Gabriela Bravo y Vicent Soler. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. La Generalitat Valenciana se prepara estos días para abonar el pago de indemnizaciones al personal funcionario interino que se vio afectado por la reducción de jornada impuesta por el gobierno Popular de Alberto Fabra. Una compensación a la que debe hacer frente el Gobierno valenciano actual y que Sindicatura de Comptes estimó en su día que supondría un gasto total de 16 millones de euros para las arcas públicas.
Así, para saldar estos abonos, la Conselleria de Hacienda ha autorizado una transferencia de crédito a varias consellerias del Botànic por importe total de 2,3 millones de euros. El acuerdo, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) este jueves reconoce que como consencuencia de las "sentencias firmes dictadas" y de las resoluciones de la consellera de Justicia "por las que se reconoce a los funcionarios interinos el derecho al abono de la diferencia entre el 100 % de la retribución que habrían de haber percibido y la abonada en aplicación de la reducción de jornada" que se estableció con el denominado decreto Vela "se hace necesario suplementar créditos en algunos programas presupuestarios de algunas consellerias por un importe total de 2.378.200 euros".
Junto a esto, Hacienda también aumenta el capítulo 1 -destinado al pago de nóminas- de Labora en 833.130 euros y 700.000 euros en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, "como consecuencia del pago de los atrasos de carrera profesional del personal interino adscrito a este organismo".
Cabe recordar que el conocido como decreto Vela -en referencia al exconseller de Hacienda, José Manuel Vela- aprobado en 2012 por el Consell de Fabra y pensado para reducir de forma drástica el déficit público afectó en torno a un millar y medio de trabajadores interinos de la administración valenciana -según los últimos datos ofrecidos por la Conselleria de Justicia y Función Pública-, que fueron obligados a reducir en 25 horas semanales su jornada laboral. Con ello, sus salarios se vieron mermados de manera considerable.
Dos años después, en 2014, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) declaró nula esta resolución por considerarla "discriminatoria". Un fallo motivado por el recurso interpuesto por medio centenar de los afectados, que se movilizaron para recuperar las retribuciones perdidas por la reducción de jornada. La sentencia, basada en la Directiva Europea 1999/70, supuso un cambio de criterio que hasta el momento habían sostenido los juzgados, pues estos habían dictado hasta el momento sentencias desfavorables a las personas recurrentes.
A partir de esta, más de la mitad de los afectados instaron a la Conselleria de Función Pública a revisar "de oficio" sus casos y solicitaron la declaración de nulidad de pleno derecho del decreto de 2012. Sin embargo, muchas fueron desestimadas por la administración, posición que respaldó el Consell Jurídic Consultiu (CJC), y apenas 241 personas decidieron continuar con el proceso a través de los juzgados por vía contencioso-administrativa.
En marzo del año pasado los tribunales fallaron a favor a favor de un centenar de estos denunciantes, lo que sumados a los 50 casos iniciales situaban la cifra en 152 las sentencias favorables. Una situación que finalmente derivó en que el número se incrementase dado que la cascada de sentencias favorables para los empleados públicos que se vieron afectados por el decreto del PP ocasionó un "efecto llamada" para todos aquellos que en su día no recurrieron a la vía judicial.
Con todo, la Generalitat presidida por Ximo Puig debe afrontar el pago de los salarios que en su día dejó de percibir este colectivo, pero también de los intereses de demora de las cantidades que deban abonarse y el pago de costas. Ahora bien, cada caso es particular y las cantidades a satisfacer por parte del Gobierno valenciano dependen de la antigüedad de cada funcionario interino y del puesto desempeñado.
