VALENCIA. Los valencianos no tenemos derecho a promulgar nuestras propias leyes en materia de derecho civil foral, competencia de la que sí gozan las otras tres comunidades que formaban la antigua Corona de Aragón -Cataluña, Aragón y Baleares-, así como el País Vasco, Navarra y Galicia.
Así lo ha sentenciado el Tribunal Constitucional (TC) en el primero de los fallos sobre tres leyes civiles aprobadas por Les Corts que habían sido recurridas por el Gobierno central.
Aunque fuentes oficiales del TC sólo confirmaron este viernes que el pleno del tribunal se había pronunciado sobre la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano -la sentencia se hará pública la próxima semana-, fuentes conocedoras de la votación aseguraron a Valencia Plaza que el fallo había sido contrario a los intereses valencianos por 11 votos a uno. Este voto particular podría ser el del magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, según estas fuentes.
Más allá de las repercusiones que este fallo concreto pueda tener para los 250.000 valencianos y valencianas casados bajo el régimen económico de separación de bienes desde el 1 de julio de 2008, que dependerá de si la anulación de la ley tiene efectos retroactivos o no, la sentencia supone una derrota en toda regla para las aspiraciones de los valencianos que querían mantener el mismo autogobierno que las seis comunidades citadas.
Una aspiración que no era compartida por todos, como se evidenció en el debate de Les Corts en el que se aprobó una moción para solicitar la retirada de los recursos estatales contra ésta y otras dos leyes valencianas (Custodia Compartida y Uniones de Hecho). PP, PSPV y Compromís votaron a favor -el PSPV con reservas, pues es contrario a la normativa autonómica sobre custodia compartida-, Podemos se abstuvo y Ciudadanos votó en contra.
No por esperado el fallo del TC fue menos doloroso para los miembros de la Associació de Juristes Valencians (AJV) que en los últimos meses había tratado de movilizar a los partidos valencianos, al Consell, a los ayuntamientos y a la sociedad civil con el fin de presionar al Gobierno de Mariano Rajoy para que retirase los recursos. Ante los rumores sobre una probable sentencia, la forma de evitarla era la retirada de los recursos, cosa que los gobiernos centrales del PP y del PSOE han acordado más de una vez tras una negociación política con los gobiernos regionales. Una causa de la que Valencia Plaza se ha hecho eco de manera destacada.
Representantes de la AJV no ocultaban este viernes su decepción por "la falta de unidad de los valencianos, una vez más" y el, a su juicio, escaso respaldo que han recibido de la mayoría de los medios de comunicación. "Esto en Cataluña habría sido casus belli", señalaron.
La AJV logró el respaldo de más de 50 ayuntamientos, de Les Corts y del Gobierno valenciano. Siguiendo el mandato de Les Corts, el president Ximo Puig envió una carta a Mariano Rajoy el pasado 21 de abril, en la que le reiteraba su petición de que la Abogacía del Estado retirase los recursos y mostraba la disposición del Consell a "mantener las reuniones que resulten necesarias con el fin de solventar desde el diálogo y con voluntad de acuerdo todas aquellas cuestiones que puedan ser jurídicamente controvertidas en este ámbito". LEER CARTA
Arranque de la carta de Ximo Puig a Mariano Rajoy. VPAnte el revés del Constitucional, la AJV anunció que no cejará en su empeño y promoverá que la posible reforma de la Constitución de la que se viene hablando hace meses incluya la recuperación de estos derechos para la Comunitat Valenciana.
La sentencia -los otros dos fallos son inminentes y se espera que vayan en el mismo sentido- acepta la tesis de la Abogacía del Estado según la cual los valencianos no tienen derecho a legislar en materia civil, a pesar de que está reconocido en el Estatut de Autonomía desde 2006, aprobado en Ley Orgánica por la Cortes Generales y que no fue recurrido.
La noticia del fallo contrario, adelantada por El Mundo, apenas provocó reacciones entre los políticos valencianos. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, manifestó en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo que no tenían notificación de la sentencia. El TC lo comunicará a las partes la semana próxima.
Según dijo, a preguntas de los periodistas, "es difícil pronunciarse sin tener la sentencia delante, de momento es una noticia. ¿Cómo reaccionará un gobierno? Acatando la sentencia".
"La postura política está clara -añadió- instamos al Gobierno central a que retirara los recursos, hicimos una declaración institucional en ese sentido y un acuerdo, igual que Les Corts. Nos gustaría que se retirasen los recursos, al menos los que quedan. Pero ante una sentencia del Tribunal Constitucional lo que hay que hacer es acatarla y después gestionar las consecuencias".
"Si la sentencia dice que no tenemos capacidad legislativa, no podemos hacer leyes al respecto. Dependerá del motivo por el que el Constitucional la entienda contraria a derecho", explicó.
Según Oltra, "estaremos otra vez en Almansa. Cuando otras comunidades legislan perfectamente el derecho civil y nosotros lo incorporamos al Estatut en 2006". "No sé por qué Cataluña puede legislar esto y nosotros no", concluyó.
