno atiende a los intereses que defiende como cree", pero ha añadido que detrás de ello "hay dos aspiraciones" que no se pueden "aceptar": "una primera es captar su cuota de poder en el CGPJ" y una segunda que piensen que "en función de la discrecionalidad con la que se producen los nombramientos, van a conseguir que esos vocales, en el ejercicio de esas competencias, designen personas que serán afines también, una creencia muy equivocada seguramente".
Para Guilarte, "esa es una realidad que se ha ido evidenciando en esas negociaciones" y una razón por la que "tampoco hemos tenido mucha noticia de lo que se iba haciendo". En todo caso, ha insistido en que "ya ha pasado el tiempo de que busquen solucionar todo esto con su interés partidista" y se trata de encontrar una fórmula para "evitar la discrecionalidad", con lo que mantiene que "también se produciría una rebaja en el intento de influir en la designación de vocales".
En esta línea, ha señalado que los miembros del CGPJ son "odiados por llevar aquí diez años" pero ha recalcado: "No tenemos la culpa". A su juicio, es "una especie de violencia vicaria la que nos están produciendo la política" si bien "de menor nivel".
Guilarte ha rechazado por "disparatada y absolutamente aterradora" la propuesta de Unidas Podemos de que el grupo parlamentario nombre por mayoría simple del Congreso a 16 vocales porque "eso sería irradiar directamente la política sobre el Consejo", que "pasaría a ser una mera jefatura de servicio, un jefe de servicio administrativo incardinado en el Gobierno".
Otra posibilidad que ha apuntado es que como "dos no riñen si uno no quiere", dar el número de vocales que quiere una formación. No obstante, opina que "eso no arreglaría nada; no están los tiempos para concesiones políticas, lo entiendo, y eso es irrealizable", ha indicado, y ha insistido, aunque se le califique de "estrambótico", que hay buscar "otra fórmula", que es la del sorteo entre la lista de 39 vocales, designados a través de los procedimientos que había, todos ellos válidos.
"Sorteen entre esos 39, pongan los vocales judiciales necesarios y ya nos hemos quitado el lío del actual Consejo, ya hemos renovado y ahora, con un poco más de calma, con un poco más de sosiego, pero sin esa presión de que no está renovado y de que no se puede nombrar en un plazo razonable, pongan seis meses, rehagan la Ley Orgánica del Poder Judicial y discutan ya cuál es el modelo a seguir, pero al menos con un consejo renovado que pueda empezar a nombrar", ha resaltado.
Eso sí, ha añadido, "los nombramientos ya deben hacerlos conforme a los criterios de mérito y capacidad a través del sistema que ustedes quieran". "Es una solución coyuntural para salir del impasse en el que nos encontramos, y yo la propongo porque ya no sé qué proponer", ha subrayado, y ha añadido que es el momento "de que se respeten los principios que determina la plena autonomía del poder judicial" porque "en el camino emprendido, la injerencia política sigue siendo cada vez más intensa y por ese camino no vamos bien".
Premiada
El Premio de Estudios Jurídicos Universitarios 'Manuel Broseta Pont' fue establecido para reconocer a aquellos licenciados o graduados en Derecho por las Universidades Valencianas que hayan destacado en cada promoción por su brillante expediente y su formación jurídica.
Los candidatos deben presentar una monografía original de temática jurídica para optar al galardón, dotado con 3.000 euros, y que en este caso ha recaído en Andrea Villa, graduada en Derecho por la Universitat de València y con 17 matrículas de Honor.