VALÈNCIA. Lo acontecido recientemente con el Banco Popular ha vuelto a poner de manifiesto una situación particular en España y que afecta tanto a ahorradores como a inversores, de poco o elevado patrimonio y que, por encima de todo, va en perjuicio de la confianza de los clientes en el sistema financiero español. Una vez más leemos comentarios contradictorios de los responsables de la entidad desaparecida sobre el verdadero estado del que fue el sexto banco del país. Lejos de mejorar, lo sucedido agrava la imagen del sistema financiero español de precaria independencia y profesionalidad.
Obviando la generalidad de la situación y posicionándonos en el lado del ahorrador, hemos visto bastantes casos de clientes donde su patrimonio estaba vinculado en una gran proporción a activos del entorno de la propia entidad financiera, acciones, fondos de inversión y bonos, entre otros; sin ningún criterio de diversificación de riesgos, lo que nos lleva a pensar los posibles intereses comerciales que existían detrás de estas posiciones. Esta situación nos lleva a valorar el elevado grado de bancarización que existe en España, que produce gran confusión al cliente sobre dónde debe mantener sus ahorros, quien los debe de gestionar, qué productos debe incluir en su cartera financiera, dónde deben depositarse y lo más importante, quién le debe asesorar.
En este punto nos gustaría hacer una reflexión, ¿cuál debería ser el papel de una entidad bancaria sobre el patrimonio financiero de un cliente? Según un estudio realizado por Abante, en España más del 90% del asesoramiento financiero suele desarrollarse dentro de las entidades de crédito, una cifra bastante elevada si la comparamos con el Reino Unido o Suiza, donde la importancia del asesor financiero independiente supera el 70% y el 50%, respectivamente, y donde los mercados de capitales están mucho más desarrollados que el nuestro.
Actualmente, las entidades bancarias en España son creadoras y comercializadoras de productos, lo que además de suponer un grave conflicto de intereses, puede suponer una merma potencial de la calidad del patrimonio financiero del cliente, además de poner en peligro todo su patrimonio, al compartir, en muchos casos, su patrimonio financiero con el endeudamiento. Por otro lado, debido a la gran complejidad que ha adquirido la industria financiera en los últimos años, existe un gran desconocimiento sobre las características técnicas, costes y normativa asociados a la gran diversidad de productos financieros, provocando una situación contraria en muchos casos a las necesidades y objetivos financieros de los clientes.
En este sentido, esperamos que la aplicación de MiFID II nos ayude a profesionalizar el sector y que definitivamente marque la diferencia entre el significado del asesoramiento financiero del concepto venta/comercialización de productos financieros. El siguiente paso será la separación entre las entidades que presten asesoramiento financiero y los bancos, vistos estos últimos como meros depositarios de dinero y emisores de crédito, la función para la que originariamente se crearon. Supongo que esta crisis no ha sido lo suficientemente virulenta para dar un paso tan valiente.
Como asesores financieros independientes consideramos primordial que, más allá de los grandes retos que pueda tener el sistema financiero en España, debemos contribuir a que vuelva la confianza al inversor. Esto se producirá en tanto en cuanto ejerzamos nuestro trabajo con la honorabilidad como estandarte. Esta profesión es vital en España, puesto que va a permitir al cliente poder gestionar mejor y con mayor eficiencia su patrimonio financiero.
Javier Domingo es analista de AZNAR Patrimonio, registrada en la CNMV como Raúl Aznar González EAFI